BILBO
Rodolfo Ares, portavoz y secretario de Organización del PSE, se comprometió ayer en nombre de su partido «a conseguir el respaldo» tanto del Gobierno español como el de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados a un hipotético acuerdo alcanzado entre los partidos vascos.«Si en Euskadi se alcanzan acuerdos amplios y transversales entre diferentes sobre el futuro de nuestro marco de autogobierno, y en el marco de la legalidad y de las reglas de juego establecidas, no tiene por qué haber ningún tipo de problemas para que esos acuerdos se asuman en el Congreso antes de ser sometidos a referéndum en el País Vasco», afirmó Ares, en respuesta al portavoz de la Presidencia de EB, Mikel Arana, que puso en duda lo dicho el jueves por Diego López Garrido.
«Los socialistas vascos nos comprometeríamos a conseguir el respaldo del Gobierno y de nuestro grupo parlamentario en el Congreso, en el caso de que esos acuerdos pudieran alcanzarse mediante el diálogo político; y, desde luego, no estamos dispuestos a que nadie dude de nuestra palabra ni de la del portavoz socialista en el Congreso», insistió Ares.
En el marco de los Cursos de Verano y a preguntas de los periodistas, López Garrido aseguró que «un texto que provenga de un acuerdo político de fondo muy amplio entre las fuerzas políticas vascas no sería desnaturalizado en absoluto en las Cortes Generales».
No obstante, puntualizó que «no significa» que el Parlamento español renuncie a «poder enmendar o modificar un texto», y que si se logra un «gran consenso en el ámbito vasco sobre una reforma política» se trataría «posiblemente» de una «reforma estatutaria» y al igual que sucede con «otros procesos estatutarios», ese acuerdo «sería respetado con toda la seguridad».
A su juicio, lo importante es que exista ese acuerdo y que se logre «en ausencia absolutamente de violencia».
En relación a estas declaraciones, Arana subrayó que el PSOE «no tiene credibilidad» para decir que si se llega a un acuerdo político amplio en la mesa de partidos, éste será respetado por la Cámara Baja, ya que el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a respetar la voluntad mayoritaria del Parlament catalán y, después, «desnaturalizó y deslegitimó» el Estatut. Remarcó «la legitimidad» de los acuerdos que se adopten en la mesa y que «el único referente» debe ser la voluntad de la ciudadanía vasca «libremente expresada en consulta popular».
