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La cantidad es importante pero, sin embargo, no representa ni el 20% del fraude fiscal estimado por diferentes estudios y expertos en este área. Iruarrizaga eludió relacionar los rendimientos medios que declaran los trabajadores y los que declaran los empresarios y los profesionales para establecer una correlación directa en el fraude fiscal. Según los datos que aportó el grupo del PSE, «en 2002 las rentas medias declaradas por los trabajadores alcanzaron los 18.134 euros en Bizkaia y las declaradas por las rentas económicas sólo llegaron a un rendimiento anual medio de 10.619 euros», lo que quiere decir que un trabajador obtuvo una ganancia media de 7.515 euros más que un empresa, lo que es ilógico y muestra el nivel de opacidad y de hipocresía existente en este tema.

El diputado de Hacienda en su contestación dijo desconocer de memoria los datos, pero evitó relacionar ese aspecto de la fiscalidad con el fraude. Tampoco, como inquirió el representante de Ezker Batua, informó sobre el efecto que tiene el peso de la economía sumergida en Bizkaia y el fraude que genera. Diferentes expertos calculan que la economía sumergida se sitúa por encima del 22% en el conjunto del Estado español, pero José María Iruarrizaga sólo señaló al respecto «ser consciente» de que existe en Bizkaia y advirtió de que «no toda ella es fraude fiscal». También dejó claro que la globalización económica ha propiciado «mucho fraude». Desde las filas del PNVse aseguró, de forma categórica, que «luchamos contra un gigante» y el representante de EA se limitó a recordar que el logro de la afloración de la evasión fiscal es del equipo de gobierno que controla la Diputación de Bizkaia.

Iruarrizaga aportó datos exhaustivos y relató que existen cinco actuaciones que desvelaron ese nivel de fraude. Una de ellas es la relativa a «la compraventa de vehículos de lujo con procedencia de la UE», que mantiene dos informes remitidos a la fiscalía por importe de 2,9 millones. Adelantó que en breve remitirá otros tres por presunto delito contra la Hacienda pública de cuatro millones. Otro área es el fraude inmobiliario, con diez informes, por importe de 8,6 millones. El resto son fraudes en los sectores de telefonía y componentes informáticos, en la recuperación de chatarra y de actividades profesionales.

Investigan la sucesión de empresas
El área de recaudación de la Hacienda foral vizcaina trabaja, según explicó Iruarrizaga, en evitar que determinadas empresas lleven adelante sucesiones para evitar sus obligaciones tributarias. «Las derivaciones suponen atacar una de las mayores prácticas de fraude», dijo. Han sido 442 actuaciones, que han derivado en 712 casos por un importe total de 84 millones. -

Elkartzen denuncia que la reforma del IRPF «profundizará más en la injusticia social»

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Tras la comparecencia en la comisión de Economía y Hacienda de las Juntas Generales José María Iruarrizaga, aseguró que las negociaciones que mantienen las instituciones vascas en el Organo de Coordinación Tributaria (OCT) han permitido consensuar el 95% de la reforma del IRPF y del Impuesto de Sociedades.

Iruarrizaga rehusó, a preguntas de los periodistas, revelar detalles de la posible modificación de las deducciones por compra de vivienda habitual. Sin embargo, Elkartzen, movimiento social por los derechos sociales en Euskal Herria, denunció que la reforma del IRPF «profundiza e la injusticia social al aumentar el dinero público que va a manos privadas y beneficia al lobby de la Construcción, fundamentalmente al capital financiero, tanto a bancos como a cajas de ahorros, y alimenta la burbuja especulativa».

En este sentido, el movimiento social recuerda que «las medidas que adopten las haciendas forales no están pensadas para favorecer a las personas necesitadas de vivienda». Insiste en que «está encaminada a fortalecer el modelo precario que nos está imponiendo el sistema capitalista y que está siendo amparado y legislado por las diferentes instituciones y partidos que la sustentan». Elkartzen adelanta que los pasos que quieren dar las tres haciendas forales es «dar un impulso a los créditos para la compra de vivienda y aumentar la cuantía de la desgravación».

Lamenta que «las desgravaciones primen con el dinero de todos la compra de una vivienda, transfiriendo con descaro recursos públicos a manos privadas» y, por último, se pronuncia en favorecer la vivienda de alquiler.