USURBIL
«El proceso democrático que tanta ilusión y esperanza ha creado en la sociedad vasca está hundido o a punto de hundirse». Esta fue la contundente afirmación que dio inicio a la rueda de prensa ofrecida ayer en Usurbil por el movimiento pro-amnistía.
Transcurridos casi nueve meses desde que ETA hiciera su anuncio del alto el fuego permanente, en opinión del movimiento pro amnistía «todas las luces rojas están encendidas». Juan Mari Olano, miembro del citado movimiento, afirmó que las bases sobre las que se tiene que asentar la resolución del conflicto «han sido dinamitadas por el Gobierno del PSOE».
Con objeto de responder a esta «grave situación» y exigir unas bases sólidas para un proceso democrático que garantice la solución del conflicto, este movimiento ve necesaria la participación activa de la ciudadanía vasca. Y es por ello por lo que el movimiento pro amnistía ha decidido convocar una jornada de movilización.
La cita será el próximo miércoles, día 20, y el lema escogido para las movilizaciones que se realizarán a lo largo y ancho de Euskal Herria es «Autodeterminazioaren alde, baldintza demokratikoak».
Juan Mari Olano compareció acompañado por numerosos ciudadanos vascos que han sido objeto de ataques judiciales, entre los que se encontraban mahaikides como Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Arnaldo Otegi, Joseba Alvarez y Pernando Barrena.
Olano hizo especial hincapié en la «incompatibilidad» entre la represión y el proceso democrático y recordó que la «injerencia represiva» ha sido continua en estos nueve meses.
Olano recordó la manifestación del pasado 1 de abril, donde más de 80.000 personas reclamaron por las calles de Bil- bo la palabra y la decisión de Euskal Herria como base del proceso de resolución, y trajo a colación que ocho meses después no hay ningún tipo de resultado. Como ejemplo de ello, Juan Mari Olano destacó de que la labor realizada por los agentes de Euskal Herria no ha llegado a nada.
«Aportaciones envenenadas»
El miembro del movimiento pro amnistía subrayó que José Luís Rodríguez Zapatero «ha destrozado» las bases del proceso democrático y conculcado las reglas democráticas «construyendo leyes que secuestran la palabra de Euskal Herria y alimentan el conflicto». En su opinión, ésas son las aportaciones «envenenadas» que ha realizado el PSOE durante estos nueve meses.
Juan Mari Olano insistió en la caracterización del proceso y afirmó que, con la postura mantenida hasta ahora, los gobiernos español y francés evidencian que sólo tienen como objetivo «la rendición de Euskal Herria».
Ante esta situación, Olano hizo un llamamiento a la ciudadanía vasca para que trabaje en favor de un proceso democrático sin ningún tipo de exclusión ni injerencia, ya que en su opinión «solo así se podrá superar el escenario de imposición actual y conseguir un marco verdaderamente democrático».
El representante del movimiento proamnistía aseguró que «lo que en estos momentos está en juego» son la caracterización, los contenidos, los objetivos y las normas de juego del proceso, e insistió en el concepto de que tanto la definición como el desarrollo del mismo deben estar en manos de los ciudadanía vasca, «sin ningún tipo de tutelaje ni de Madrid ni de París».
Tras nueve meses, «todo sigue igual»
El 22 marzo, la organización Euskadi Ta Askatasuna hacía público su anuncio de un alto el fuego permanente. La noticia suscitó expectación en numerosos medios internacionales y creó esperanza en la ciudadanía vasca, ante la opción real de un proceso de solución al conflicto.
Tras nueve meses desde aquella noticia, la esperanza ha decaído notablemente, tal y como muestran encuestas como la hecha pública por Lakua el domingo, y no es para menos. Y es que el balance represivo reiterado ayer por Askatasuna pone sobre la mesa datos que evidencian que «todo sigue igual».
Según detallaron, 106 han sido las personas detenidas en Euskal Herria desde aquel 22 de marzo. 33 de estos detenidos han sido encarcelados y 2 arrestados han denunciado haber sido objeto de la práctica de la tortura.
Los derechos civiles y políticos de la ciudadanía vasca también han sido recortados en estos meses y prueba de ello son las 45 citaciones por organizar iniciativas políticas o los 53 actos prohibidos.
En este plazo, además, 227 han sido las personas juzgadas en 75 juicios llevados adelante en la Audiencia Nacional española y la Sección 14 de París.
Un total de 1.493.000 euros es lo que han tenido que pagar los vascos para recobrar su libertad.
Y si todo esto fuera poco, un preso político vasco por semana ha visto la aplicación de la «cadena perpetua de facto» llegando ya a los 22 casos. -
