Batasuna afirma que hay que cerrar la «etapa de la apuesta judicial y policial»
·La Fiscalia se opone a la clausura de «herrikos»
El informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo español en el que se admite que la única relación entre Batasuna y las herriko tabernas es la «afinidad ideológica» supone, a juicio de la izquierda abertzale, una demostración de que «la Justicia española actúa en función de la situación y de los intereses políticos». Por ello, el mahaikide Joseba Permach, que valoró positivamente la noticia, subrayó que lo que se debe cerrar no son las herriko tabernas, sino «las operaciones represivas policiales y judiciales». En su documento, el fiscal Juan José Martín llega incluso a criticar los registros ordenados por el Alto Tribunal el pasado mes de octubre.
IRUÑEA
La Fiscalía del Tribunal Supremo español considera que «no se ha probado, como requeriría la importancia de la medida cuya adopción se somete a consideración, la existencia de una relación de carácter patrimonial entre los partidos ilegalizados [HB-EH-Batasuna] y las herriko tabernas». En el informe, el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, responde alauto de la Sala Especial o del artículo 61, encargada de la aplicación de la ilegalización de HB, EH y Batasuna que ordenó el inventario y registro de las herrikos que se produjo el mes pasado. Su opinión se expresa dentro del periodo de alegaciones abierto por el Supremo tras esta irrupción policial masiva en estos locales. La Fiscalía del Supremo critica así, aunque sea a posteriori, la decisión de entrar en las herrikos y registrar sus pertenencias.
Identidad de pensamiento
La Fiscalía destaca que «está claro que entre éstas [las herrikos] y aquellos [HB, EH y Batasuna] existe una afinidad ideológica e, incluso, una identidad de pensamiento», pero, a continuación, subraya que «de ello no puede inferirse la conclusión de que unoy otro son la misma cosa, al menos por el momento». En este sentido, la Fiscalía considera que el informe elaborado por los liquidadores nombrados por el Supremo mencionan «indicios de vinculación general y particular», pero añade que no existe «evidencia, hasta ahora, de la existencia de sociedades pertenecientes a los partidos políticos ilegalizados». De hecho, los liquidadores recurren a elementos tan peregrinos en su intento de criminalizar a las herrikos como que en ellas existen «signos distintivos de la izquierda abertzale, como el arrano beltza, la ikurriña o el lauburu», un elemento que podría ser extensible a numerosos establecimientos hosteleros de EuskalHerria. Asimismo, citan que miembros de las juntas directivas de las herrikos han sido candidatos de listas de la izquierda abertzale o que algunos de ellos son accionistas de la empresa editora de “Egunkaria”. Otro de los elementos que utilizan los liquidadores en su afán de vincular a las herrikos con los partidos ilegalizados es que algunos de sus empleados tienen «antecedentes penales de acuerdo con los archivos policiales». El teniente fiscal del Alto Tribunal español desecha ahora la validez de los informes de los liquidadores como «instrumentos jurídicamente válidos que eximan de probar la conexión entre la titularidad aparente y la real».
