La Conferencia de Embajadores españoles que se ha celebrado en Madrid los días 4, 5 y 6 de setiembre y clausurado en Sevilla el día 7, ha puesto en evidencia, una vez más, la gravedad de las carencias que en materia de política migratoria tienen el Estado español y el conjunto de la Unión Europea con relación a Africa.

Esa política sigue teniendo como pilar fundamental el impedir la entrada de africanos en Europa. El conjunto, el grueso de Africa, lleva un montón de años excluido de cualquier proceso migratorio hacia Europa que merezca tal nombre. Durante años los gobiernos europeos han pensado que aquello quedaba demasiado lejos, que era suficiente tener una política extremadamente restrictiva en materia de visados y relaciones en materia migratoria con algunos países concretos, Marrueco y Argelia especialmente, aunque esas relaciones hayan estado jalonadas de múltiples impedimentos, dificultades y desencuentros.

Pero en los últimos doce años era evidente que eso estaba cambiando, que había unas generaciones de jóvenes africanos subsaharianos, de Senegal, de Came- rún, de Malí, de Nigeria, de Ghana, de Guinea Conakry, de Liberia, de Costa de Marfil, de Congo... que tenían firmemente interiorizada la necesidad de salir de su países, dispuestos a fugarse del lugar de sus problemas, de los lugares en los que, por múltiples causas, no veían un futuro pare ellos y sus familias. Esos jóvenes están plenamente integrados en un mundo global, pero esa integración la han hecho con ingresos medios mensuales de 50 euros y sin perspectivas de que en unos plazos razonables, debido a problemas de índole económico, político, ecológico, su situación vaya a cambiar sustancialmente. Y algunos de ellos han dicho basta, sean cuales sean las dificultades y las penurias que vayan a sufrir para intentar llegar a Europa, que es la zona del planeta geográficamente más cercana, la que está al norte de la gran línea de fractura migratoria que es el Mediterráneo y de la línea de fractura migratoria que afecta al Shael y Europa.

Y no son muchos, en cifras comparativas, los que lo intentan. Y es normal que así lo sea. Lo que pasa es que lo hacen por la única vía que pueden utilizar, convirtiendo el hecho de emigrar, desde el principio, en un drama humanitario, drama que continúa luego, dadas las enormes dificultades para regularizar sus situaciones (que se pueden alargar años) y la escasez y los límites temporales de las políticas y los instrumentos de acogida, la inmensa mayoría de ellos completamente insuficientes para responder a sus necesidades concretas.

Los problemas no han empezado con los cayucos. Estos son un episodio más de una larga, larguísima lista que ha dejado cientos (o miles, nunca sabremos con exactitud cuántos han perdido la vida en el Mediterráneo y en el Atlántico, en las costas de Andalucía, de Canarias, de Sicilia o de Malta) de muertos, los acontecimientos de El Angulo en Ceuta, en el año 1995; el campamento de Calamocarro; la expulsión de los 103 drogados con aloperidol y atados con cinta de embalar a los asientos del avión; la construcción de la valla en Ceuta y Melilla, primero con tres metros de altura y ahora con seis; la puesta en marcha del SIVE (Servicio Integrado de Vigilancia Exterior) con un presupuesto de 29 millones de euros en 2003, 32 en 2004 y 52 millones en 2005, 40 para las costas andaluzas y 12 para las canarias; los acontecimientos del otoño del año pasado en Ceuta y Melilla; con un saldo de por lo menos 14 muertos; la dispersión en el desierto de emigrantes y solicitantes de asilo subsaharianos hecha por Marruecos, con el visto bueno de la Unión Europea a pesar del flagrante pisoteo de los derechos humanos que ello suponía, y a pesar de los desgarros interiores que aquellas imágenes, según decía, le producían al Señor Zapatero.

El Gobierno español se está moviendo, pero las propuestas que está haciendo no modifican los elementos sustanciales, de fondo, de las políticas que se están aplicando desde hace años. Las propuestas más concretas y precisas del Plan Africa, las que siguen ocupando un lugar preferente, son las ligadas al control, a impedir la salida de allí y la entrada aquí.

Lo mismo ocurre con las propuestas hechas en la Conferencia de Rabat. De los cuatro bloques que allí han propuesto políticas de cooperación, políticas de codesarrollo, políticas para impedir la entrada y facilitar las repatriaciones y las expulsiones y políticas para canalizar la inmigración legal, se llevan la palma las del tercer bloque (control y repatriaciones), siendo las del cuarto, que a mi juicio deberían ser las principales, un pequeño y tímido amago, que entra en contradicción con las prácticas cotidianas de los consulados y embajadas allí donde los hay. ¿Quién se cree eso del impulso de la inmigración legal si no se abren más embajadas y consulados y si no cambian de arriba abajo las prácticas cotidianas en el tratamiento de las personas y los expedientes? ¿Quién se cree eso cuando hay expedientes de reagrupación familiar que se demoran tres años, cuando no se ve la menor voluntad para reducir los problemas y las disfunciones que surgen entre las administraciones africanas, sus hábitos, los registros... y las exigencias de la Administración española, cuando no se atienden recomendaciones muy sensatas del Defensor del Pueblo? ¿Quién se cree eso cuando todo se mira con sospecha, cuando tantas veces se desprecia el sufrimiento de las personas afectadas? ¿Quién se cree eso cuando no se han depurado responsabilidades sobre la continua vulneración de los derechos humanos ni se han concretado compromisos para defenderlos en materia de asilo y refugio? Hoy, en mu- chas partes de Africa está muy extendida la conciencia de que hagan lo que hagan les tratan fatal, de que cada petición y trámite de visado, que se paga por adelantado, aunque tenga como resultado la desestimación, es una sangría para sus economías; que aunque intenten hacer las cosas legalmente no vas a conseguir nada. Y eso es muy problemático, porque se suma a las muy grandes dificultades, a la mayoritariamente imposibilidad que tienen para acceder a las embajadas y consulados.

En la Conferencia de Embajadores la vicepresidenta del Gobierno ha querido dar un mensaje de firmeza. Ese mensaje no ayuda las canalizaciones legales, sino que refuerza la actitud en tantos casos distante y abusadora de las embajadas y consulados, por muchas citas sobre la globalización, recogidas de textos de Habermas, con las que ha adornado su discurso.

El Africa subsahariana necesita otra política migratoria, tanto por parte de España como por parte de la Unión Europea. Es una zona que tiene que ser incorporada a los procesos migratorios hacia Europa, dando salida a las generaciones, a esa franja de personas entre quince y treinta y cinco años que tiene muy interiorizada la voluntad de fugarse. Las necesidades de esas personas no se resuelven con políticas de cooperación y de codesarrollo. Tal vez las de otras generaciones, pero no las de las que actualmente tienen la voluntad de emigrar. Los procesos migratorios nunca son ordenados. Normalmente son desordenados y caóticos, en los que la voluntad, la subjetividad de las personas que emigran, tiene un enorme peso. El Gobierno no quiere tomar en cuenta estas cosas, o las toma como algo marginal, de segunda división. Y se equivoca. Y su equivocación nos aboca a una mayor tragedia. -