Los responsables de la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas (FEVAAS) y la Confederación estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp) afirman «estar hartos» de que los responsables del Gobierno español «nos den largas a nuestras revindicaciones para obtener la equiparación de las pensiones entre quienes tuvieron que abandonar las empresas por la fuerza, por procesos de reconversión y regulación de empleo, antes de 2001 y quienes lo hicieron posteriormente». Critican, sin embargo, que los parlamentarios sí se ponen de acuerdo todos para «subirse sus sueldos millonarios y obtener pensiones sin tener que cotizar según las reglas que se exigen para el resto de los trabajadores».

La modificación del porcentaje de la penalización por anticipar la jubilación antes de la edad legal a los 65 años entre prejubilados «crea una discriminación muy importante». El cálculo entre un sistema y otro supone que los primeros pierden respecto a los segundos en torno a los 12.000 euros anuales en caso de haber cotizado a la Seguridad Social por encima de los cuarenta años y tener una base reguladora alta.

La gravedad del asunto se encuentra en que desde esas organizaciones han comprobado la diferencia de trato que tienen ellos con sus pensiones y las de los parlamentarios españoles. Los senadores y diputados españoles aprobaron el martes el presupuesto para que «todos los diputados que alcancen once años de mandato tengan garantizado el cobro de la pensión máxima». Un trabajador para conseguir esa cantidad tiene que cotizar a la Seguridad Social durante 35 años, el triple que un diputado, y durante los últimos quince años debe hacerlo por la base máxima de cotización, lo que casi es imposible. De hecho, la media indica que los trabajadores cobran pensiones del 80% de su salario cotizado, en los mejores casos.

Iñaki Vicente es presidente de ambas organizaciones de prejubilados y pensionistas. Echa la mirada atrás y no distingue entre los gobiernos españoles del PSOE y PP, porque «todos nos dicen que se arregla, pero no se resuelve de forma satisfactoria nuestra situación. Estamos cansados de estar peleando. Somos mayores. Seguimos en la lucha porque tenemos que resolver este problema. Debo decir que hay muchos que se están quedando por el camino».

El malestar que recorre a estos pensionistas que cotizaron durante su vida laboral por encima de los cuarenta años tiene su origen porque «lejos de que nos equiparen nuestras pensiones, vemos que el Secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, anuncia que se nos va a dar una cantidad unitaria de 54 euros, pero no resuelve la injusticia histórica que hicieron con nosotros y a la que se habían comprometido». Vicente, acompañado por otros miembros de la directiva de ambas asociaciones, asegura que «el PSOEnos mandaba todos los libros de sesiones con sus intervenciones subrayadas cuando estaba en la oposición y, en la actualidad, ni manda ni nos resuelve el problema».

Fuentes indirectas con las que contactaron los prejubilados y pensionistas, les dijeron que la intención de Granado es conseguir primero «un avance de las cantidades económicas que nos adeudan de nuestras pagas mensuales, para después realizar la equiparación técnica que pedimos, pero en 2008».

La importancia de este tema se encuentra en que, a nivel del Estado español, son entre 250.000 y 300.000 afectados. De ellos, más de 12.000 son ex trabajadores de Hego Euskal Herria. «La responsable del PSOE en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, me dijo ­explica Vicente­ que se ha aprobado en el seno del pacto un proyecto que reúne nuestra demanda, pero tiene que continuar su tramitación. No se aprobará antes de abril de 2007».

El trabajo diario de estas organizaciones de prejubilados y pensionistas está poniendo al descubierto la falta de interés de los diferentes gobiernos por resolver el problema de sus salarios. «Nos echaron del trabajo con rapidez. Así sanearon las empresas con dinero público. Hicieron reconversiones y cerraron fábricas. Pero, después de haber cotizado los años previstos en la Seguridad Social, se nos niega lo que es nuestro. Es una vergüenza. Es un robo. Un atraco. Nos están dando largas. Cada año que pasa, año que perdemos, porque no se nos aplica la retroactividad. Ni más ni menos. Al final, queremos que nos equiparen ya, sin retroactividad, pero que podamos disfrutar de lo que antes ya hemos cotizado, ni más ni menos».

El problema principal con que se han encontrado estos pensionistas ha sido en el cambio de la ley a partir de enero de 2002, dado que los coeficientes de penalización por anticipar la edad legal de jubilación variaron del 8% a situarse en una escala por debajo del 6%, sin que se les tuviera en cuenta. «La legislación modificó esos baremos a partir de esa fecha, pero no nos tuvo en cuenta. Por eso, pedimos que se nos aplique también a nosotros en las mismas condiciones. Damos ya por perdido estos cinco años, pero que nos den las pensiones que merecemos porque hemos cumplido, como se aprobó también una proposición en el Congreso español en la que se decía que si has cotizado por encima de los 35 años, al cumplir los 65 años tienes derecho a la pensión completa».

Los técnicos de FEVAAS han hecho un estudio del perjuicio que les está ocasionando con las distintas variables. «El Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, nos dijo que nuestro planteamiento era difícil de aplicar a uno por uno de los pensionistas. Nosotros lo hemos hecho y con una jornada de cada oficina de la Seguridad Social se realiza el cálculo», explicó Vicente. En este sentido, para una pensión de 600 euros de un trabajador jubilado, la aplicación de los porcentajes reductores supondría una media de 55 euros al mes «parecido a lo que nos quieren poner», pero para una pensión que se acerque a la máxima de 1.500 euros, la diferencia de aplicar los porcentajes de reducción de una manera a otra, teniendo en cuenta los cuarenta años cotizados, supone una pérdida de 196 euros al mes.

También han hecho una propuesta a las haciendas forales para que aquellos prejubilados que no tuvieron complementos se puedan beneficiar de las exenciones fiscales. Han propuesto que se aplique el IRPFsegún el porcentaje de la pensión que recibe. Y, por otro lado, quieren lograr que los prejubilados «también obtengan las mejoras en cuanto a ayudas de carácter social en reducción de billetes de transporte y otras mejoras», con las que no cuentan. -