En las últimas semanas, desde el Gobierno de Lakua y, en particular, desde el partido mayoritario, el PNV, se ha lanzado una auténtica ofensiva mediática en relación a los más de 700 presas y presos políticos vascos. Destacadas voces jeltzales han salido a la palestra para recordar al Gobierno del PSOE su obligación de «hacer gestos» con respecto a los presos vascos, evocando los derechos que se vulneran a sus familiares con el mantenimiento de la política de dispersión.

Las diversas declaraciones han tenido como punto común el tratar de centrar una reclamación ampliamente compartida por la sociedad vasca en dos supuestos que no son en absoluto de recibo. El primero es el de abogar por acabar con la dispersión por motivos humanitarios, en razón del sufrimiento añadido que supone ese ilegal castigo para los familiares de las personas privadas de libertad. Sin embargo, no es la dispersión una afrenta humanitaria, sino una maquinaria política que busca sin éxito resquebrajar esa imagen que tozudamente se muestra en tantas calles y locales de este país: esa inmensa hilera de rostros de mujeres y hombres cuyo nexo común es el de su pertenencia a EPPK, un colectivo al que, casualmente, ese PNV que hace bandera, cuando le conviene, con los prisioneros, no reconoce su carácter político.

La segunda premisa falsa, si se quiere más grave, en la que se basa la denuncia de la dispersión que practican Lakua, y en especial su socio mayoritario, es la de pretender que «un gesto» con los presos es sinónimo de avance en el proceso hacia el logro de un escenario democrático y en paz. EPPK, en el comunicado que publica hoy GARA, rompe con ese espejismo al expresar que «el conflicto político no se resolverá a través de la política carcelaria que nos aplican, ni mediante la excarcelación de los presos políticos, sino a través del respeto a los derechos de los ciudadanos vascos»; en definitiva, desenmarañando los llamados nudos gordianos:la autodeterminación y la territorialidad. Ni por humanidad ni como moneda de cambio. Los presos y presas deben estar en Euskal Herria para tomar parte en el proceso que lleve a toda la ciudadanía a disfrutar de una paz con derechos. Mientras eso no ocurra, la denuncia de la grave situación en las cárceles saldrá a la calle. Ynadie entiende que un gobierno que a diario expresa su compromiso en el logro de la paz prohíba y amenace con su Ertzaintza a los familiares y amigos de los presos vascos. -