Askatasuna: «Los jueces han pasado a limpio el trabajo sucio de la Policía»
Askatasuna considera que la decisión de la Audiencia Nacional, aún no comunicada oficialmente a los imputados, de establecer penas de entre 6 y 11 años para trece detenidos en los «arrestos preventivos» evidencia que «los jueces pasan a limpio el trabajo sucio que hacen la Policía Nacional, Guardia Civil o Ertzaintza». Julen Larrinaga consideró que con esta condena generalizada se ha tratado de «probar la teoría del ‘todo es ETA’».
BILBO
Askatasuna valoró ayer la sentencia que ha condenado a trece jóvenes juzgados por las «detenciones preventivas». El organismo antirrepresivo informó que tanto abogados como condenados no han conocido oficialmente la resolución judicial, que ya ha sido filtrada a los medios y que castiga a estos ciudadanos vascos por «pertenencia» en un caso, «colaboración y daños con fines terroristas» en tres más, y «colabora- ción con ETA» en los restantes. Se trata de la primera sentencia dentro de unos procesos que afectarán a una larga lista de ciudadanos vascos, hasta 85 más, que tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional en el futuro. Tras conocer el fallo, Askatasuna consideró que «se pretende probar la teoría policial que dice que ‘todo es ETA’». Asimismo, en palabras de Julen Larrinaga, que compareció con once de las personas juzgadas en la causa, se constata que en la Audiencia Nacional no es posible tener un juicio justo».
Prolongación del 18/98
Larrinaga incidió en que «estos juicios preventivos suponen una prolongación del proceso 18/98. Primero se desarrolló contra organizaciones y colectivos, pero a partir de 2003 iniciaron una segunda fase dentro de la teoría policial del ‘todo es ETA’, también contra individuos». Además, el portavoz del organismo antirepresivo señaló que «se están juzgando hechos no producidos y basados en teorías policiales. Por tanto, pueden estirar esta teoría como si de un chicle se tratase, según les convenga».Larrinaga remarcó que «la Audiencia Nacional aplica una justicia de guerra. Les da igual que sean declaraciones bajo tortura, informes policiales o lo que diga el Espíritu Santo para condenar, se trata de un tribunal especial y condena al enemigo». Para Askatasuna, esta sentencia, tras un juicio en el que la Fiscalía ni siquiera ha mostrado como prueba la supuesta documentación en la que aparecerían en clave los nombres de los imputados, «supone un nuevo golpe para las libertades democráticas», además de «constatar que los jueces se limitan a pasar a limpio el trabajo sucio que hacen la Policía Nacional, Guardia Civil o Ertzaintza». Así las cosas, el organismo antirepresivo llamó a comenzar «una dinámica de denuncia de todos los juicios de la Audiencia Nacional». Durante la comparecencia publica Askatasuna enmarcó además esta sentencia dentro del proceso que vive Euskal Herria. En palabras de Askatasuna, «sus reglas no las debe marcar ni Rubalcaba, ni Zapatero, ni nadie, sino los partidos de Euskal Herria». Larrinaga señaló asimismo que «hay que establecer las bases democráticas, porque sin ellas es imposible establecer un proceso». Incidió en que éste se encuentra «bloqueado por parte del Gobierno español», al que acusó de «optar por no implantar unas bases democráticas con la represión y poner además topes al futuro ejercicio libre de derechos». Junto a ello, Askatasuna criticó el papel del líder del PNV, Josu Jon Imaz, a quien acusó de «ponerse al lado de Zapatero» y «callar» ante el rumbo tomado por el proceso, como muestra su inacción ante este juicio. Finalmente, recordó que «el resultado final ha de ser construir un marco democrático para Euskal Herria, con todos los derechos».
116 detenidos de forma «preventiva»
Siete redadas policiales con un total de 116 detenidos, 35 denuncias de torturas, 70 encarcelamientos con una media de entre dos y tres años y medio de prisión, 85 personas pendientes de juicio, 16 que siguen en la cárcel y 18 que han sido juzgadas, y un millón de euros en fianzas. Estos son algunos de las datos y consecuencias de estos «arrestos preventivos». En la comparecencia se recordó que cuando se produjeron las primeras detenciones, en 2003, el entonces ministro de Interior español, Angel Acebes, señaló que «los hemos detenido y ahora veremos de qué se les puede acusar en comisaría». Y citaron que la teoría la completó el actual ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al anunciar que «construiremos nuevas acusaciones para evitar excarcelaciones». -
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