En 1998 un grupo de personas expertas convocadas por la Comisión de Derechos Humanos, Democracia y Paz de la UNESCO, en una conferencia en Barcelona, y tras varios días de reflexión, decidieron apoyar la «implementación del derecho de autodeterminación como contribución para la resolución de conflictos». Si bien, normalmente, el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro suele ser planteado en términos de conflicto, este grupo dio un giro copernicano a esta percepción, planteando que el derecho de autodeterminación puede ayudar a solucionar conflictos históricos y políticos que difícilmente podrían ser resueltos de otro modo.

El Acuerdo Democrático de Base tiene mucho que ver con esta idea. Recordemos, antes de nada, la frase en la que se resume este Acuerdo: «Toda la ciudadanía de Euskal Herria ha de ser consultada sobre su futuro mediante el procedimiento consensuado entre los agentes».

Para muchos vascos y vascas, lo que todas las personas que habitamos en ese territorio dividido en dos estados y múltiples administraciones tenemos en común es que somos miem- bros de una nación: Euskal Herria. Para los firmantes, presentes y futuros, del Acuerdo Democrático de Base, lo que tienen en común esas personas es que viven un mismo conflicto. En consecuencia, la resolución debe implicar a todas y todos lo habitantes de todo el territorio en el que se vive ese conflicto.

Para muchos vascos y vascas Euskal Herria tiene derecho a autodeterminarse por el hecho de ser una nación. Para los firmantes, presentes y futuros, del Acuerdo Democrático de Base, la ciudadanía de Euskal Herria tiene el derecho a ser consultada sobre su futuro, ante todo, porque ello ayudará a solucionar un conflicto común a la misma, que no puede ser solucionado de otro modo.

Vista la lista de los firmantes del Acuerdo, vemos que los partidos políticos, sindicatos y agentes sociales de corte nacionalista son los que, mayoritariamente, han apoyado el texto. Esto es lógico. Esas fuerzas políticas son las que, por medios democráticos, pretenden cambiar el status quo y las que ven esa posibilidad vetada de raíz. Los agentes nacionalistas, son, en nuestra realidad política cotidiana, los mayores interesados en la resolución del conflicto en términos democráticos. Sin embargo, quienes impulsamos este Acuerdo, aceptando esa realidad, entendemos que la resolución del conflicto en términos democráticos, ­es decir, el derecho a decidir­ no es parte sólo del proyecto nacionalista.

Queremos subrayar que quienes han firmado o firmen el Acuerdo no deben renunciar en sentido alguno a su proyecto político, puesto que el Acuerdo no defiende proyecto político alguno, sino la posibilidad de que todos los proyectos políticos sean viables. Esa es la base del conflicto y ahí está la llave de la solución. El Acuerdo quiere garantizar que la resolución del conflicto se dé en términos democráticos a través del acuerdo entre las partes implicadas, abordándose los condicionantes que determinan la diferente participación social de mujeres y hombres a fin de que se dé la igualdad real de derechos y oportunidades; que la resolución del conflicto en esos parámetros sea prioritaria para todas las partes y que la ciudadanía se implique tanto en el proceso para conseguir esos acuerdos como en la ratificación de los mismos. Al hacer extensiva esa metodología y esos principios a todas las personas habitantes de Euskal Herria, se quiere garantizar que la resolución sea estable y duradera.

Llegados a ese punto, a través del acuerdo en esos mínimos democráticos, todos los proyectos políticos podrán competir en igualdad de condiciones y el proyecto con mayor apoyo popular podrá ser desarro- llado sin injerencias ni vetos de terceras partes. Siempre, eso sí, respetando el derecho del resto a defender proyectos políticos distintos. Los acuerdos se deberán implementar en la forma y en los tiempos que se acuerden. Las dificultades que vayan surgiendo se deberán resolver en los mismos parámetros en los que se han conseguido los acuerdos.

Mirando al trabajo que hemos realizado durante estos últimos años, consideramos que se han conseguido muchos de los objetivos que nos marcamos al principio: hemos establecido un diálogo abierto y fluido con la mayoría de las fuerzas políticas y sociales del país; hemos recibido y analizado las propuestas de todas ellas; hemos establecido vías de comunicación discretas y efectivas entre los diferentes agentes implicados; hemos internacionalizado no el conflicto vasco, sino la necesidad de resolución de ese conflicto; hemos creado grupos de trabajo en esos parámetros; hemos activado dinámicas populares a favor de la resolución en todos los territorios de Euskal Herria; hemos conseguido que aquellos agentes que no veían opciones para lograr un acuerdo en parámetros democráticos den pasos de calado para facilitar ese acuerdo; hemos logrado consensos importantes y los hemos plasmado en el procedimiento y el principio básico que recoge el ADB-OHD.

Queremos, asimismo, hacer un llamamiento a aquellos partidos y entidades sociales que apoyan de una manera o de otra el derecho a decidir, para que hagan el esfuerzo de mirar por encima de sus legítimos intereses partidistas y apoyen el Acuerdo Democrático de Base. Creemos que toda persona demócrata puede y debe aceptar ese procedimiento (el acuerdo político entre agentes y su legitimación vía consulta popular) y ese principio democrático fundamental (el derecho de la ciudadanía a ser consultada sobre los acuerdos tomados por sus representantes). Entendemos que los diferentes agentes tienen derecho a plantear el proceso de resolución en los términos que consideren oportunos, y estimamos que la aceptación explícita del Acuerdo Democrático de Base no interfiere en esas estrategias o arquitecturas.

Volviendo a la conferencia de Barcelona, en aquella ocasión quedó claro que la comunidad internacional debe implicarse en los procesos de resolución de conflictos, aplicando el concepto de autodeterminación como vía para esa resolución. En esa línea, hemos buscado la implicación de personalidades internacionales que supervisen el proceso (el grupo de personas observadoras y fedatarias) y hemos impulsado órganos en instituciones internacionales que apoyen la resolución del conflicto en términos pacíficos y democrá- ticos (el Friendship en las instituciones europeas).

En ese sentido, queremos terminar con la primera de las recomendaciones que aquella conferencia envió a las Naciones Unidas: «(recomendamos) que se implique activamente en la prevención y la resolución de conflictos en los que están envueltos estados y pueblos o comunidades minoritarias. En ese trabajo las Naciones Unidas deben respetar y promover la implementación de la autodeterminación en el sentido amplio desarrollado por la conferencia como un modo para avanzar en la paz con justicia». -