BILBO

Las centrales calificaron de «trampa e inaceptable» la propuesta presentada. Indicaron que su oferta económica suponía un desembolso de más de 5,2 millones, «cuando los gastos que generaría la equiparación rondarían los 4,6 millones», por lo que «dedujimos que no es una cuestión de dinero, sino de conceptos».

Explicaron que la «gran mentira» estribaba en «los cálculos de unos trienios por antigüedad que no cobramos», de acuerdo a los cuales «conseguiríamos la equiparación salarial ­que supone un incremento del 12%­ dentro de 21 años», y en el capítulo sobre la inversión en normalización lingüística, en base a una estimación hasta 2017.

Insistieron en su disposición a negociar «los tiempos y formas» de la equiparación y, tras considerar al consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, y a su viceconsejero, Josu Sagasti, «interlocutores no válidos», reclamaron la intervención de los partidos que sustentan el Ejecutivo, PNV, EA y EB.

Los representantes sindicales negaron haber «hurtado» a los trabajadores la posibilidad de posicionarse en torno a la propuesta de Justicia, al insistir que fueron ellos, en asamblea, quienes rechazaron la oferta y estimaron innecesaria la consulta. Sin embargo, Lakua dijo que el referéndum fue desconvocado antes de que se realizaran las asambleas, en las que, insistió, «participan básicamente afiliados».

El Departamento de Azkarraga insistió en que la propuesta «es la definitiva» y explicó que la equiparación «no sería para 2017», como denunciaron los sindicatos, «sino una vez entre en funcionamiento la Oficina Judicial», prevista para 2009. Subrayó que el planteamiento sindical ha sido «erróneo desde el principio», ya que la homologación con el resto de los funcionarios de la Administración pública «no significa un incremento salarial del 12%». «Los sindicatos lo han vendido así a sus afiliados, cuando la equiparación lo es a todos los efectos, no sólo los retributivos, sino también de condiciones de trabajo», matizó.