Pasados dos meses desde el 22 de marzo, es hora de hacer un balance provisional sobre la situaci�n y expectativas de las dos mesas, la mesa de negociaci�n pol�tica y la mesa ETA-Estados, sobre cuya formaci�n parec�a haber un consenso entre los tres v�rtices del tri�ngulo, la izquierda abertzale, el socialismo al poder en el Estado espa�ol, y el nacionalismo vasco institucional.

El hilo conductor desde el cual examinarlas es de momento el proyecto del equipo Zapatero. Dos constataciones se imponen antes de exponer sus potencialidades y limitaciones: el proyecto no es compartido, significativamente, por grandes sectores de su base social ni por los medios de su entorno, como �El Pa�s�; en lo que respecta a los vascos, el que haya que referirse a �l muestra que la pelota no se encuentra en nuestro tejado, lo que debiera ser una primera se�al de alarma. Se ha dicho que la ideolog�a de este equipo es la republicanista. Sin meterme en disquisiciones acad�micas, el republicanismo tiene una concepci�n de la libertad que va m�s all� de la puramente negativa del liberalismo: libertad como autogobierno, como ausencia de tiran�a y dominaci�n, entendida �sta como interferencia arbitraria sobre las elecciones de los otros. Ello interrumpe la construcci�n de la naci�n espa�ola basada en la oposici�n al enemigo interior, concretamente el nacionalismo vasco �violento� y �no violento�, figura incansablemente propagada por responsables pol�ticos y medios, cuya hostilidad a la misma ha sido el cemento de la solidaridad nacional espa�ola desde la transici�n. Esta concepci�n, que la era Aznar llev� a sus �ltimas consecuencias, pero que empez� a funcionar en los a�os 80, en tiempos del socialismo de Felipe Gonz�lez, convert�a a la lucha armada vasca en un elemento funcional para el nacionalismo de Estado.

El republicanismo del equipo gobernante ha cambiado radicalmente esta l�gica. Ahora, la continuaci�n de ETA es todo a perder; ello explica que el Gobierno Zapatero haya hecho de este tema el eje de su gesti�n, y que est� dispuesto a apostar fuerte para resolverlo. Lo que se traduce, como en todos los procesos reales de paz del mundo, en reparaci�n de las v�ctimas (las de todas las partes, no las de una sola), relegalizaciones de organismos y partidos, una pol�tica policial bajo el imperio de los derechos humanos con erradicaci�n de la tortura, y medidas penitenciarias en la perspectiva de la excarcelaci�n de los presos. Pero la derechona mantiene los esquemas anteriores, parapetada en sus bastiones judicial, policial, militar, eclesi�stico y patronal; y por otra parte, la inercia de un cuarto de siglo de construcci�n de la imagen del enemigo interior sigue lastrando a la base y a grandes sectores del partido socialista, receptivos a un discurso que insiste en el �mantenimiento del Estado de derecho� y en �no pagar un precio pol�tico por la paz�.

Adem�s, el objetivo del Gobierno Zapatero es obviamente, como el de todos los partidos, conquistar y mantenerse en el poder. Piensa, y con raz�n, que para implementar la primera mesa el tiempo trabaja a su favor, pues la ausencia de atentados de ETA convierte cada vez m�s en fantasmag�ricos los argumentos de la derechona; pero el alcance y ritmo de la mesa vienen marcados por la porosidad que muestre hacia esos argumentos su propio electorado, y por el riesgo de que cambios bruscos le hagan perder apoyo. Ello genera un primer elemento de distorsi�n: pues el ritmo de esta mesa no queda sujeto a la l�gica y las necesidades del proceso vasco, sino a un factor externo cual es la velocidad del cambio de la cultura pol�tica espa�ola. Lo que nos lleva a una primera conclusi�n: a fin de contrarrestar la presi�n hostil ejercida contra un objetivo com�n, los vascos debemos utilizar nuestros propios elementos de presi�n: v�ase, una movilizaci�n masiva, mantenida y estrictamente democr�tica.

