IRUÑEA
Batasuna decidió ayer valorar la crisis producida en Burlata en vista de que ese modelo de pacto (PSN, IUN, Batzarre y Aralar, que ahora lo abandona) «parece que quieren exportarlo como alternativa a UPN». En opinión del mahaikide Juan Kruz Aldasoro, tanto la ruptura de ahora como el propio desarrollo de la legislatura evidencian que «ese modelo no vale».Dio dos razones. Por un lado, constató que «no ha ofrecido una alternativa al actual marco político» y «no ha valido para cambiar las cosas», y reivindicó en este sentido que los pactos que se alcancen ante UPN sirvan realmente para cambiar las reglas de juego, lograr una democratización real y garantizar el derecho a decidir.
Y en segundo lugar, Aldasoro criticó que aquel pacto se basara «en clave de intereses partidistas, de aceptar cualquier cosa a cambio de cargos y de protagonismo político, sin importar en qué condiciones, sin importar la ilegalización, y con un claro entreguismo ante el PSN».
Pese a la crítica, quiso dejar muy claro que Batasuna «adopta el compromiso de impulsar acuerdos ante UPN. Somos conscientes de que hay que buscar alianzas y vamos a ello, pero con contenidos y con bases claras, para llevar el cambio hasta el final». Y añadió que «las poltronas no son una prioridad para nosotros».
En representación de la plataforma ilegalizada Burlata Auzokide Batzarre, Maite Ezkurra desbrozó las características de este pacto ahora en crisis, asegurando que supuso dar «un cheque en blanco al PSN».
Puso como ejemplos la ausencia de iniciativas para superar la ilegalización o la desatención a los presos. Cuestionó además el motivo esgrimido por Aralar para la ruptura, que es la agresión a un concejal que trataba de colgar una ikurriña en un balcón del Consistorio durante el chupinazo pese a haber pactado con el PSN poder hacerlo durante unos minutos.
Para Ezkurra, Aralar no se puede basar «en una mala puesta en escena durante un cuarto de hora» cuando durante la legislatura «ha tenido mil motivos» para salir del gobierno.
Ezkurra afirmó además que el cuatripartito ha desarrollado una gestión urbanística basada «en el ‘pelotazo’» y que ha llevado a cabo contrataciones «a dedo», entre otras cuestiones.
