Muy superior a lo que los defensores más convencidos de esas iniciativas osaban imaginar ­67,8 y 68 por ciento para las nuevas leyes de Asilo y Extranjería, respectivamente­ el resultado del referéndum del 24 de setiembre abre una nueva etapa, sin vuelta atrás, en la relación de los suizos con los extranjeros.

Ello, a pesar de que en la práctica Suiza es un país construido a base de sus inmigrantes y el 20% de la población tiene origen extranjero, el triple de la media de la Unión Europea (UE).

Para algunos es «la victoria del orden», para otros «el gran fracaso de la izquierda», pero en lo que la gran mayoría coincide es en que el «ganador incontestable» es la extrema derecha suiza, que tiene como su máximo exponente al partido Unión Democrática de Centro (UDC) y a su líder, el también ministro de Justicia, Chistoph Blocher.

La UDC, que ya fue protagonista de un anterior terremoto político en 2003 cuando obtuvo un resultado electoral que le permitió reclamar un segundo asiento en el Gobierno Federal de siete miembros, confirma con el doble «sí» de este domingo que su posición contra la inmigración ha ganado espacios y se ha afianzado.

Una tendencia que se adivinaba, pero que el resultado del referéndum ha permitido constatar con creces y debería servir de punto de partida para una nueva reflexión del resto del espectro político.

El tiempo apremia y algunos se agitan debido a que el abrumador respaldo popular a las leyes que restringirán las posibilidades de asilo y de inmigración sería revelador de las preferencias de la ciudadanía a poco más de un año de las próximas elecciones generales.

Ya en los comicios de 2003 la UDC tuvo un respaldo popular inesperadamente alto y se teme que si esa tendencia se acentúa en las elecciones de 2007, sea hasta el mismo sistema helvético de gobierno colegiado ­en el que los cuatro grandes partidos políticos están representados­ el que entre en crisis.

A la espera de que los efectos colaterales de esta consulta electoral se pongan en evidencia, los grupos sociales, religiosos, sindicales, de intelectuales y derechos humanos que se unieron para tratar en vano de impedir lo ocurrido este domingo reclaman ahora que las nuevas leyes se apliquen respetando los derechos humanos.

En efecto, en momentos en que Europa se encuentra en pleno debate sobre la inmigración, la Confede ración Helvética ­una isla en medio del espacio de la UE­ ha preferido dotarse de instrumentos efectivos para detener el flujo de solicitantes de asilo y de inmigrantes.

Y si bien en materia de asilo se imponen en efecto condiciones más severas tanto para la obtención del estatuto de refugiado, como para lograr que una demanda sea admitida a estudio, la Ley de Extranjería no hace más que formalizar la prioridad que ya se daba en los hechos a los inmigrantes de nacionalidades europeas.

Desde ahora, todos aquellos de otros países ­sobre todo los procedentes de economías empobrecidas que no cuentan con dinero suficiente para establecerse en Suiza­ tendrán que demostrar que su actividad «servirá a los intereses económicos» del país.

Hipocresia

El relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, el sociólogo suizo Jean Ziegler, ha calificado ese trato a los extranjeros no-europeos de «racista y xenófobo», al tiempo que lo ha considerado como un «gran acto de hipocresía».

Recordó que hay entre 100.000 y 300.000 extranjeros indocumentados en Suiza, de los cuales la tercera parte se dedica al servicio doméstico.

«No hay un sólo restaurante (en Suiza) que funcione sin un trabajador que cobra en negro (indocumentado)», ha asegurado el conocido sociólogo.

Hipocresía, miedo al desconocido, hartazgo frente a los abusos de falsos refugiados, las explicaciones pueden ser muchas, pero la realidad es que Suiza ha pasado a ser, pese a su imagen de país humanitario y de acogida, uno de los más duros con los extranjeros.-