Muertos por nada (I)
El 27 de octubre de 2005, Bouna Traore y Zied Benna morían electrocutados cuando huían de un control policial. Un tercer joven resultaba gravemente herido. Este hecho desencadenaría una revuelta en la que participaron miles de chavales en las calles apenas iluminadas de esos lugares que figuran no sólo en la periferia de las grandes ciudades, sino también en la periferia de la acción política. La miseria, en tanto que se sobrelleve en silencio y no se visibilice, a nadie molesta. A nadie, salvo a quienes la padecen. La exclusión no es un problema de orden público y, por tanto, la solución no puede ser policial-represiva (estado de emer- gencia, toque de queda selectivo, etc.). Quienes participaron en los disturbios no eran delincuentes, eran jóvenes que se movilizaban contra el recrudecimiento de los controles policiales y la degradación social y económica de sus barrios. Para esos chicos la violencia incendiaria es una forma de protestar, de manifestar su descontento. A partir de ese momento, los disturbios de los suburbios se transformaron, en el discurso de las y los políticos, en actos de violencias urbanas, de falta de civismo, de gamberrismo y delincuencia más o menos organizada. Incluso, alguno hubiera deseado que la sociedad calificara estos actos de «terrorismo urbano». Es la pescadilla que se muerde la cola. Cada vez que la Policía irrumpe en las cités, adolescentes y jóvenes experimentan la cólera, la rabia, la indignación y la impotencia. Si no se abandona la retórica de la provocación y la política basada en el endurecimiento de las medidas judiciales y policiales, las próximas revueltas se transformarán en guerrillas urbanas. En los suburbios no existe una organización y articulación del descontento a través de movimientos sociales, partidos políticos o sindicatos que canalicen y representen ese descontento e impotencia, haciendo propuestas que mejoren las condiciones de vida de las personas que malviven en la periferia (alto índice de desempleo, desarraigo, brecha social, fracaso de un sistema educativo que no elimina las desigualdades...). Las revueltas constituyen una tentativa desesperada, por parte de jóvenes y adolescentes, de grabar sobre el asfalto de esos territorios olvidados de la República aquellas palabras que identificaron la revolución francesa: «igualdad, fraternidad, libertad».
¿Qué pasa con los derechos de la ciudadanía?
El alcalde de Montfermeil (UMP), con el inestimable apoyo de Sarkozy, ha extraído sus conclusiones de los disturbios del pasado año. Así, el 26 de abril de 2006 publicó un bando municipal por el que se prohíbe a las cuadrillas de adolescentes circular por el centro. La sanción consiste en una amonestación y multa de 38 euros. Un colectivo ciudadano ha interpuesto una denuncia y los tribunales han suspendido el bando. Suspendido, no anulado sin efecto: una especie de moratoria, a la espera de poder vincular segregación social e igualdad republicana de manera más democrática.
He aquí cómo entiende el actual gobierno la lucha contra la exclusión. Siempre bajo la batuta de Lord Vlad Sarko el demagogo que llamó «chusma» y «escoria» a quienes participaban en las revueltas, y que proponía una limpieza de las calles al kärcher, la UMP presentó hace unos meses un proyecto de ley «para la prevención de la delincuencia». El texto fue votado por el Senado a finales de septiembre. Se trata de una ley que asocia enfermedad mental y delincuencia juvenil y que considera patológicos ciertos comportamientos descritos como «antisociales». La ley incorpora medidas que se aplican en el caso de «violencias conyugales», de las agresiones sexuales y del consumo de drogas. Según ésta, trabajadores(as) sociales, psiquiatras, enfermeras (os) y educadores(as) están obligados a proporcionar información, hasta el momento protegida por el deber de confidencialidad, a la alcaldía. Esta ley atenta contra las libertades y los derechos civiles. Si un hijo o hija de una familia perceptora de subsidios familiares participa en los disturbios, esa familia puede perder el subsidio correspondiente. He aquí lo que se podría considerar como una política de extorsión y chantaje a las familias que perciben ayudas del Estado. ¿Qué credibilidad pueden tener a partir de ahora las y los profesionales sociosanitarios ante estos chicos? Si se sigue con la estrategia emprendida, pronto el absentismo escolar pasará a ser delito.Otro aspecto de esta ley es el hecho de que un chaval reincidente será considerado, desde