CEAR expone que la Subdelegación no puede expulsar a los tres polizones
La Subdelegación española en Bizkaia anunció ayer su decisión de expulsar a los tres ciudadanos extracomunitarios que hace más de una semana desembarcaron en el puerto de Santurtzi. CEAR aclaró que es imposible expulsar sin iniciar un expediente sancionador y estando pendiente de resolución la autorización de residencia.
BILBO
La Subdelegación del Gobierno español en Bizkaia anunció ayer su intención de expulsar «en breve» a los tres polizones de la embarcación Agiasma que habían solicitado asilo. Manifestó que la decisión «es definitiva» y dijo que «es fruto de la negligente gestión y asesoramiento realizado por el entorno jurídico y social de los afectados» que, a juicio de la Subdelegación, ha «impedido» adoptar una decisión«no traumática». Tras el anunció del Gobierno español, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) emitió un comunicado para informar de que la Subdelegación «no puede proceder a la expulsión de los tres polizones», ya que la expulsión de cualquier ciudadano extracomunitario debe determinarse tras un expediente sancionador, «lo cual hasta el momento, ni siquiera ha sido iniciado». En segundo lugar, destacó que la Subdelegación española no admitió a trámite la solicitud presentada el pasado lunes por los tres polizones en la que requerían un permiso de residencia por circunstancias excepcionales de índole humanitaria y se refirió a la«imposibilidad» de que se inicie un expediente sancionador «contra quien tiene una autorización de residencia en trámite pendiente de resolución». Además, CEAR destacó que la abogada de los polizones está elaborando un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, quien resolvió denegar las medidas cautelares del procedimiento de asilo. La Subdelegación, por su parte, recordó que el auto dictado el martes «no observa ningún tipo de razón humanitaria que puede permitir su estancia durante más tiempo», y añadió que «la decisión está tomada, aunque no firmada, porque todavía queda pendiente el procedimiento a adoptar». Aclaró que se podría aplicar la de «repatriación inmediata» o llevar a cabo una expulsión mediante convenios de repatriación de alguna ONG, como es el caso de CEAR. Los tres polizones entraron en el puerto de Santurtzi hace algo más de una semana y fueron entregados a la Cruz Roja. Un cuarto extranjero, que también llegó en el barco Agiasma, vio admitida a trámite su petición de derecho a asilo desde un primer momento.
Por otra política de migración
Batasuna señaló que Euskal Herria «necesita urgentemente definir y ejercitar una política de acogida de personas que, por motivos políticos o económicos, deben dejar sus lugares de origen». Destacó en una nota de prensa que, para ello, debe tener su propia política de migración y residencia «sin tener que estar sometida a las imposiciones y necesidades del Estado español o el francés, y menos a la necesidad de encubrir el fracaso de sus propias políticas en esta materia».
La capacidad de acogida de Gipuzkoa está «sobredimensionada», según la Diputación
DONOSTIA El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Koldo Azkoitia, dijo ayer que los recursos de acogida de menores extranjeros no acompañados de la institución son «limitados» y están «sobredimensionados». En referencia a la implicación del Gobierno de Lakua de acoger a los inmigrantes que están llegando a las Islas Canarias, Azkoitia confió en que las actuaciones que emprenda «tengan en cuenta la opinión de las diputaciones competentes en estos temas», aunque afirmó que si Lakua «decide acoger inmigrantes mayores de edad y pone los medios necesarios para tal fin, es muy libre de hacerlo». Azkoitia también se refirió al caso de los menores inmigrantes no acompañados. Opinó que «la problemática en Gipuzkoa es importante y estamos tratando de dar una solución digna y en las condiciones que debe prestarse». En la actualidad, la Diputación atiende a cien menores extranjeros no acompañados, 42 de ellos en situación de acogimiento de urgencia. La institución cuenta con dos centro para la acogida de estos y, según Azkoitia, «también se están utilizando pensiones para dar respuesta a este sobredimensionamiento». Por su parte, la diputada de Derechos Humanos, Mari Carmen Marín, remitió una carta al consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, para solicitarle información sobre las condiciones en las que se va a realizar la acogida, y destacó que «no se han producido mayores contactos ni concrecciones».
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