La mayoría de los agentes políticos, sociales y sindicales de Euskal Herria apuesta, o dice apostar, por un proceso sin exclusiones y en igualdad de condiciones. Sin embargo, el episodio vivido ayer en la Audiencia Nacional española no parece lo más apropiado para que así sea. Cuando uno de los interlocutores del diálogo que se propugna, del diálogo que de hecho se ha venido produciendo entre las distintas formaciones, es coartado, amenazado y perseguido, difícilmente se puede hablar de igualdad de condiciones.

En no pocas ocasiones se le ha achacado a la izquierda abertzale, y a Batasuna en particular, que se aferra a «actitudes del pasado», y a cada paso que ha ido dando se le ha exigido otro movimiento, y se lo han exigido desde la inmovilidad. Actitudes del pasado, del reciente y de épocas anteriores, son las ilegalizaciones y las prohibiciones de expresarse y manifestarse libremente, en lugar de contribuir a crear un ambiente lo más propicio posible para abordar un proceso de tal envergadura. Actitudes del pasado son las del tribunal especial con sede en Madrid, las de los aparatos del Estado en general, que persiguen y espían a una formación política reconocida como interlocutora por el resto de fuerzas. El PSOE, en lugar de seguir escudándose en los jueces, debería hacer frente a sus responsabilidades cuanto antes. No puede lavarse las manos tras la pantalla de una ley para cuya elaboración fue imprescindible su colaboración, una ley que responde a impulsos políticos y, por eso mismo, debe quedar sin efecto.

En este inicio del proceso, como lo define la mayoría de agentes implicados, asistimos a un absurdo jurídico-político. Hemos oído a jueces, políticos y periodistas decir que Batasuna, a consecuencia de su situación de ilegalización, no existe. Sin embargo, cada vez que se celebra un acto que no es del agrado de quienes hacen tal afirmación, miembros de esa «inexistente» organización política son obligados a comparecer ante los tribunales españoles. Cualquiera que en Euskal Herria se asome a la calle, esté o no de acuerdo con el ideario de esa formación, sabe que existe y que es una parte imprescindible a la hora de afrontar con garantías una salida a un conflicto político de dolorosas consecuencias y que dura demasiados años.

Se habla mucho de voluntad, pero no es suficiente. Es preciso demostrarla. Y es necesario que lo hagan todas las partes. -