Pasados dos meses desde el 22 de marzo, es hora de hacer un balance provisional sobre la situación y expectativas de las dos mesas, la mesa de negociación política y la mesa ETA-Estados, sobre cuya formación parecía haber un consenso entre los tres vértices del triángulo, la izquierda abertzale, el socialismo al poder en el Estado español, y el nacionalismo vasco institucional.

El hilo conductor desde el cual examinarlas es de momento el proyecto del equipo Zapatero. Dos constataciones se imponen antes de exponer sus potencialidades y limitaciones: el proyecto no es compartido, significativamente, por grandes sectores de su base social ni por los medios de su entorno, como “El País”; en lo que respecta a los vascos, el que haya que referirse a él muestra que la pelota no se encuentra en nuestro tejado, lo que debiera ser una primera señal de alarma. Se ha dicho que la ideología de este equipo es la republicanista. Sin meterme en disquisiciones académicas, el republicanismo tiene una concepción de la libertad que va más allá de la puramente negativa del liberalismo: libertad como autogobierno, como ausencia de tiranía y dominación, entendida ésta como interferencia arbitraria sobre las elecciones de los otros. Ello interrumpe la construcción de la nación española basada en la oposición al enemigo interior, concretamente el nacionalismo vasco «violento» y «no violento», figura incansablemente propagada por responsables políticos y medios, cuya hostilidad a la misma ha sido el cemento de la solidaridad nacional española desde la transición. Esta concepción, que la era Aznar llevó a sus últimas consecuencias, pero que empezó a funcionar en los años 80, en tiempos del socialismo de Felipe González, convertía a la lucha armada vasca en un elemento funcional para el nacionalismo de Estado.

El republicanismo del equipo gobernante ha cambiado radicalmente esta lógica. Ahora, la continuación de ETA es todo a perder; ello explica que el Gobierno Zapatero haya hecho de este tema el eje de su gestión, y que esté dispuesto a apostar fuerte para resolverlo. Lo que se traduce, como en todos los procesos reales de paz del mundo, en reparación de las víctimas (las de todas las partes, no las de una sola), relegalizaciones de organismos y partidos, una política policial bajo el imperio de los derechos humanos con erradicación de la tortura, y medidas penitenciarias en la perspectiva de la excarcelación de los presos. Pero la derechona mantiene los esquemas anteriores, parapetada en sus bastiones judicial, policial, militar, eclesiástico y patronal; y por otra parte, la inercia de un cuarto de siglo de construcción de la imagen del enemigo interior sigue lastrando a la base y a grandes sectores del partido socialista, receptivos a un discurso que insiste en el «mantenimiento del Estado de derecho» y en «no pagar un precio político por la paz».

Además, el objetivo del Gobierno Zapatero es obviamente, como el de todos los partidos, conquistar y mantenerse en el poder. Piensa, y con razón, que para implementar la primera mesa el tiempo trabaja a su favor, pues la ausencia de atentados de ETA convierte cada vez más en fantasmagóricos los argumentos de la derechona; pero el alcance y ritmo de la mesa vienen marcados por la porosidad que muestre hacia esos argumentos su propio electorado, y por el riesgo de que cambios bruscos le hagan perder apoyo. Ello genera un primer elemento de distorsión: pues el ritmo de esta mesa no queda sujeto a la lógica y las necesidades del proceso vasco, sino a un factor externo cual es la velocidad del cambio de la cultura política española. Lo que nos lleva a una primera conclusión: a fin de contrarrestar la presión hostil ejercida contra un objetivo común, los vascos debemos utilizar nuestros propios elementos de presión: véase, una movilización masiva, mantenida y estrictamente democrática.

Los objetivos del equipo Zapatero cambian sin embargo respecto a la segunda mesa, la mesa política. Desde una perspectiva vasca, no nos encon- tramos aquí con unos objetivos compartidos sobre cuyo ritmo y alcance se discrepa, sino con proyectos distintos. Lo explicaré volviendo al republicanismo. Existe una crí- tica del mismo desde planteamientos teóricos comunitaristas, que denuncia su defensa de un Estado monocorde protector de un único contexto cultural, el de la cultura del grupo nacionalmente mayoritario: en este caso, el español. Ello se traduce en la defensa de un federalismo simétrico, y en unas relaciones del centro con las partes basadas en el principio de la multilateralidad homogénea, y no en el de la bilateralidad heterogénea. Lo cual es antagónico con el derecho a decidir de la ciudadanía vasca reivindicado por la mayoría de sus agentes.

El proyecto político socialista en que se concreta esta concepción fue expuesto en agosto de 2003 en el plan de Santillana del Mar sobre la Reforma del Estado de las Autonomías: aumento de las competencias autonómicas con una mayor orientación progresista, pero dentro de unas pautas multilaterales, esto es, uniformes para todas ellas; y establecimiento de un doble filtro, el interno de la exigencia ­unilateral­ de mayorías cualificadas en el Parlamento autonómico en cuestión; y el externo ­implícito­ de la exclusión de la «inconstitucionalidad», a ser apreciada en las Cortes por los partidos de Estado. La aplicación más reciente de esta lógica se ha dado en Cataluña: ruptura y sustitución del consenso casi unánime conseguido en el Parlament por una práctica bien conocida por la patronal, la del acuerdo con el interlocutor más barato cuando hay varios sindicatos en la negociación. La oposición socialista al Plan Ibarretxe, el cual, pese a sus limitaciones (la primera, su marco territorial reducido a la CAV), defendía el derecho a decidir, se complementa con el deseo de que emerja en el seno del nacionalismo vasco institucional un polo dispuesto a repetir el experimento catalán (lo que en nuestro caso tendría el antecedente del Pacto de Ajuria Enea). Ello explicaría los vaivenes de las declaraciones socialistas, algunas muy positivas y otras mucho menos, así como la no derogación de la Ley de Partidos: se trataría de maniobras de dilación ante una mesa política cuya necesidad no se niega, pero a la que se quiere reconducir por una vía conservadora a nivel territorial y distinta a la del derecho a decidir de la ciudadanía vasca.

El diseño de la mesa política es urgente, y no puede quedar al arbitrio de lo que decida el socialismo de Estado. A vuela-pluma, los dos ejes sobre los que debería descansar son la transversalidad y la territorialidad compleja. Transversalidad, pues el acuerdo debe incluir a nacionalistas vascos y a no nacionalistas vascos: es necesaria la presencia del socialismo vasco desde las primeras fases del acuerdo. Esto no se comprendió (no lo comprendimos) en Lizarra-Garazi, cuyos planteamientos son sin embargo íntegramente recuperables. La territorialidad compleja se despliega por su parte en dos niveles: el nivel global de un acuerdo de «pueblo» entre todos los partidos, agentes, sindicatos, en el conjunto de Euskal Herria, respecto a unas bases mínimas que definan unas reglas de juego consensuadas por todos; y el nivel específico de su articulación en cada uno de los territorios, teniendo en cuenta las sensibilidades y relaciones de fuerza existentes en cada uno de ellos. Pero esto no se conseguirá sin la emergencia de un tercer elemento de ámbito más reducido: la consolidación de un polo soberanista surgido del acuerdo de fondo entre cuantos defendemos el derecho a decidir (lo que incluye a la totalidad de las fuerzas nacionalistas vascas), que haga de antídoto contra la tentación de un Ajuria Enea bis. -