Los objetivos del equipo Zapatero cambian sin embargo respecto a la segunda mesa, la mesa pol�tica. Desde una perspectiva vasca, no nos encon- tramos aqu� con unos objetivos compartidos sobre cuyo ritmo y alcance se discrepa, sino con proyectos distintos. Lo explicar� volviendo al republicanismo. Existe una cr�- tica del mismo desde planteamientos te�ricos comunitaristas, que denuncia su defensa de un Estado monocorde protector de un �nico contexto cultural, el de la cultura del grupo nacionalmente mayoritario: en este caso, el espa�ol. Ello se traduce en la defensa de un federalismo sim�trico, y en unas relaciones del centro con las partes basadas en el principio de la multilateralidad homog�nea, y no en el de la bilateralidad heterog�nea. Lo cual es antag�nico con el derecho a decidir de la ciudadan�a vasca reivindicado por la mayor�a de sus agentes.

El proyecto pol�tico socialista en que se concreta esta concepci�n fue expuesto en agosto de 2003 en el plan de Santillana del Mar sobre la Reforma del Estado de las Autonom�as: aumento de las competencias auton�micas con una mayor orientaci�n progresista, pero dentro de unas pautas multilaterales, esto es, uniformes para todas ellas; y establecimiento de un doble filtro, el interno de la exigencia ­unilateral­ de mayor�as cualificadas en el Parlamento auton�mico en cuesti�n; y el externo ­impl�cito­ de la exclusi�n de la �inconstitucionalidad�, a ser apreciada en las Cortes por los partidos de Estado. La aplicaci�n m�s reciente de esta l�gica se ha dado en Catalu�a: ruptura y sustituci�n del consenso casi un�nime conseguido en el Parlament por una pr�ctica bien conocida por la patronal, la del acuerdo con el interlocutor m�s barato cuando hay varios sindicatos en la negociaci�n. La oposici�n socialista al Plan Ibarretxe, el cual, pese a sus limitaciones (la primera, su marco territorial reducido a la CAV), defend�a el derecho a decidir, se complementa con el deseo de que emerja en el seno del nacionalismo vasco institucional un polo dispuesto a repetir el experimento catal�n (lo que en nuestro caso tendr�a el antecedente del Pacto de Ajuria Enea). Ello explicar�a los vaivenes de las declaraciones socialistas, algunas muy positivas y otras mucho menos, as� como la no derogaci�n de la Ley de Partidos: se tratar�a de maniobras de dilaci�n ante una mesa pol�tica cuya necesidad no se niega, pero a la que se quiere reconducir por una v�a conservadora a nivel territorial y distinta a la del derecho a decidir de la ciudadan�a vasca.

El dise�o de la mesa pol�tica es urgente, y no puede quedar al arbitrio de lo que decida el socialismo de Estado. A vuela-pluma, los dos ejes sobre los que deber�a descansar son la transversalidad y la territorialidad compleja. Transversalidad, pues el acuerdo debe incluir a nacionalistas vascos y a no nacionalistas vascos: es necesaria la presencia del socialismo vasco desde las primeras fases del acuerdo. Esto no se comprendi� (no lo comprendimos) en Lizarra-Garazi, cuyos planteamientos son sin embargo �ntegramente recuperables. La territorialidad compleja se despliega por su parte en dos niveles: el nivel global de un acuerdo de �pueblo� entre todos los partidos, agentes, sindicatos, en el conjunto de Euskal Herria, respecto a unas bases m�nimas que definan unas reglas de juego consensuadas por todos; y el nivel espec�fico de su articulaci�n en cada uno de los territorios, teniendo en cuenta las sensibilidades y relaciones de fuerza existentes en cada uno de ellos. Pero esto no se conseguir� sin la emergencia de un tercer elemento de �mbito m�s reducido: la consolidaci�n de un polo soberanista surgido del acuerdo de fondo entre cuantos defendemos el derecho a decidir (lo que incluye a la totalidad de las fuerzas nacionalistas vascas), que haga de ant�doto contra la tentaci�n de un Ajuria Enea bis. -