Advierten a Madrid sobre la posible ilegalidad de la fusión E.ON-Endesa
Aunque la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno del Estado español, María Teresa Fernández de la Vega, asegurara que la autorización de la Comisión Nacional de la Energía a la opa de E.ON se ajusta a la legalidad comunitaria, la CE no está tan segura y ya le ha advertido que en el caso contrario será su gobierno quien tenga que responder ante Bruselas. A pesar de todo, la CE no ha aclarado cuáles de los 49 requisitos no cumple la CNE.
MADRID
La Comisión Europea advirtió de que, si concluye que las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la fusión de E.ON y Endesa violan la legislación comunitaria, esta decisión será vinculante para las autoridades españolas, que tendrían que retirarlas. Así, el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, indicó que, como toda decisión de la comisión, ésta podría ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero el Gobierno español tendría que cumplirla hasta que no hubiera sentencia. En caso de no aceptar el dictamen de Bruselas, el Estado español se enfrentaría a un procedimiento de infracción y a la consecuente denuncia ante la Corte europea. Además, la decisión de Bruselas de considerar ilegales las medidas contra la opa de E.ON podría ser invocada por terceros, como la eléctrica alemana, para reclamar ante los tribunales españoles por las pérdidas ocasionadas por dichas medidas.
Libre movimiento de capitales
Según las conclusiones preliminares de las autoridades europeas de competencia, que ya han sido notificadas a Madrid, la mayoría de exigencias de la CNE para autorizar la fusión de E.ON y Endesa no respeta los principios de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento. En opinión de Bruselas, las condiciones fijadas por el regulador español no se justifican por la seguridad pública y no son necesarias ni proporcionadas para la protección de la seguridad pública. Todd no precisó cuáles de los 19 requisitos impuestos por la CE vulneran la normativa, pues la comisión «no quiere acusar en detalles» al Gobierno de Madrid, que es «inocente hasta que no se demuestre lo contrario», precisó. Madrid debe responder a Bruselas sobre este asunto antes del 4 de setiembre y, a partir de esa fecha, la decisión final sobre la legalidad de las condiciones se tomará«tan pronto como sea posible», probablemente en algunas semanas. Todd incidió en que en un caso como éste en el que hay varias ofertas competidoras, por Gas Natural y E.ON, la CE debe actuar con rapidez para evitar que la situación vaya cambiando y surjan verdaderos problemas. Por eso, explicó, el ejecutivo de la UE informó a principios de mes al Estado español de la posibilidad de paralizar cautelarmente las medidas impuestas por la CNE a la opa de E.ON, posibilidad que todavía puede llevarse a cabo para garantizar el respeto a la libre competencia. La comisión guarda «ese as en la manga», añadió Todd. «La opa se ajusta a la legalidad
comunitaria»
La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno de Madrid, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el Estado español defenderá ante la Comisión Europea que la autorización de la CNE a la opa de E.ON «se ajusta a la legalidad comunitaria». -
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