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La defensa pide que se investigue si dos «peritos» han incurrido en varios delitos
Si el martes el jefe de los «peritos» de la Guardia Civil tuvo que admitir que no pueden afirmar que Teresa Toda y Jabier Salutregi fueran nombrados por ETA, ayer reconoció que un informe sobre «Egin» está plagado de datos inciertos y de información sesgada, siempre contraria a las personas mencionadas. Los autores del informe hablaron de «errores», pero el letrado José María Elosua observó un posible delito de «falsedad documental» y «falso testimonio».
MADRID
En el marco de este proceso, la Guardia Civil elaboró un extenso informe, a petición del juez instructor, en el que se incluye una lista de hasta 86 personas supuestamente relacionadas con “Egin” y que, según el instituto militar español, «han sido objeto de atestado policial por su relación con ETA-KAS».A mediodía de ayer, tras un intenso interrogatorio, el jefe de los «peritos» reconoció que «está claro que hay varios errores en ese informe, y que algunos de ellos son evidentes». Los dos autores del documento atribuyeron esos «errores» a su desconocimiento respecto de los datos aportados ayer por la defensa lo que ya es grave tratándose de «peritos», pero el letrado José María Elosua no fue de la misma opinión, y solicitó a la Sala que dedujera testimonio a esos guardias civiles por un posible delito de «falsedad de documento público» y otro de «falso testimonio». Pidió, asimismo, que esas diligencias fueran trasladadas al Juzgado de Guardia para que éste determine si existe delito en la actuación de los agentes y, en su caso, adopte las medidas correspondientes. El fiscal salió de inmediato en defensa de sus «peritos» y, tras defender su labor, apuntó incluso que Elosua pudiera estar incurriendo en un delito de «calumnias» contra ellos. Tras un receso, el tribunal anunció que dará a conocer si deduce testimonio a los dos guardias civiles en los próximos días, mediante sentencia. Además, rechazó, «por extemporáneo», incorporar al Rollo de Sala documentación aportada por la defensa para rebatir el contenido de ese informe.
Muguruza, en el Consejo del 91
Antes de que se hubiera llegado a este punto, Elosua dedicó toda la sesión a evidenciar los errores de bulto del informe «pericial» que incluye, como «vinculados a ‘Egin’», desde personas que han enviado un artículo de opinión alguna vez a trabajadores de cualquier ámbito del diario periodistas, técnicos, personal de Administración, e incluso a gente que ha trabajado en empresas que han tenido alguna relación comercial con el periódico hasta su cierre.En esa lista aparece, por ejemplo, Rafa Díez, a quien los Servicios de Información de la Guardia Civil sitúan en el Consejo de Administración de “Egin” en 1991. A preguntas del letrado, uno de los autores admitió que ese dato era incorrecto, y lo atribuyó a «un error de mecanización». «Pero sí tiene vinculación con ‘Egin’, porque se responsabilizó de un artículo publicado», se quiso defender el declarante. «Es un ‘error de mecanización’ tan grave como para vincular a una persona que firma un artículo con el Consejo de Administración del periódico», replicó Elosua, quien preguntó si existía «algún otro error sustancial que quiera subsanar de motu propio». El agente no encontró ninguno en ese listado, y el abogado señaló entonces que otras dos personas citadas en el mismo párrafo que Díez tampoco eran miembros del Consejo de Administración de “Egin” sólo uno de los mencionados lo era en 1991. De hecho, una de estas personas es Josu Muguruza, muerto en el atentado contra diputados y senadores de HB en el Hotel Alcalá, en 1989. Prosiguió Elosua con la lista, y advirtió que algunas personas incluidas tenían como «antecedente» haber sido imputadas por «injurias al Rey», «desacato a la autoridad» o por haber denunciado en un artículo torturas a los detenidos vascos. «¿Son éstos ‘delitos relacionados con el complejo ETA-KAS’?», preguntó, a lo que los agentes respondieron que «creímos conveniente incluirlos». Otro de los citados es el profesor Ramón Zallo, de quien se dice que «fue procesado por un artículo considerado apología del terrorismo». «¿Les consta que el señor Zallo fue absuelto por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional el 26 de marzo de 1984?», volvió a preguntar el abogado. «No, no nos consta».
«Inflar el informe»
De José Félix Azurmendi se afirma que «ha sido procesado y condenado por diferentes tribunales en varias ocasiones». «¿Me pueden decir si el señor Azurmendi ha sido condenado alguna vez, y por qué tribunal?», volvió a inquirir Elosua antes de explicar que todas sus causas habían sido revocadas.Tampoco «constaba» que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español a indemnizar al letrado Miguel Castells en su informe igualmente penado, al igual que muchos otros datos que puso sobre la mesa Elosua. A modo de conclusión, el abogado preguntó si «no es cierto que lo que pretendían realmente era inflar ese informe e incluir la mayor cantidad de gente posible, para presentar a ‘Egin’ como un nido de delincuentes al servicio de ETA». Murillo no dejó que constara la pregunta.
«Los guardias nunca pueden ser peritos»
Eskubideak censuró con dureza que el tribunal haya aceptado la participación de los guardias civiles en esta fase pericial, y recordó que «nunca pueden ser peritos, porque en cualquier juicio los peritos tienen que ser objetivos, especialistas, imparciales e independientes». La Asociación de Abogados de Euskal Herria mostró su temor de que esta decisión, que consideró más política que jurídica, «busque base para una condena», y denunció que el derecho a la defensa está siendo vulnerado. -
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