Bárbara ZAMORA | Abogada mexicana de los seis ciudadanos vascos extraditados
«Nos tuvimos que enfrentar al Gobierno español y a todo el aparato policial y judicial mexicano»
La abogada mexicana Bárbara Zamora ejerció la defensa de los seis vascos que el 18 de mayo fueron extraditados desde México. Fue un proceso largo y difícil. En estos casi tres años, según reconoce en esta entrevista con GARA, tuvieron que «hacer frente a dos gobiernos». Tilda de «escandalosa e indigna» la actitud «lacaya» de Fox: «No le ha importado atropellar las leyes mexicanas».
Antes de asumir la defensa de Asier Arronategi, Jon
Artola, Axun Gorrotxategi, Félix Salustiano García, Joseba Urkijo y Ernesto
Alberdi, extraditados en mayo, ya ejerció la de Lorenzo Llona. En ambos casos
destaca lo «absurdo y grotesco» de las acusaciones. No duda en calificar de
«decisión política» la extradición de los seis vascos, denuncia «la inaceptable
injerencia» de Baltasar Garzón y lamenta que se haya abandonado la tradición de
dar asilo político.
Usted se hizo cargo del proceso de extradición contra el exiliado vasco Lorenzo Llona, petición que fue rechazada. Luego, asumió la defensa de los seis ciudadanos vascos, ahora presos en Madrid. ¿Quéimpresión le han causado ambos casos?
Me sorprendió que, después de tantos años de haber vivido en México, llegaran acusaciones tan absurdas. Me pareció burdo y grotesco. Viendo la solicitud de extradición, hecha en términos simples e inconsistentes, confirmé que se trataba de una invención. Ello nos motivó aún más para buscar la forma de detener estas extradiciones. En el caso de Lorenzo Llona pudimos lograrlo recabando documentos de la propia Secretaria de Gobernación e Inmigración, en los que quedaba acreditado que cuando se produjeron los hechos que le imputaban no estaba en España sino en México, haciendo trámites gubernamentales. Conseguir estos documentos fue muy difícil porque tuvimos todo en nuestra contra: el juez, el personal del juzgado, la PGR... Hicieron mil maniobras para no permitirnos una eficiente defensa. En muchas ocasiones, el Instituto de Inmigración nos negó el expediente de Llona. Lo logramos a base de insistir. La Secretaría de Relaciones Exteriores no podía negarle validez a este documento oficial expedido por el propio Gobierno mexicano.
Pero no ocurrió lo mismo con los otros seis vascos...
Fueron cerrando los caminos y posibilidades que habíamos intentado abrir con Llona y nos denegaron sus expedientes. Quisimos acreditar que llevaban años residiendo y trabajando legalmente en México, y que su estancia era conocida por las autoridades mexicanas. Nos dijeron que para obtener los expedientes ellos personalmente tenían que ir a pedirlos o, en su defecto, firmarnos un poder notarial. ¿Cómo iban a ir estando en prisión? Tampoco había un notario que quisiera hacer el trámite en la cárcel. Nos pusieron un montón de piedras en el camino. Sin embargo, obtuvimos otras muchas pruebas documentales de las empresas donde trabajaban, que acreditaban la licitud de sus ingresos. Precisamente por eso el juez César Flores no las admitió. Rechazando estas pruebas que desvirtuaban las afirmaciones del juez Baltasar Garzón, les restringieron su derecho a la defensa. Ya he perdido la cuenta de todos los amparos que presentamos, pero en cada una de esas instancias judiciales demostramos que el tratado de extradición es inconstitucional y que reduce las garantías de los reclamados que, por el hecho de estar en territorio mexicano, tienen todos los derechos establecidos en la Constitución; entre ellos, que les admitan las pruebas y testigos que quieran presentar. Finalmente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tres ministros (jueces) nos dieron la razón.
Pese a ello, otros ocho magistrados se posicionaron a favor de la extradición. ¿Qué sabor de boca le dejó aquella sesión?
Muy amargo. Planteamos una veintena de agravios jurídicos y muchos se quedaron sin respuesta. El ministro Genaro Góngora incidió en que no hay peor agravio que no contestar. Pero nadie le atendió. Los ministros que aprobaron la extradición simplemente fueron «levantadedos». Me sorprende y decepciona. Nunca argumentaron nada ni dijeron cuál, según ellos, era la razón jurídica para conceder la extradición. Mostraron una actitud de consigna.
¿En algún momento esperó que no se llegara a materializar la extradición, más aún teniendo en cuenta la nueva situación en Euskal Herria?
No. De hecho, ocurrieron muchas cosas irregulares. Retrasaron la sesión de la SCJN durante más de un mes y con una premura inusitada, justo el fin de semana anterior a Semana Santa, incluyeron el caso de los seis vascos. Me pareció muy extraño porque, en una situación normal, hubieran hecho falta dos o tres sesiones. A otros asuntos se les da un tratamiento diferente. En este caso se veía una gran prisa por resolverlo ese día. Desconozco por qué se tenía que resolver en ese preciso día. Esperaba que la Corte tuviese sensibilidad y no boicoteara el diálogo abierto en Euskal Herria. Resulta inconcebible que hayan actuado de esa manera. Es evidente que nosotros no perdimos la discusión jurídica y que fueron ellos quienes perdieron. Es obvio que fue una decisión netamente política, y contra eso poco podemos hacer. Nos tuvimos que enfrentar a dos gobiernos; a todo el aparato judicial y policial del Gobierno mexicano, y al gubernativo español porque, en varias ocasiones, funcionarios españoles de alto nivel vinieron a México a pre- sionar. Y cada vez que se iba a tomar una decisión, «casualmente» Garzón estaba aquí.
Precisamente, Baltasar Garzón fue expulsado del Reclusorio Norte cuando acudió con la intención de interrogar sin autorización a los seis presos vascos. Como abogada y mexicana, ¿qué le pareció esta actuación?
Quedó en evidencia la injerencia y presión política que este sujeto quería ejercer en México. Como abogados y mexicanos, lo más indignante es que la autoridad mexicana se prestara a ese despropósito de Garzón. Cuando llegamos a la Procuraduría General de la República, estaba instalado en la oficina del subprocurador y allí pretendía interrogar a los ciudadanos mexicanos acusados de «ser cómplices» de los seis vascos. Nosotros representábamos a uno de ellos y, evidentemente, nos opusimos. Le dijimos cómo era posible que pretendiera interrogar a una persona si no tenía facultades para hacerlo. El alegó que únicamente estaba en calidad de observador y que las preguntas las iba a hacer la Fiscalía mexicana. Le replicamos que no podía estar ni como observador. Finalmente no hubo interrogatorio pero, al día siguiente, repitió el mismo «numerito» dentro del Reclusorio. Las autoridades no le permitieron la entrada, fue un acto de dignidad. Nos sorprende que un juez que se supone que defiende la legalidad y el Estado de Derecho viniera a romper esta legalidad en un país que no es el suyo. Los medios también se posicionaron en contra por esta injerencia.
Viendo lo ocurrido, ¿considera que está en peligro la tradicional política de asilo de México?
Con estos casos estamos viendo que han abandonado totalmente la tradición de dar asilo, una característica de nuestra política exterior. El Gobierno foxista se ha sometido como un lacayo a los mandatos de la Corona española, como si aún estuviéramos en tiempos de la colonia. Es escandaloso, inaceptable e indigno que haya aceptado esta actitud lacaya y que no le importe atropellar la Constitución y leyes mexicanas para complacer al Gobierno español. -
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