DONOSTIA

Korta y Toda, que estuvieron acompañados por Karlos Trenor (imputado por la pieza de la desobediencia civil), Inma Berriozabal (empresas) y Juan Mari Mendizabal (Ekin), explicaron que su emplazamiento está dirigido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a su partido porque «está en sus manos poder parar esta flagrante vulneración de derechos». De hecho, se mostraron convencidos de que el Ejecutivo español cuenta con los instrumentos necesarios para ello.

Tras declarar que por la forma en que está discurriendo el juicio «lo estamos viviendo como una condena que ya estamos cumpliendo», destacaron que «nuestra actitud no es frente al tribunal, ya que la Audiencia Nacional es, al fin y al cabo, un instrumento del Estado para la represión. Nuestro mensaje se dirige a quienes tienen la facultad para dar un giro total a esta situación, que son el Gobierno español y el PSOE», manifestaron, y resaltaron que estos procesos son «absolutamen- te incompatibles con el desarrollo de un proceso de resolución como el que está en estos momentos en marcha».

«Y resulta incompatible que en un momento en el que el PSOE está hablando de legalizaciones nosotros estemos siendo juzgados con el objetivo de ilegalizar actitudes de construcción nacional», agregó esta representación de los procesados, que también reclamó al Ejecutivo español la desaparición de la Audiencia Nacional, que definió como «heredera del tribunal de Orden Público» franquista. En su opinión, el propio de- sarrollo de la vista ha permitido reflejar ese cáracter del tribunal especial.

Tras recordar que hace unos días entregaron al PSE ya al PSN una carta en la que afirmaban que «este juicio es inaceptable para todo aquel que se declare demócrata», Toda y Korta incidieron en que el PSOE, «que puso en marcha este sumario de la mano del PP, debe deshacer el camino andado para que su cambio de estrategia y su apuesta por la resolución democrática sea creíble».