México se encuentra en una encrucijada. Las elecciones presidenciales aún no han concluido, a pesar de que el Consejo general del Instituto Federal electoral haya anunciado la victoria de Felipe Calderón incluso antes de que el escrutinio haya sido completado al 100%. Esas prisas del actual poder en funciones por transmitir a los mexicanos y al mundo que Andrés Manuel López Obrador no será presidente no han logrado disipar las dudas que se ciernen sobre el proceso electoral. Las numerosas denuncias de irregularidades (el subcomandante Marcos afirmaba en entrevista concedida al diario “La Jornada” que «está en curso un fraude promovido por las autoridades federales y la cúpula panista, a la que pertenece Calderón, hombre leal a Carlos Salinas de Gortari y a Vicente Fox») y el escaso medio punto que, según dice ahora el Instituto Electoral, separa a ambos candidatos, han llevado a López Obrador a impugnar los comicios del pasado domingo y a exigir que se cuenten de nuevo los votos. El candidato de la coalición Por el Bien de Todos ha llamado hoy a los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo capitalino, donde promete presentar un detallado informe sobre lo que pasó en el proceso electoral.

La actuación del Consejo general del Instituto Federal electoral ha sido muy criticada por la izquierda mexicana, que en absoluto la considera un órgano independiente. Y tampoco el tribunal que deberá resolver la impugnación ofrece demasiadas garantías de independencia. De hecho, México puede entrar ahora en una espiral de movilizaciones y protestas si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrado por siete magistrados nombrados por los últimos ejecutivos (los de Zedillo y Fox), no da una respuesta satisfactoria y convincente a la acusación de fraude y a la impugnación de las elecciones.

La amenaza de fractura nacional no es descartable por las sospechas y el descrédito que se acumulan tras la jornada electoral del pasado domingo. Los próximos días pueden ser vitales para México y para el futuro de su estabilidad institucional y de su salud democrática. Pero es posible que no haya una salida definitiva a esta crisis hasta el 31 de agosto, que es cuando concluye el plazo dado al tribunal para hacer pública su decisión sobre la impugnación. Sólo entonces, y sólo quizás, pueda comenzar la reconciliación postelectoral. -