Se cumplía el primer mes del alto el fuego cuando el Consejo Político, órgano creado en el seno del Gobierno de Lakua y conformado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe (PNV), el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), y el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo (EB), presentaba en el palacio de Ajuria Enea lo que definieron como su primera «aportación al proceso de paz». Se trataba del “Plan de Paz y Convivencia”, un catálogo de numerosas iniciativas ­algunas ya en marcha con anterioridad­ de diversas consejerías del Ejecutivo.

Desde un principio los miembros del tripartito insistieron en el carácter abierto del plan y en su deseo de que el resto de grupos parlamentarios realizaran aportaciones al mismo. Sin embargo, la presentación inicial no causó entusiasmo entre los grupos de la oposición. PSEy Ezker Abertzalea quisieron esperar a conocer más detalles que los avanzados en la rueda de prensa antes de posicionarse. El PP no necesitó explicaciones. Se colocó en contra desde el principio.

El 2 de mayo el Consejo de Gobierno aprobaba formalmente el plan y lo remitía al Parlamento para que fuera esta institución la que decidiera cómo tramitarlo y debatirlo. La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, volvió a destacar que estaba abierto a las aportaciones de todos los grupos.

La Mesa de la Cámara, cuando recibió el plan, decidió encauzarlo hacia la Comisión de Derechos Humanos, para que allí fuera tramitado como una comunicación del Gobierno. Esto supone que, tras su presentación a cargo de miembros del Ejecutivo y un primer debate, queda abierto un periodo de tiempo para que cada grupo parlamentario pueda presentar propuestas de resolución para su posterior votación.

El debate inicial sobre el plan tuvo lugar en la Comisión de Derechos Humanos el 28 de junio. La defensa corrió a cargo del consejero de Interior, Javier Balza, del de Justicia, Joseba Azkarraga, y del de Asuntos Sociales, Javier Madrazo. Pese a sus explicaciones, el plan siguió sin levantar entusiasmo en las filas de la oposición. A lo sumo, una suerte de urticaria en el portavoz del PP, Santiago Abascal, quien lo definió como un «intento infame de mezclar la realidad de las víctimas del terrorismo con quienes presentan denuncias falsas de torturas, con los presos alejados de sus casas o con los partidos ilegalizados».

Desde Ezker Abertzalea, Itziar Basterrika apuntaba que la prioridad todavía es la «resolu- ción del conflicto» y que no se debe hablar de las «consecuencias» del mismo «cuando permanece vivo».

Rodolfo Ares, del PSE, lo definió como un «cajón de sastre» en el que se incluyen medidas ya aprobadas por el Parlamento y otras iniciativas sobre las que el Gobierno sabe que no puede haber acuerdo. Pero tuvo otra aportación que a la postre ha marcado el devenir parlamentario del plan. Ares pidió al resto de grupos que no presentaran propuestas de resolución, con el fin de «poner en marcha to-do aquello que nos une y no enzarzarnos en aquello que nos separa, ni en debates, ni en votación».

La iniciativa no sonó mal a los oídos del tripartito, por lo que se abrió un plazo hasta el 30 de setiembre para ver si se presentaban propuestas de resolución o no.

Antes de que concluyera dicho plazo, en el Pleno de Política General del 22 de setiembre, el lehendakari insistía en su discurso en su «voluntad de incluir en el plan las aportaciones y reflexiones que se consideren oportunas por parte de los grupos parlamentarios». La apelación de Ibarretxe bien podía entenderse como una invitación a la presentación de propuestas de resolución.

Sin embargo, ningún grupo dio el paso y el lunes pasado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Iñigo Urkullu, dio por finalizada la tramitación parlamentaria del “Plan de Paz y Convivencia”.

Para ser la primera y hasta ahora única iniciativa del Consejo Político, y haberse presentado como «una aportación al proceso de paz», lo cierto es que ha pasado por el Parlamento sin plena ni gloria, con un debate de apenas tres horas y media, incluido un receso de diez minutos.

Su futuro ahora es incierto. Algunas de las medidas pueden ser impulsadas por el Gobierno en solitario. Pero cabe suponer que un plan de estas características debería tener vocación de ser un proyecto colectivo y plural, impulsado por una mayoría cualificada del Parlamento.

Un caro precedente

No es éste el primer plan al que Juan José Ibarretxe ha querido dar relevancia y que ha acabado «archivado» en el Parlamento. Uno de los proyectos estrella de la pasada legislatura fue el proyecto de ley de creación del Observatorio de Derechos Humanos, anunciado en su discurso de investidura de 2001. Su definición y organización fue encargada por el lehendakari al ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza a finales de ese año.

La propuesta de Mayor Zaragoza entró en la Cámara en enero de 2003. Lakua recalcó que no había querido tocar ni una coma del proyecto remitido por su redactor. De poco sirvió. PPy PSE presentaron sendas enmiendas a la totalidad, aunque fueron rechazadas. Se formó una ponencia para el debate del proyecto, pero nada más se supo de él. El tripartito hubiera contado con los votos de Sozialista Abertzaleak para crear el Observatorio, pero fue una mayoría que Ibarretxe no quiso.

El proyecto costó 91.000 euros. El lehendakari calificó el gasto como una buena inversión.

La creación del Observatorio, con el apellido «Internacional», se incluyó después en este “Plan de Paz y Convivencia”. Por lo visto, lo sacaron de un cajón para acabar en otro. -