el punto de vista penal, como un adulto. Puestos a ello, ¿por qué no entregamos a niños y niñas de 13 años la tarjeta de elector(a), a falta de tarjetas escolares? Puede que así expresen su rabia ante las representaciones del Estado (o su falta de presencia, más bien). Antes me refería al artículo sobre las «violencias conyugales». Para las diputadas de un Parlamento constituido por un 90% de hombres, supone un avance. En el Parlamento, como en el Rap, las mujeres se cuentan con los dedos de la mano. No obstante, los informativos no cesan de vehiculizar la idea de que los raperos de las banlieues son sexistas, ocultando permanentemente que un Parlamento compuesto mayoritariamente por hombres legisla en lugar y en nombre de las mujeres. La violencia machista concierne a todo el territorio del Estado francés y no solamente a los suburbios pobres y el sexismo no es algo privativo de los hombres de origen norteafricano. A la postre, se quiere camuflar la miseria bajo una cortina de humo. No se combate la exclusión desde sus causas, más bien se lleva a cabo una cruzada contra la población desfavorecida. Se ha reducido el chi- co de la periferia al estereotipo caricatural y grosero que lo presenta como sexista, alborotador, drogadic- to, criminal, ladrón, violador, mafioso y últimamente, integrista musulmán. Sarkozy no quiere disociar prevención y represión, salvo si la primera significa algo formal y abstracto. La represión, por el contrario, es bien concreta y forma parte de lo cotidiano en los denominados «barrios sensibles» (curioso eufemismo para ocultar la precariedad y la ghetización crecientes). Lo que ha cambiado es que la Policía nacional y las compañías CRS están omnipresentes. Las últimas, estacionadas en nuestros barrios y dispuestas a intervenir cuando la ocasión lo requiera. Jamás había visto tantos coches-patrulla estacionados delante de la comisaría de Bondy o delante de la estación de Noisy le Sec. Con el tiempo, se creará un carril especial de uso exclusivo para la Policía, al lado de la vía reservada para los autobuses. Donde se necesitaba un cordón humanitario han establecido una soga de seguridad. Una soga que aprieta y ahoga, cada día un poco más.
Autoritarismo y déficit democrático Enero de 2006. Son las 6 de la mañana en La Courneuve, cité des 4.000, cientos de policías llevan a cabo una operación «puñetazo» delante de las cámaras de televisión y niños de 9 años que miran estupefactos a través de las ventanas. Todos los cuerpos policiales estaban allí: los cow-boys de la BAC (Brigade Anticriminalité), las CRS (Compagnie Républicaine de Sécurité), incluso las ninja de la RAID (Recherche Assistance Intervention Dissuasion). Resultado de la operación: 15 kg de cannabis incautados y detención de una banda que operaba en el barrio. Algo que se convierte en rutina. El pasado 4 de octubre hacían una incursión en Mureaux. Como los policías no saben leer las cifras árabes, se equivocan al registrar las viviendas. Poco importa si se confunden o no. La brutalidad policial es la misma.
Los poderes públicos intentan desviar la atención, promoviendo falsos debates en los que se mezcla islam y disturbios. Lo que existe es un problema de discriminación y desigualdad. No es un problema de compatibilidad o no entre República e Islam, de laicidad y creencias religiosas. Lo que está sucediendo es una etnitización de la conflictividad social. Quienes responden son mayoritariamente nietos de inmigrantes de origen norteafricano. Y es así porque son estas personas las que están sufriendo directamente en sus carnes las condiciones de vida más adversas, la falta de oportunidades, la pérdida de expectativas. Sus condiciones existenciales, su entorno urbano y ambiental difiere totalmente del entorno del resto de la población. He ahí el fondo del problema. Para vivir en los suburbios no es necesario tener aspecto de meteco y rezar a Allah, más bien se trata de una circunstancia agravante. El requisito o condición necesaria para vivir en la periferia es ser pobre o nacer pobre, para malvivir y morir pobre. Durante los disturbios, más de 6.000 jóvenes fueron detenidos; 600 jóvenes de entre 15 y 25 años han sido condenados a prisión firme; cientos están con la sentencia en suspensión. Si el horizonte profesional es limitado, sin una titulación aca- démica y con antecedentes penales, la estigmatización aumenta. Para estos jóvenes, acceder a un empleo será toda una proeza; o un milagro. -
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