DONOSTIA
Guardia Civil y Ertzaintza han entrado desde el lunes en más de 100 herriko tabernas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa por orden de la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Todas esas irrupciones, según el auto hecho público el lunes, eran para inventariar «locales y bienes». Pero fue el presidente de ese tribunal y del CGPJ, Francisco José Hernando, quienayer desveló su verdadera finalidad:buscar «pruebas» para sostener la supuesta relación entre Batasuna y ETA.«He de decir, y no revelo ningún secreto, que se ha encontrado material verdaderamente mucho más convincente sobre la ligazón que existe. Ya lo habíamos dicho así, que ETA y Batasuna son la misma cosa en un campo político y en un campo terrorista», dijo Hernando en una entrevista a Onda Cero.
Durante estos días, han sido muchas las llamadas recibidas por GARA en las que se aseguraba que, tras realizar los registros, los agentes salían de los locales con cajas y bolsas con diverso material, que eran cargadas en los vehículos policiales: es el caso, entre otros, de Iruñea, Lesaka, Bera, Donostia y Durango. Incluso, se han interpuesto denuncias en los juzgados por estos hechos.
El presidente del Supremo destacó que el proceso de liquidación de los bienes de Batasuna responde al cumplimiento de la Ley de Partidos y que, desde junio de 2003, el TS ha tomado varias medidas tendentes a la liquidación derivada de la ilegalización de la formación.
«Una de las medidas fue nombrar tres liquidadores, que han elaborado un informe por el cual llegaban a la convicción de que las herriko tabernas eran un medio de financiación de Batasuna», manifestó, para agregar que ese informe fue sometido a la Sala del 61 y ésta adoptó «la medida precautoria» de entrar en los locales. «Primero hay que oír a las partes, pero como esa audiencia de las partes, entre las cuales está Batasuna, podía poner en peligro la integridad física y la pervivencia de los bienes de las herriko tabernas, se ha adoptado la medida de entrar en ellas e inventariar todo lo que allí existe», manifestó.
La abogada Jone Goirizelaia, en declaraciones a este diario, ya alertaba el lunes de que lo importante de la orden judicial era «el fondo de la cuestión», que el Supremo «está diciendo implícitamente que las herrikos son de Batasuna (...) Y no es ninguna tontería, porque esos bienes son de unas sociedades culturales que tienen unos propietarios, que no han tenido parte ni en el procedimiento ni en la ejecución». Y añadía:«Se está utilizando esa resolución con auténtico abuso de derecho (...) Una cosa es hacer un inventario y otra llevarse cosas para investigar si en los ordenadores encuentran yo qué se qué».
Más irrupciones y protestas
Las irrupciones continuaron ayer. La Ertzaintza acudió sobre las 8.15 a la sociedad cultural Uxola de Ondarroa. Los policías rompieron la puerta para entrar y permanecieron unos pocos minutos en el local.También registraron Bolatoki de Bermeo, adonde llegaron sobre las 11.00. Los ertzainas, según indicaron vecinos, llamaron a un cerrajero para abrir la puerta. Una hora después abandonaban el lugar, no sin antes instalar una nueva cerradura. «No han dejado llave, por lo que deberemos cambiarla».
Desde las sociedades Haritzmedi de Alonsotegi y Harrigorria de Abanto informaron de las irrupciones policiales que sufrieron el martes; en ambas localidades se realizaron al anochecer sendas encarteladas en las que participaron 40 y 30 vecinos, respectivamente.
Ayer también hubo protestas:50 en el barrio donostiarra de Intxaurrondo y 200 en Azpeitia. En el barrio bilbaino de Irala realizaron un corte de carretera y en el iruindarra de la Txantrea, al mediodía, colocaron barricadas de fuego.
Además, el Pleno de Durango rechazó una moción en la que le se pedía que enviara sendas misivas al cuartel de la Guardia Civil y a la Audiencia Nacional en denuncia del operativo contra Intxaurre, así como que defendiera su labor y trayectoria de 20 años. A las puertas de la Casa Consistorial se concentraron 30 personas.
