De lo visto en los últimos días en el juicio por el proceso 18/98 cabe extraer dos conclusiones difícilmente refutables: la primera de ellas, que el cierre de “Egin” fue una operación política y un atentado contra la libertad de expresión que se pretendió vestir con un ropaje jurídico, y para ello la Policía construyó una causa sin tener en cuenta la existencia de documentación que desmontaba sus pretensiones; la segunda conclusión es que el tribunal y los peritos, que se supone que deben ser neutrales ­el primero para emitir un veredicto justo y los segundos para poner sus conocimientos sobre determinada materia al servicio de que se esclarezca la verdad­ ya no tienen ningún pudor en aparecer públicamente como parte de la acusación.

El cierre de “Egin” fue una operación político-judicial llena de trampas. Las imputaciones a los detenidos fueron exageradas hasta las de «integración en banda armada» para justificar la intención del juez de decretar su cierre cautelar, lo que no podría haber hecho, por ejemplo, con una acusación de «colaboración». La endeblez de esa parte se pretendió corregir con acusaciones de delitos contra la Seguridad Social y Hacienda, de contabilidad y falsedad documental. Esos delitos, de existir, y sin conexión con los anteriores, nunca hubieran sido motivo de juicio en la Audiencia Nacional, sino en los tribunales ordinarios. Otra trampa. Pero, además, en la jornada del martes el perito de la Unidad Central de Información de la Policía Española reconoció que desconocía la existencia de un acuerdo entre “Egin” y la Seguridad Social para saldar sus deudas y que de haberlo sabido las conclusiones de sus documentos hubieran sido distintas. Es decir, el cierre se hizo obviando datos esenciales. Los gestos con los que el fiscal acogió esa parte de la declaración dejaron en evidencia que la afirmación del perito echaba por tierra un elemento sustancial de la acusación contra “Egin”, su director, su subdirectora y los miembros de Orain.

A lo largo de la noche debieron encenderse muchas alarmas y en la mañana de ayer los peritos trataron de corregir lo dicho la víspera y lo hicieron además ejerciendo como parte y no como expertos, lo que de manera improcedente consintió el tribunal. Las protestas de los abogados defensores sólo sirvieron para que la presidenta de la Sala se sumara a los acusadores, rompiendo ya definitivamente con principios básicos como el derecho de los imputados a un juicio justo o, al menos, imparcial. Es difícil no ver este juicio como una farsa con sentencia ya dictada. -