Tenemos un día internacional que recuerda y señala la existencia de violencia de género y quiere efectuar una reseña para que ese día «todo el mundo» tome conciencia y rechace tal problema. No sabemos si es motivo de alegría o una manera de darle una «importancia» ficticia a un problema que en realidad no hay mucho interés en solucionar.

Sabemos que ese día habrá preocupación por el terrorismo doméstico y por que se compruebe de forma fehaciente que existe esa preocupación. Aunque eso debería estar patente el resto de los 364 días del año. Y no es así; no al menos al nivel que debería ser, visto el número de mujeres y menores a los que afecta.

Todavía hay una parte de la sociedad (más de la deseada) que piensa que la situación de estas mujeres es merecida o consentida. Aún podemos escuchar «lindezas» como «¡Qué habrá hecho ésta para que le zumben así!», o «lo que habrá tenido que aguantar este hombre para tener esta reacción».

Tendrán que pasar muchos años para que estas «cuñas educativas» lleguen a perderse para siempre. Va a ser un trabajo lento y costoso que queremos creer que se ha puesto en marcha con el beneplácito de la mayoría de la sociedad. Veremos si el tiempo da lugar al optimismo.

A veces la implicación social (vecinos, amigos), no es fácil porque este tipo de terrorismo amenaza tanto a la víctima como a su entorno. Y es que actualmente el sistema legal existente más bien da alas a quien arremete y las corta a quien padece; de hecho la libertad y derechos del agresor prevalecen sobre los de la víctima. Se da por supuesto la presunción de inocencia mientras que hay que pelearse por la presunción de riesgo. De boca de algún letrado podemos oír que es una aberración dictar órdenes de alejamiento por si acaso. De nuestra boca decimos que es una aberración que este año haya más de 60 mujeres muertas y miles en riesgo. La orden de alejamiento, de hecho, no da un giro a la vida del agresor.

Como primer paso, nos daríamos por satisfechas si a la hora de poner una denuncia en el juzgado se nos escuchara y se nos concediera mayor credibilidad. Es extenso el número de mujeres asesinadas con una larga lista de denuncias previas, pero que se ha revelado inútil dada la ausencia de medidas preventivas que, probablemente, hubiesen evitado su muerte. Y es que en numerosas ocasiones el paso por el juzgado sólo ha servido para agravar el problema y no para canalizar su solución. Es necesario un sistema ágil, sin caer en la precipitación actual. Simplemente deseamos una valoración adecuada. Tampoco podemos aceptar que se asuma como algo natural que el inicio de un proceso judicial conlleve de forma paralela a padecer una serie de «agresiones» definidas como «victimización secundaria» (declaraciones judiciales de menores en presencia del progenitor de- nunciado, asunción de un aumento de riesgo sin articular medidas protectoras sabiendo que la reacción del denunciado es más virulenta que antes de la denuncia, etc...). No vale con saber que existe esta «victimización». Hay que combatirla.

Para quien no es sufridor de este problema puede parecer que, desde la Administración, se establece y articula todo un abanico de medidas de ayuda para la persona agredida; pero la realidad es bastante diferente. No hay medidas beneficiarias especiales a las que no pueda acogerse cualquier otro ciudadano con similares condiciones económicas (justicia gratuita, becas, etc...). Una mujer con un trabajo remunerado con un salario medio tendrá que depender de su propio esfuerzo para sacar adelante esta situación, ya que la justicia gratuita no se contempla si gana más de 900 euros. ¡Complicada acrobacia económica para pagar hipoteca, gastos que conlleva un proceso judicial y sacar adelante a una familia en muchas ocasiones con impago de pensión alimenticia para los hijos, con la generación de nuevos procesos judiciales y perpetuación de gastos!

Conviene, por otra parte, deshacer los clichés existentes en cuanto a las necesidades del tipo de ayudas que se precisan. No todas las mujeres precisan ser evacuadas a un piso de acogida, afortunadamente, y hay quien precisa mas tiempo de terapia psicológica o requiere formación para poderse enfrentar a un empleo. Y no debemos olvidarnos de los menores y ofer- tar toda la ayuda para su adecuado desarrollo.

Respecto de las soluciones, resulta doloroso comprobar cómo para la propia Administración, este problema es importante a la hora de realizar declaraciones y manifestaciones de todo tipo; pero secundario a la hora de adoptar resoluciones y medidas prácticas. Es de agradecer la iniciativa pionera por parte del Gobierno Vasco de llevar a cabo una protección eficaz con acompañamiento activo mediante efectivos de la Ertzaintza, escoltas... frente a la ausencia de medidas similares que imperan en el resto de comunidades. Sin embargo, tenemos la sensación de que se queda en una apuesta... tímida y contenida, frente al enorme despliegue de medios que se dan para proteger a otros sectores sociales de riesgo (políticos, jueces, periodistas, etc...). La vida de una mujer, a la vista de la información publicada recientemente en prensa, tiene menos valor que los ladrillos de la pared de una sede sindical, de partido... ¡Nos abstenemos de mencionar los gastos de vehículos! Evocando a la Ley de Igualdad parece que no se conceden las mismas oportunidades de protección a las mujeres frente a las asignadas para otros estamentos. ¿Acaso quien hace la ley es el primero en olvidar cumplirla?

Tampoco se puede dejar de lado el seguimiento de aquellas personas que han sido juzgadas y condenadas con penas privativas de libertad. No es de recibo que puedan canjearlas por cursos de rehabilitación (alcoholismo, drogadicción, maltrato...) y tratamientos psi- cológicos, de muy dudosa efectividad y que, a la postre se revelan como un resquicio legal (Art. 87) con el único fin de evitar la cárcel. Al parecer, el sistema penitenciario actual no cumple la función de rehabilitación que tiene asignada (Art. 25.2 de la Constitución española). A nuestro juicio debería plantearse una reforma de dicho sistema penitenciario que garantice esta rehabilitación en vez de asumir resignadamente su fracaso, con el riesgo de impunidad que puede quedar en el agresor. ¿Alguien asume la parte de responsabilidad de los delitos que se cometen después? Si en algún delito se da la reincidencia estos son los delitos por violencia de género.

Por último es fundamental el papel de los medios de comunicación. No deben limitarse a relatar el crimen y mucho menos ofrecer una justificación «pasional» de este terrorismo doméstico. Han de implicarse como instigadores de un cambio social y como transmisores de la realidad que afecta, día a día, a este tipo de víctimas, con total desconocimiento del resto de la ciudadanía. -

(*) ACOVIDEM: Asociación contra la violencia doméstica y en defensa del menor