El CES pide a Lakua que potencie el alquiler
Potenciar la figura del alquiler, movilizar el parque de viviendas vacías, activar una política activa que cubra las necesidades de las personas con mayores dificultades y reducir las desgravaciones fiscales a la adquisición. Estas son algunas de las propuestas que ha hecho el CES respecto al Plan Director de Vivienda de Lakua.
DONOSTIA
El acceso a una vivienda digna «es uno de los principales problemas» para los jóvenes y las personas con menos recursos. Además, «el elevado esfuerzo individual» está acompañado de un «fuerte endeudamiento global de las economías domésticas». Son algunas de las conclusiones que pone encima de la mesa un informe que, por encargo del Departamento de Vivienda de Lakua, ha realizado el Consejo Económico y Social Vasco (CES) sobre el Plan Director de Vivienda 2006-2009. A pesar de que el plan ya ha sido aprobado, el CES estima conveniente que las opiniones recogidas en el informe se tengan en cuenta en su aplicación. El consejo insiste en su informe en la necesidad de potenciar la figura del alquiler. Afirma que la elección de la propiedad para acceder a una vivienda «se ha convertido en opción mayoritaria» como resultado explica «de unas políticas públicas concentradas en deducciones fiscales a la compra de vivienda y escasas actuaciones y ayudas dirigidas al alquiler». El Departamento de Madrazo ha asegurado que está entre sus objetivos otorgar al alquiler «una presencia preferente» en la promoción de vivienda protegida. No obstante, el CES considera esta declaración «meramente propagandística», ya que el Plan de Vivienda planea destinar a alquiler el 31,5% de la promoción de VPO, mientras que el 68,5% irían destinadas a la venta.
Movilizar la vivienda vacía
La movilización de la vivienda vacía es otro de los aspectos prioritarios que destaca el informe del CES. Así las cosas, considera que «la rehabilitación y regeneración urbana es un eje de actuación que favorece la conservación y revalorización del parque de vivienda ya edificado». Subraya asimismo que de esta manera no se ocupan nuevos terrenos y que fomenta, por tanto, «la sostenibilidad medioambiental y la revitalización social de zonas urbanas degradadas».El CES estima también necesaria una política activa de vivienda que cubra de manera prioritaria la necesidad de las personas con mayores dificultades de acceso, para lo que se requiere incrementar los recursos públicos. En este sentido, señala que las administraciones no pueden invertir sus presupuestos en aminorar el costo de la vivienda de la ciudadanía con recursos suficientes, «provocando una especie de rebaja de la progresividad fiscal mediante el retorno a través de la asignación pública de suelos». En la misma medida, opina que es necesario modificar la fiscalidad, una competencia que corresponde a las diputaciones, para disminuir el gasto fiscal en vivienda y transferir esos recursos a un mayor presupuesto en política activa de vivienda. A juicio del CES, el Plan Director de Vivienda centra su atención en la promoción de vivienda protegida, «olvidándose de las demás tipologías de viviendas», lo que «no contribuirá a dar respuesta al amplio colectivo de demandantes de viviendas», que en Etxebide ascienden a 87.000 personas.
Luchar contra el fraude
Asimismo, el informe apunta a que las viviendas protegidas adjudicadas en propiedad, con el paso del tiempo, «pueden dejar de cumplir la función social» para las que estaban destinadas, ya que las personas que cumplen los requisitos de acceso en el momento de la adjudicación pueden posteriormente «ver mejorada su situación económica o patrimonial». En su opinión, este colectivo debería dejar de formar parte del «segmento protegido» para que «otras personas con mayores dificultades» puedan beneficiarse del parque público de vivienda protegida. Para el CES urge adoptar medidas que «desincentiven la acumulación de vivienda desocupada como inversión refugio, ya que el gran parque de vivienda vacía es el resultado de haber convertido la vivienda en un refugio para la inversión frente a otras alternativas menos rentables». «Luchar contra el fraude», que provoca una asignación incorrecta de los recursos de viviendas disponibles, es otra de las prioridades que subraya el informe del CES. «Es preciso ser rigurosos en la inspección y abordar a lo largo del periodo de vigencia del Plan la inspección de, al menos, la mitad del parque de vivienda protegida, sea del Gobierno vasco, los ayuntamientos u otras instituciones», concluye.
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