Sin crédito a los liquidadores
La Fiscalía del Supremo va aún más allá, ya que considera que hay que investigar individualmente a cada una de lasherrikos para determinar si existe relación directa con las formaciones ilegalizadas. Así, señala que «sólo podrán valorarse las conexiones que resulten acreditadas» y añade que «cualquier otra actuación presuntamente ilegal de éstas, no relacionada con aquellos, deberá ser objeto de depuración en procedimiento judicial independiente». Iñigo Santxo, abogado de una de las herrikos implicadas en esta causa, destaca que a los directamente implicados «no nos han dejado siquiera personarnos», ya que se trata de una actuación del Supremo en la que únicamente están representados el Estado, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y las formaciones políticas ilegalizadas, con la que curiosamente la Fiscalía admite ahora que no hay ligazón probada. Lasherrikos únicamente están personadas en la causa abierta en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón, en el denominado sumario 35/02. «Hay una carrera entre los dos tribunales resume Santxo. El Supremo optó por realizar un registro encubierto con la excusa de hacer un inventariosin que hubiera ninguna necesidad para ello», denuncia. Desde un punto de vista jurídico, Santxo considera que a la Fiscalía no le quedaba otra salida que manifestarse en contra del embargo. «Esa medida tenía que haber sido solicitada por una de laspartes personada en la causa y nadie lo ha hecho. Es el procedimiento habitual para proceder a un embargo hay que acudir al registro y un perito tiene que tasar el valor de las propiedades. Posteriormente, se saca a subasta. Pero en este caso, no se ha hecho nada de todo esto», explica. Santxo considera que lo lógico por parte del Supremo hubiera sido esperar a que la causa penal abierta en la Audiencia Nacional concluyese en una sentencia. «No es un procedimiento que se encuentre al inicio de la instrucción, ya que la Sala de lo Penal ha confirmado los procesamientos», señala. Según la normativa vigente, los jueces del Supremo no podrían ir más allá de lo que piden las partes personadas en la causa,por lo que la sala estaría incapacitada para decretar un embargo.
«Espada de Damocles»
En cualquier caso, Santxo considera que el Supremoha colgado «una espada de Damocles» sobre las herrikos, ya que el informe de la Fiscalía del Alto Tribunal utiliza en varias ocasiones expresiones como «de momento» o «hasta ahora», lo que da pie a pensar que en un futuro, dependiendo de la evolución del proceso, el embargo de estos establecimientos pueda convertirse en una herramienta en manos del Supremo para condicionar la situación política. «Si no se cumplen una serie de expectativas, puede ocurrir que, tomando como base los papeles de Garzón, decidan que sí existe conexión de lasherrikos con Batasuna y procedan a su embargo. Este escenario es algo que no se puede descartar», explica Santxo. En este sentido, cabe recordar que este mismo lunes el secretario general del PSE, Patxi López, mencionó el registro contra las herrikos como una de las actuaciones judiciales que no han contribuido a que el proceso haya avanzado de manera adecuada. Por otra parte, Santxo recordó que en su informe, la Fiscalía del Supremoseñala que no se pueden adoptar medidas cautelares contra estos locales «sin darse audiencia previa a todos y cadauno de los directivos o cargos representativos que figuren como propietarios de las herriko tabernas». Es decir, se supone que el Tribunal Supremo no debería adoptar ninguna medida contra estos establecimientos sin escuchar previamente a sus representantes, una circunstancia que, hasta el momento, no se ha producido.
Una persecución por dos vías y con 41 imputados
IRUÑEA El sumario que Garzón está instruyendo en la Audiencia Nacional contra las herrikos lleva el nombre de 35/02. Es decir, que comenzó a actuar en 2002. En mayo de ese año detuvo a once personas y les imputó un delito de «integración en organización terrorista» por su relación con las herrikos. Durante la excedencia de Garzón en Nuevas York, su sustituto, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo vivo el sumario y en febrero de este año, ordenó el cierre de Aitzaga, en Usurbil, e investigar al resto de herrikos. En total, son 41 las personas que están imputadas en el sumario 35/02, entre los que se encuentran varios mahaikides. De hecho, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, entró en prisión en dos ocasiones por este sumario. Paralelamente a la actuación que se desarrolla en la Audiencia Nacional, tras la declara- ción de ilegalidad de HB, EH y Batasuna en 2003, el Tribunal Supremo comenzó la labor de liquidar los bienes de estas formaciones. En este proceso, entró a trapo contra las herrikos, al considerarlas como patrimonio de las formaciones ilegalizadas. En este contexto, se enmarca la orden del Supremo de registrar un centenar de herrikos el pasado 25 de octubre, justamente la víspera del debate sobre el proceso en Euskal Herria que se celebró en el Parlamento Europeo. La acción del Supremo fue cuestionada por el propio Garzón, que expresó su queja y anticipó de alguna manera la crítica formulada ahora por la Fiscalía.
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