El actual Estatuto de Autonomía de Catalunya fue aprobado en el año 1979 con un 59% de participación. En aquella ocasión los votos a favor fueron del 88% y en contra casi el 8%. En esta ocasión son más de 5 millones de ciudadanos y ciudadanas catalanes los que están llamados a votar en el referéndum estatutario del próximo 18 de junio.

El texto que se pasará a referéndum responde más a una actualización y reforma del Estado de las Autonomías que a una ley que el Parlament de Catalunya votó aquel pasado 30 de septiembre. Un texto que en el momento de salir del Parlament había contado con un muy amplio respaldo de los representantes institucionales de la ciudadanía del Principat, el 90%.

La reforma del Estatuto de Autonomía del Principat de Catalunya, del País Valencià (ya concluido) y de Illes Balears, constituye un proceso que forma parte de la adaptación de las estructuras estatales al actual contexto económico y político, que había que actualizar 30 años después de los procesos de reforma política de los años 70, del cual son herederos también los dos textos vigentes en Hego Euskal Herria, el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento Foral. Sin embargo, con el nuevo texto que pasa a consulta el domingo, los ciudadanos y ciudadanas catalanas serán testigos de otro intento de rebajar las aspiraciones soberanistas de buena parte de la población. El resultado, como cabía esperar, no es un reconocimiento a los Països Catalans como nación, pues no responde ni de lejos a la territorialidad del país, no garantiza el futuro de la lengua catalana y niega el derecho a la autodeterminación.

El respaldo que ha de dar la ciudadanía, la sociedad en general, a las distintas reformas que se vayan acordando en cualquier proceso que plantee dudas al status quo actual, es clave para calibrar el nivel de refrendo social que van adquiriendo dichas reformas. La multitudinaria manifestación que el 18 de febrero recorrió las calles de Barcelona en defensa del pueblo catalán a la autodeterminación, tenía por lema «Somos una nación y tenemos el derecho a decidir». Fue una muestra palpable del ansia de la sociedad catalana a tomar parte en las riendas de su futuro. Esta consulta que ahora se ha puesto en marcha debe servir para comenzar a articular una alternativa soberanista que sepa recoger o confluir las iniciativas que en clave de nación han tenido lugar en los últimos meses protagonizadas por importantes movilizaciones sociales en defensa del derecho a decidir.

En Euskal Herria también los consensos que se están gestando en los últimos tiempos empezaron teniendo su origen, igualmente, en la lectura que agentes políticos, sindicales y sociales de espectros ideológicos amplios hacían respecto al agotamiento del actual marco jurídico-político.

Sin el reconocimiento del derecho de autodeterminación, ni Euskal Herria ni Catalunya podrán disponer de su plenitud nacional ni se podrá hablar seriamente de democracia. En el caso catalán, el reconocimiento del derecho de autodeterminación es la condición básica para la unión libre y fraternal de los pueblos que comparten la lengua y cultura catalana, así como del conjunto de los pueblos libres del mundo.

La consulta habilitada para este domingo se basa en un texto que difiere en mucho del aprobado por el Parlament de Catalunya el pasado 30 de septiembre, tras los recortes sufridos en su paso por Madrid. Las sucesivas negociaciones, de las que fuimos testigos mudos desde la barrera, fueron interpretadas como una estafa a las legítimas aspiraciones de la ciudadanía catalana.

Lo innegable es que en el referéndum del próximo 18 de junio está en juego la capacidad del pueblo catalán y de sus ciudadanos y ciudadanas de construir libremente el futuro que ellos y ellas elijan, sin ningún tipo de cortapisas externas. Para ello es también necesario y fundamental el reconocimiento de los Països Catalans como una nación, y en consecuencia poder ejercer libremente el derecho de autodeterminación. Intentan conseguir desactivar las aspiraciones soberanistas de buena parte de la población catalana, negando los derechos democráticos que tienen como pueblo e impidiendo que decidan sobre su futuro.

En Euskal Herria la experiencia acumulada por el Foro de Debate Nacional ha dado como resultado un Acuerdo Democrático de Base apoyado ya por más de medio centenar de agentes políticos, sociales y sindicales. En el mismo se establece de una manera sencilla pero clarificadora que toda la ciudadanía de Euskal Herria ha de ser consultada sobre su futuro mediante el procedimiento consensuado entre los agentes. Desde Udalbiltza, haciendo nuestro este Acuerdo Democrático de Base, nos reafirmamos en que mientras no se pongan en manos de la ciudadanía los instrumentos adecuados para poder decidir el rumbo de su futuro, no podremos hablar de una verdadera entrada de la democracia ni en nuestro pueblo ni en ningún otro pueblo que vea coartado su legítimo derecho a decidir sobre su devenir político, económico, jurídico y social.

Dos son los elementos sobre los que pivota, tanto en Euskal Herria como en los Països Catalans, la clave para nuestra supervivencia como pueblos: el reconocimiento del sujeto político, haciendo clara referencia a la salvaguarda de la territorialidad del conjunto del país, y la autodeterminación, como única vía para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos.

En Euskal Herria hemos venido demostrando a lo largo de los últimos años que la vertebración de campos de lucha de ámbito nacional, el reforzamiento de las relaciones por encima de las fronteras administrativas impuestas, la articulación de alternativas y prácticas políticas y sociales que vayan cimentando la construcción nacional, son una práctica de autodeterminación diaria en un pueblo que no aparece como tal en los mapas oficiales pero que está vivo y activo. La propia historia y dinámicas de Udalbiltza atestiguan lo aquí expuesto.

Tras el referéndum catalán llegará la hora del análisis. Pero, en todo caso, es fundamental dar pasos adelante, claros y decididos, para la recuperación de las libertades nacionales del conjunto de los pueblos y cara al ejercicio del derecho de autodeterminación como afirmación de la soberanía de todo pueblo. -