Tres años y ocho meses de cárcel para Cristina Villar, y otros dos años y ocho meses para Fernando Sota, además de una multa de un total de 13.532 euros a depositar entre los dos. Esta es la petición fiscal a la que los tafalleses deberán enfrentarse el miércoles en el Juzgado de lo Penal número 6 de Iruñea, donde serán acusados de delitos de «atentado» y «lesiones a la autoridad». Una discusión provocada por agentes de la Guardia Civil es el detonante de la acusación.

Fue la propia Villar quien, en una comparecencia, formuló una pregunta que nadie ha respondido: «¿Quién puede creer que una joven de 1,50 metros y 50 kilos de peso pueda causar la baja, durante 90 y 129 días, a dos agentes policiales que están preparados para enfrentarse a los peores delincuentes?».

Un año y medio después, la propia Cristina Villar, según explica a GARA, sigue sin dar crédito a que tenga que comparecer en un juicio, con riesgo de ser encarcelada.

«Todo el pueblo de Tafalla nos cree y nos apoya. Pese a ello, estamosenjuiciados. Hablanmucho de verificaciones, pero lo cierto es que se siguen conculcando derechos y de eso no se hablanada», añade Cristina Villar, que destaca que«hemos llegado a un punto en el que no creemos nada en la Justicia. No nos fiamos nada».

Los hechos se remontan al 27 de setiembre de 2003, cuando ambos fueron detenidos por la Guardia Civil. Aquel día, Villar se encontró en el portal de su casa con su madre cuando volvía, a la 1.00 de la madrugada, de la boda de un amigo. Fue mientras charlaban cuando apareció una patrulla de la Guardia Civil y les requirió la documentación, queninguna de ellas la llevaba consigo.

Al ser una zona céntrica, eran muchos los vecinos que se hallaban cerca y una pareja preguntó a los agentes qué estaba ocurriendo. Fernando Sota también se acercó y fue retenido por la Guardia Civil, que, además, quería llevarse detenida a la madre de Cristina Villar, de 73 años. Finalmente, los dos jóvenes fueron arrestados y acusados de «atentado a la autoridad», mientras que la denuncia del padre, que tuvo que recibir asistencia, resultó desestimada.

Más de 50 colectivos y 1.500 vecinos mostraron aquellos días su respaldo a Cristina Villar y Fernando Sota, para calificar la acusación de «absurda». -

IRUÑEA