IRUÑEA
María Jesús Aranda compareció ante la ponencia para el estudio de las condiciones de las personas encarceladas, constituida en el Parlamento navarro, para dar a conocer el informe especial denominado «Medidas sociales, sanitarias y educativas que debieran preverse para el nuevo centro penitenciario de Pamplona», elaborado por la institución que preside. En declaraciones a los medios de comunicación, la Defensora del Pueblo explicó que este informe incide, en primer lugar, en la «demora en la puesta en coordinación de las distintas administraciones públicas para la construcción del recinto carcelario».
En él se recogen las «medidas sociales, educativas y sanitarias que debe contemplar no sólo un centro penitenciario, sino todos los regímenes que suponen el establecimiento de un sistema penitenciario, que es tanto el régimen cerrado, como semiabierto y semicerrado» y que, según añadió, «tiene que ver con estructuras que están ya funcionando y lo que va a suponer la construcción de la nueva cárcel si no se tienen en cuenta los programas que están ya en actuación».
A este respecto, Aranda dijo que apuesta por un plan integral para el todo sistema penitenciario, en el que se plantean «una serie de principios de lo que debería contener ese plan, ya que cómo llevarlo a cabo compete a las administraciones públicas y no a la institución», precisó.
Rehabilitación sicosocial
Según apuntó, el informe hace referencia «de forma muy importante a la carencia en programas y en recursos que hacen falta con la situación actual y que van a hacer falta en un futuro en relación con la rehabilitación sicosocial y siquiátrica, ya que el 80% de los reclusos son personas con problemas siquiátricos y de drogadicción que necesitan otro tipos de recursos que los que da el régimen cerrado». En materia sanitaria Aranda considera necesario, además de establecer esa unidad siquiátrica, ocuparse de la atención especializada, ya que, según subrayó, una persona aunque está recluida en un centro penitenciario «sigue manteniendo todos los derechos que no tienen que ver con la contención y la privación de libertad».
Otro apartado es el alusivo a la educación, y en este sentido el informe incide en «el reciclaje y la formación reglada para que las personas salgan rehabilitadas».
Respecto a la situación actual, María Jesús Aranda constató carencias ya denunciadas por organismos populares.
«El edificio se cae a pedazos»
En concreto, la Defensora del Pueblo de Nafarroa señaló que por un lado hay que tener en cuenta que existe «un edificio que se cae a pedazos, que está muy mal y que hay que abordarlo con una concepción diferente».Por otro lado, manifestó que hay que reconocer el «gran esfuerzo y las medidas positivas establecidas tanto por los profesionales, como por las organizaciones no gubernamentales y el voluntariado».
No obstante, Aranda apuntó que «no se ha evaluado lo que va a suponer a la hora de las medidas rehabilitadoras en régimen abierto una nueva dimensión de la cárcel respecto de lo que hay en este momento, cuando ya hay insuficiencia de recursos».
