La operación desarrollada anteayer por Madrid y París incidía de lleno en una de las cuestiones que viene coleando desde la declaración de alto el fuego permanente de ETA y que está siendo utilizada como arma arrojadiza entre el PP y el PSOE: la existencia o no de nuevas cartas exigiendo el pago del llamado «impuesto revolucionario». O, dicho de otra manera, si se dan o no las condiciones que el Gobierno español ha puesto para comenzar a dialogar con ETA. La detención de doce ciudadanos vascos a los que la Policía relaciona con estas actividades suponía un golpe de efecto del Ejecutivo de Zapatero frente a quienes le acusan de inacción, pero al mismo tiempo abría un peligroso frente que podía dotar de munición al PP y sus satélites. Por lo tanto, todas las partes se movieron con celeridad.

Los altavoces mediáticos de quienes se oponen a la apertura de un proceso de normalización democrática en Euskal Herria tenían un mismo dato. Tanto “El Mundo” como “Abc” y “La Razón” fueron convenientemente informados de que ­según afirmaban los tres­ la Policía francesa había encontrado en sus registros un recibo fechado en este mes de junio de 2006 entregado a dos empresarios por el pago hace escasos días de 64.000 euros. Este dato tenía una continuación, y es que dicho pago correspondía ­según recogían “El Mundo” y “La Razón” y obviaba “Abc”­ a una exigencia de dinero hecha en 2001. Esto llevaba a la informadora de “El Mundo” a explicar que no había constancia de nuevas peticiones, pero sí de que ETA no ha renunciado «a seguir cobrando los plazos de deudas actuales o antiguas». O, visto por “La Razón”, que ETA no ha «perdonado» el dinero que le debían. “Abc” aclara que «en el sumario que ha dado origen a las detenciones no consta ningúna misiva de extorsión posterior al alto el fuego, lo que no excluye que las haya en otras causas». Con estos mimbres ­un recibo de junio de una «deuda» de 2001­ los tres periódicos llegan en su editoriales a una misma conclusión: «Verificado: ETA sigue activa» (“Abc”), «ETA sigue plenamente operativa» (“La Razón”) y «ETA sigue extorsionando, Zapatero debe parar el reloj» (“El Mundo”).

Esta reacción resultaba plenamente previsible, por lo que el Gobierno español, que sostiene que la operación policial no varía sus planes ni «impide continuar con el proceso de paz», tuvo que buscar elementos para contrarrestarla. Así, “El País” y “El Periódico de Catalunya” tuvieron acceso a la transcripción de unas supuestas conversaciones telefónicas grabadas a algunos de los detenidos, que les permi- tían afirmar que la dirección de ETA ordenó tras el alto el fuego el cese del envío de cartas a los empresarios. «Congelado completo ¿eh? Pero completo, ¿eh?», asegura que le dijo un interlocutor a otro. Según esta versión, las cartas denunciadas en abril por el presidente de la Confederación de Empresarios Navarros, José Manuel Ayesa, estarían enviadas con anterioridad al alto el fuego, y las que ha denunciado este mes podrían ser ­para “El País”­ «envíos incontrolados y al margen de las órdenes expresas de la dirección».

La operación policial abría también un frente al Gobierno con la izquierda abertzale. Ernesto Ekaizer arguye, también desde “El País”, que las detenciones, que indirectamente critica porque ponen fin a un operativo del que podía seguir fluyendo información, se debieron a la «necesidad judicial [de Fernando Grande Marlaska] de una dosis adicional de adrenalina», dado que el 30 de este mes a este juez se le acaba su sustitución de Baltasar Garzón, que fue quien inició las investigaciones. -