Consecuencias de la última redada
Los dos empresarios quedan libres pero imputados por «colaboración»
·Xabier Arzalluz comparece hoy como testigo y Gorka Agirre sera interrogado mañana en Bilbo
José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, socios-administradores de la constructora AZYSA que fueron detenidos el pasado viernes, quedaron en libertad tras comparecer en la Audiencia Nacional. No obstante, el juez Grande-Marlaska sostiene que han entregado dinero a ETA y les imputa «colaboración».
MADRID
Fernando Grande-Marlaska dejó ayer en libertad a José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, los dos empresarios navarros detenidos el pasado viernes a quienes el juez acusa de haber entregado dinero a ETA. Ambos abandonaron la Audiencia Nacional española sobre las 14.30. En un comunicado posterior, ambos negaron «categóricamente» haber abonado cantidad alguna a la organización armada. En un auto de tres páginas al que tuvo acceso GARA, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 considera «en grado de seria probabilidad» que estas dos personas abonaran el pasado abril 54.000 euros a la organización armada «con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado ‘Proyecto de Paz’». En su dictamen, Grande-Marlaska entiende que existe «la necesidad de adoptar alguna medida cautelar personal», pero asume que no es «legal el aplicar cualquier restricción de la libertad si no es solicitada». Como el fiscal Juan Antonio García Jabaloy no reclamó ningún tipo de medida, el magistrado acordó la libertad provisional de José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, aunque mantiene las imputaciones por «un delito de colaboración con organización terrorista». El juez comienza su auto afirmando, «en grado de seria probabilidad», que los dos socios de la constructora AZYSA cuya sede central se encuentra en Zizur Nagusia, fueron en el año 2001 «objeto de extorsión económica» por parte de ETA «por una cantidad económica que no ha podido ser determinada». También apunta como «seria probabilidad» que el pasado 29 de abril «y a través de un abogado cuya filiación se desconoce» Azpiroz y Saralegi «hicieron llegar» a Julen Madariaga la suma de 54.000 euros. Madariaga, miembro de la Ejecutiva de Aralar, fue arrestado el pasado martes por la Policía francesa en su vivienda de Senpere y permanece confinado en París por orden de la juez Laurence Le Vert.
«El total o el último plazo»
Respecto al montante económico mencionado, Fernando Grande-Marlaska reconoce que no le consta «si era el total reclamado o, por el contrario, era el último plazo que hubiera podido ser convenido» con la organización armada. Lo que sí da por certificado es que «se hizo constar por los imputados el que deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado ‘Proyecto de Paz’».El magistrado añade como aspecto que conviene «destacar» que en la redada de la pasada semana «se aprehendió en el domicilio de José Antonio Cau el ‘recibo’ original donde ETA reconocía el citado pago de 54.000 euros; recibo fechado en junio de este año 2006 y el cual debía de ser entregado finalmente, dentro de la lógica cadena a los imputados». Además de este «recibo», el juez sustenta su acusación en «manifestaciones de Julen Madariaga» y en «el contenido de concretas observaciones telefónicas» posteriores al 29 de abril en las que el dirigente de Aralar «de forma suficientemente explícita refiere a otros imputados la entrega del dinero para hacerla llegar a ETA por los cauces ‘ordinarios’».
«Ajeno a la lógica»
En el auto no se otorga validez a la declaración de ambos empresarios negando cualquier tipo de pago, al tildar de «ajeno a la lógica que, únicamente y como exponen, hubieran recibido dos cartas de extorsión y ambas aproximadamente en el año 2001».Grande-Marlaska explica que «de las investigaciones desarrolladas sobre el ‘aparato de extorsión’ de ETA, debe concluirse que la misma no cesa en su criminal actividad de esa forma, salvo haber llegado a un acuerdo de pago o aplazamiento del mismo, siendo habituales que las ‘remesas’ por cada empresario renuente y antes de actuar sobre ellos sea al menos de 4 cartas». Además, apunta que uno de los imputados «refiere en todo momento que eran dos cartas», mientras que el otro «refirió en un primer momento que sólo era una» y que «rectificó» cuando se le preguntó por la diferente versión de su socio. El magistrado señala que el «patrimonio incriminatorio, la gravedad del ilícito, la pena aparejada al mismo, nunca inferior a 5 años de prisión y la propia negativa de los imputados a reconocer el pago» componen una situación que «impide» aplicar «cualquier circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, como sería el miedo insuperable». Con estos mimbres, el juez instructor manifiesta que ve necesario adoptar alguna medida cautelar, entre las que cita «obligaciones de comparecencia o prohibición de abandonar territorio nacional», pero asume que no puede hacerlo sin que medie solicitud alguna por parte del Ministerio Público y decreta «libertad provisional sin ninguna limitación».
Hoy Xabier Arzalluz, mañana Gorka Agirre
DONOSTIA
Las comparecencias en la Audiencia Nacional en relación a este sumario tendrán continuidad hoy con la presencia en Madrid de Xabier Arzalluz, ex presidente del PNV. La comparecencia está prevista para las 11.00, aunque la formación jeltzale remitió una nota en la que indicó que acudirá una hora antes acompañado por su sucesor en el cargo, Josu Jon Imaz, y por el portavoz del PNV en el Congreso español, Josu Erkoreka. Arzalluz está citado en calidad de testigo.
También estaba citado para hoy Gorka Agirre, integrante del EBB e imputado por un «delito de colaboración con organización terrorista». Concretamente, el juez le acusa de una supuesta intermediación en el pago del denominado «impuesto revolucionario».
Agirre solicitó ayer al magistrado un aplazamiento de su comparecencia, debido a que se encuentra convaleciente de la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado martes.
Una vez revisados los informes médicos, Grande-Marlaska aceptó la petición y anunció que vendrá mañana a Bilbo para tomar declaración al dirigente jeltzale.
Continúa sin haber auto judicial sobre la redada del martes pasado
DONOSTIA Cuando se cumple una semana de la redada contra doce personas por orden de los magistrados Laurence Le Vert y Fernando Grande-Marlaska, tanto los arrestados como sus defensas continúan sin saber de qué se les acusa concretamente, ya que no existe ningún auto judicial al respecto. De las siete personas que fueron detenidas en Lapurdi, Izaskun Gantxegi y José Román Badiola están en libertad. También Julen Madariaga, aunque tuvo que abonar una fianza de 20.000 euros y permanece confinado en París. José Antonio Cau fue enviado a prisión el pasado sábado, al igual que Anjel Iturbe, Kristina Larrañaga y Eloi Uriarte. No obstante, estos tres últimos no han comparecido todavía ante el «juez de libertades», que es quien en última instancia deberá refrendar o anular la orden de encarcelamiento. Según indicó ayer Askatasuna, se prevé que sean llevados mañana ante este magistrado. De las otras cinco personas, tres fueron arrestadas en Gipuzkoa y dos en la localidad alicantina de Santa Pola. El único que se halla en libertad es Iñaki Aristizabal. Según puntualizó él mismo a este diario, Grande-Marlaska le ha impuesto como medida cautelar la obligación de comparecer cada lunes ante la autoridad judicial en Oiartzun, lugar en el que trabaja. Dado que reside en la localidad labortana de Mugerre, el juez le ha prohibido abandonar los estados español y francés. Jean Pierre Harocarene, Joseba Elosua, José Carmelo Lukin y Ramón Sagarzazu están en prisión. Respecto a este último, Askatasuna apuntó que volverá a comparecer en la Audiencia Nacional española pasado mañana, donde conocerá su situación definitiva.
|
