De lo visto en los últimos días en el juicio por el proceso 18/98 cabe extraer dos conclusiones difícilmente refutables: la primera de ellas, que el cierre de “Egin” fue una operación política y un atentado contra la libertad de expresión que se pretendió vestir con un ropaje jurídico, y para ello la Policía construyó una causa sin tener en cuenta la existencia de documentación que desmontaba sus pretensiones; la segunda conclusión es que el tribunal y los peritos, que se supone que deben ser neutrales el primero para emitir un veredicto justo y los segundos para poner sus conocimientos sobre determinada materia al servicio de que se esclarezca la verdad ya no tienen ningún pudor en aparecer públicamente como parte de la acusación.
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