Ya pasó. La multitudinaria manifestación de Donostia suscitaba ayer, al menos, dos reacciones dignas de ser observadas.

Desde la extrema derecha, “La Razón” se rasgaba las vestiduras porque, decía, «nadie puede dudar a estas alturas de que los miles de personas que se manifestaron ayer en San Sebastián lo hicieron en respuesta a una convocatoria de Batasuna». Citaba el escriba «los subterfugios legales que los proetarras aprovechan para burlar la ley» y lamentaba que, como consecuencia de las amenazas garzonianas, «los miles de personas que tomaron el centro de la capital donostiarra no portaron un solo símbolo de Batasuna, aunque sí pudo verse antes de su comienzo a miembros de esta formación ilegalizada como Arnaldo Otegi, Pernando Barrena o Joseba Permach». Al pensador ultra le sube la bilirrubina porque cree que «la manifestación supone un paso más en una política de hechos consumados que pretende vulnerar la Ley de Partidos hasta conseguir de facto la legalización de Batasuna que exige ETA como parte de la factura negociadora. La protesta proetarra es, por tanto, una derrota de un Estado de Derecho que es incapaz de velar por que sus normas se cumplan».

También era llamativa, aunque por otras razones, la lectura del editorialista de “El País”: «Con iniciativas como ésta, Batasuna ha tenido mareados a los jueces (y hartos a los ciudadanos) durante 10 días, pero es posible que también ellos hayan acabado mareados y perdido el sentido de la realidad. Joseba Permach acusó ayer a los socialistas de ‘irresponsabilidad política’ por no responder a sus emplazamientos para solucionar ‘el conflicto político y armado’'. En la convocatoria inicial de la mani- festación, su compañero Pernando Barrena había considerado ‘extremadamente grave’ que, pese a la tregua, se siga aplicando la Ley de Partidos y se mantengan los juicios contra el entorno de ETA y la ‘persecución contra la izquierda abertzale’. El viernes, en un comunicado, advirtieron de que detenciones como la reciente en Vitoria de Zigor Bravo ‘entorpecen las vías de solución’». Hasta ahí los hechos. Ahí va su interpretación: «¿Cómo van a dejar los jueces de aplicar la Ley de Partidos a una formación ilegalizada por actuar ‘como complemento y legitimador’ de ETA, si sus dirigentes consideran que no debe detenerse a alguien acusado de participar en el asesinato de un funcionario de prisiones o a los miembros de la trama de extorsión etarra?». Este no ha entendido nada, creo yo. - msoroa@gara.net