BILBO

Según informó el alto tribunal, la Sala notificó ayer al Ministerio Fiscal, al Foro Ermua y al PP el auto por el que se admiten a trámite tanto la querella criminal como la denuncia contra los cinco dirigentes por un «posible delito de desobediencia respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, ilegalizando a Batasuna». La decisión se adoptó por mayoría de los miembros del tribunal, aunque hubo dos votos particulares discrepantes.

En su auto, al que tuvo acceso Europa Press, el tribunal sí desestima la denuncia presentada por los delitos de desobediencia y de quebrantamiento de medida cautela.

El TSJPV argumenta que «la negativa a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, se materialice por autoridades o funcionarios públicos (artículo 410 del CP), no concurre en el presente caso, ya que ni Arnaldo Otegi, ni Rufi Etxeberria ni Olatz Dañobeitia, que son quienes objetivamente podrían haber incurrido como autores en el tipo delictivo que se trata, gozan de la condición de funcionario o autoridad».

«De forma expresa»

Según el auto, «tal circunstancia no determinó, sin embargo, la abstención de ninguno de los querellados/denunciados» y recuerda que la Ley de Partidos recoge «de forma expresa, que el incumplimiento de tal disposición dará lugar a responsabilidad, conforme a lo establecido en el Código Penal». Por ello, el auto señala que «procede verificar el carácter delictivo de los hechos que fundamentan la denuncia y la querella, a los simples efectos de admisión, y atendida la gravedad del incumplimiento que cabría derivar de una actuación que contraviene lo establecido por el Tribunal Supremo cuando decreta el cese de toda actividad de Batasuna».

El coordinador de la Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, acusó al PP de querer tener una «democracia carcelaria para poder meter en la cárcel a todos los que no compartimos sus planteamientos». Indicó que el PP y el Foro Ermua mantienen una «actitud antisocialista permanente» y quieren «actuar contra el PSOE con todos los medios a su alcance».

De todos modos, dijo que tanto él como López están «muy tranquilos» al hallarse convencidos de que «no cometimos ninguna ilegalidad» en la reunión con unos «representantes de la izquierda abertzale que tienen todos los derechos civiles y políticos vigentes». Recordó que además hubo una resolución previa que permitió la cita.

Y es que, días antes de la reunión, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón resolvió no impedir la cita. Aunque en su auto sí requirió a las FSE que informaran «ampliamente» del encuentro, coincidió con el fiscal Juan Antonio García Jabaloy, quien rechazó la posibilidad de tomar medidas cautelares ya que «incluso supondría una restricción, extremadamente gravosa y no justificada, de las libertades de expresión y reunión de la formación política legal convocante», en referencia al PSE. Garzón añadió que la petición de impedir el acto «excede absolutamente» de la resolución de suspensión de actividades de Batasuna.

Pese a ello, el 9 de junio ya se admitió a trámite la querella interpuesta por el Foro Ermua contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Juan Joxe Petrikorena y Pernando Barrena por un presunto delito de «desobediencia» por la reunión que mantuvieron en Ajuria Enea el 19 de abril. El 11 de octubre se decidió además iniciar la fase de instrucción tras rechazar los recursos.