MADRID
Xabier Arzalluz confesó ayer que acudía por vez primera a la citación de un juez. Fue en la Audiencia Nacional española y, aunque era en calidad de testigo, el ex presidente del PNV manifestó haberse presentado con «muchísima prevención», argumentando que «todo esto a mí me sabe a Tribunal de Orden Público», en referencia al juzgado de excepción franquista. Tras una hora de comparecencia, explicó que tanto el juez Grande-Marlaska como el fiscal habían estado «amables, correctos y hasta exquisitos». Ello no fue óbice para que el histórico líder jeltzale denunciara las actuaciones judiciales contra el PNV hasta el punto de advertir que «si siguen las cosas por este camino, pienso que puede llegar el momento en que impugnemos la Constitución y no la acatemos». En este marco recordó el denominado «caso Atutxa» o la querella admitida a trámite contra el lehendakari Ibarretxe.
Preguntado acerca de si considera que se está «criminalizando» a su partido, respondió que «sí, se está intentando». Habló también de la Ley Antiterrorista, que en su opinión «no va contra ETA, va contra el nacionalismo. Tengo la impresión de que aquí nos está contagiando un poco la línea Bush, en que pone usted terrorismo por delante y todo vale. A eso no estamos dispuestos, ni estamos dispuestos a ser ciudadanos de segunda clase». En este contexto, se mostró «muy preocupado» por la «politización general de la Justicia».
«Hemos dicho no paguéis»
Arzalluz se presentó en Madrid acompañado por su sucesor, Josu Jon Imaz, y por diputados jeltzales como Josu Erkoreka, Emilio Olabarria y Margarita Uria para ser interrogado acerca de sus supuestos conocimientos sobre la entrega de dinero a ETA por parte de empresarios. Al respecto, aseguró a los medios que «ninguno de nosotros ha estado ni negociando ni rebajando eso que se llama la extorsión de ETA. Hemos dicho no paguéis y eso seguimos diciendo». Precisamente, el juez Grande-Marlaska viajará hoy a Bilbo para interrogar al miembro del EBB Gorka Agirre, convaleciente de una operación quirúrgica y a quien el juez acusa de una supuesta intermediación en el pago del denominado «impuesto revolucionario».
Arzalluz explicó que en el PNV existe una «ley interna» según la cual dar dinero a la organización armada equivale a ser expulsado del partido. Reconoció haber tomado parte en una conversación telefónica en la que pretendía constatar si ETA seguía enviando cartas a empresarios, «no tanto si pagaban o no pagaban».
El ex presidente del PNV expuso su opinión, sin referirse concretamente a ETA, de que si se han reclamado pagos «han intentado justificar en un principio que eran compromisos de antes», aunque puntualizó que «no conozco casos ahora y las cosas que han mandado, alguna cosa la mandan en otro tono que viene a pedir colaboración para el proceso de paz».
Por su parte, el actual líder del PNV, Josu Jon Imaz, criticó las actuaciones de los «jueces estrella» y mostró su respaldo a Arzalluz y Agirre, de quienes afirmó que «han tenido siempre un firme compromiso en contra de la violencia en Euskadi, a favor de la paz».
