BILBO
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se mostró favorable a la prohibición de la manifestación de Donostia, ya desconvocada, argumentando que estaba impulsada por «un partido ilegal» y, en un escrito presentado sobre las 14.00 horas de ayer en el Juzgado Central de Instrucción número 5, advirtió que, de llevarse a cabo, solicitará medidas cautelares contra los mahaikides citados por Baltasar Garzón.
Estas peticiones suponen un retroceso en la postura de la Fiscalía respecto a ocasiones anteriores en las que adoptó una actitud más pasiva, dejando hacer al magistrado instructor, o bien mostró una postura totalmente opuesta a las tesis del juez.
Así ocurrió cuando el 19 de mayo Fernando Grande-Marlaska citó a ocho mahaikides por una rueda de prensa ofrecida en Iruñea para valorar la decisión de ETA. La Fiscalía afirmó entonces que no existía delito en unas «declaraciones políticas». En las prohibiciones del acto anunciado por Batasuna en el Kursaal para el 9 de abril, o en el convocado para el 21 de enero en el Bilbao Exhibition Center, tampoco solicitó a priori ninguna medida.
Sin embargo, en el escrito presentado ayer a Garzón, el fiscal Juan Antonio García Jabaloy considera que la manifestación, pese a haber sido convocada por un particular, «fue asumida desde el principio, y auspiciada expresa y directamente, incluso tras ser desconvocada, por la formación ilegalizada Batasuna».
«Acto ilegal»
Ello supondría que la marcha es «un acto ilegal, al carecer de la perceptiva autorización administrativa» y «un flagrante incumplimiento» del auto de suspensión de actividades dictado el pasado 17 de enero.
Por ello, el fiscal pidió al juez que prohibiera la manifestación «o cualquier otra concentración que pretenda sustituirla» y advirtiera a los mahaikides citados ayer que «el desarrollo de dicho acto podría conllevar la adopción de medidas cautelares de carácter personal contra los convocantes y dirigentes».
La Fiscalía también pidió a Garzón que comunicara al Departamento de Interior de Lakua la «obligación» de adoptar «las medidas necesarias para impedir la celebración de la manifestación, así como de cualquier otro acto que pretenda sustituirla».
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, explicó el contenido del escrito a los medios y, en declaraciones realizadas en Santander tras participar en un curso, afirmó que el hecho de que la formación abertzale apoye este tipo de actos «viola y quebranta» el auto de suspensión de sus actividades.
Por su parte, la presidenta del PP en la CAV, María San Gil, dijo que la justicia «no debe estar ciega ante las actuaciones de ETA-Batasuna por el mal llamado proceso de paz» e instó a los ejecutivos de Zapatero e Ibarretxe, así como al fiscal general del Estado, a que «asuman su responsabilidad» e impidan la marcha.
