Iñaki de Juana Chaos ha sido sometido a la alimentación forzosa, poniendo como pretexto la supuesta defensa de su salud e integridad, para obligarle a poner fin a la huelga de hambre que emprendió con la determinación de llevarla hasta sus últimas consecuencias. Como si no fuera ya bien notorio el nulo interés que tienen en preservar la salud e integridad de las personas presas, más aún cuando se trata de prisioneros políticos vascos, la aplicación de la prórroga de condena a Jon Agirre Agiriano, preso y enfermo, viene a corroborar el cinismo infinito de los actuales gestores de las instituciones del Estado español.

Jon Agirre es el segundo ciudadano vasco que más tiempo lleva en prisión, 25 años en primer grado, al menos diez en aislamiento... Tiene dolencias graves e incurables que empezaron a manifestarse en 1988, pero que durante años no han sido tratadas en absoluto. Hace diez años que debía estar en la calle, tras cumplir las 3/4 partes de su condena, y se le ha denegado la aplicación del artículo 92 al que tiene derecho por sus dolencias. Y ahora, el Tribunal Supremo ha dado una nueva vuelta de tuerca a la situación de este preso natural de Aramaio, aplicándole la sentencia 197/2066, por la que han retrasado su puesta en libertad hasta el 3 de mayo del año 2011. Una cadena perpetua en toda regla que, en este caso, dado su estado de salud y la evidencia de que éste se agrava por su estancia en prisión, pudiera convertirse en una condena a muerte.

Se cumplen ahora seis meses desde que el Tribunal Supremo español adoptara la sentencia 197/2006, que supone el alargamiento del cumplimiento de penas. En este periodo de tiempo, que coincide con el alto el fuego permanente declarado por ETA, ya han sido once los ciudadanos vascos a los que se les ha aplicado. En la misma situación pueden encontrarse los más de cien ciudadanos vascos que fueron encarcelados en aplicación del Código Penal de 1973 que establecía la reducción de condena, y en general el conjunto del colectivo de presos políticos vascos, ya que al parecer no hay legislación que se resista a los cambios cuando de lo que se trata es de responder a las «urgencias» políticas de los mandatarios españoles. Setecientos ciudadanos, y su entorno afectivo y social, que el Estado español utiliza cruelmente como meros instrumentos de presión, en lugar de tratarlos como un activo para llevar adelante un auténtico proceso de paz y normalización política para Euskal Herria. -