Los bosquimanos de la reserva de Caza del Kalahari Central, en Botsuana, recibieron ayer el derecho a vivir y cazar en estas tierras que han habitado desde tiempos ancestrales y de las que habían sido expulsados por el Gobierno, gracias a la sentencia de un tribunal estatal.

La sentencia establece que la expulsión de los bosquimanos es «inconstitucional e ilegal» y que éstos tienen derecho a habitar en sus tierras ancestrales situadas dentro de la reserva del Kalahari. Asimismo, el Tribunal dictamina que los denunciantes tienen derecho a cazar y reunirse en la reserva, y que no necesitan ningún tipo de permiso especial para entrar en ella, según informó la ONG Survival International.

Uno de los jueces, Justice Phumaphi, afirmó que la negativa del Gobierno de Botswana a permitir a los bosquimanos cazar en la reserva «fue una condena a los residentes de Kalahari a la muerte por hambre». Pese a ello, los jueces han establecido que el Gobierno de Botswana no está obligado a proveer de servicios a la población bosquimana de la reserva.

El portavoz de la tribu, Roy Sesana dijo a las puertas del Tribunal que «es el día más feliz para los bosquimanos». «Hemos llorado demasiado tiempo, pero hoy estamos llorando de felicidad. Las expulsiones habían sido muy muy dolorosas para mucha gente. Espero que ahora podamos volver a nuestra casa, a nuestra tierra», señaló Resana.

Los bosquimanos son el pueblo más antiguo de Africa. Actualmente quedan unos 100.000 en el sur de Africa. La mitad de ellos viven en Botswana, unos 35.000 en Namibia, 4.500 en Sudáfrica y unos cuantos miles en Zimbabwe, Zambia y Angola.

La disputa dura ya dos décadas, pero las expulsiones tuvieron lugar en 2002, en medio de unas negociaciones entre los basarwa (bosquimanos) y el Gobierno para elaborar un plan de gestión de la reserva que garantizara a sus habitantes la permanencia en sus tierras ancestrales. Sin embargo, el Gobierno echó por tierra la negociación al decidir unilateralmente eliminar los servicios básicos a esta comunidad; taparon sus depósitos de agua, vertieron su agua y les amenazaron con quemar sus cabañas si no se trasladaban.

Además, el Gobierno desarrolló por su cuenta otro plan de gestión que borraba de la reserva a los basarwa. Prohibió la caza, el cultivo y la ganadería. Su objetivo, denuncia Survival, era obligar a los habitantes a que dejaran la reserva. El Gobierno quiso justificar su conducta invocando la necesidad de proteger la viabilidad de la fauna salvaje de la reserva, el coste desorbitado de mantener servicios básicos en los poblados y su deseo de incorporar a los bosquimanos en la sociedad mayoritaria del país. No obstante, parece más probable que la causa de este cambio repentino de postura sean los diamantes.

Botswana es el mayor productor del mundo de esta piedra preciosa y el Gobierno y su socio De Brees, la multinacional dueña del mercado internacional del diamante, tenían planes mucho más lucrativos para la reserva que respetar a tribus milenarias. El Gobierno negó que la expulsión se debierá a esta razón, pero no en vano la reserva está cubierta de concesiones de prospección.

La mayor parte de los expulsados ­ unos 4.000­ fueron trasladados a dos reservas. El Gobierno aseguraba que las condiciones de vida de éstos habían mejorado, pero los bosquimanos tenían una percepción muy distinta. Según ellos, el traslado provocó que los residente rompieran con sus formas de vida tradicionales, lo que les llevó a depender totalmente de la ayuda gubernamental. Esto, a su vez, provocó que muchos cayeran en enfermedades como el alcoholismo o el sida. No en vano los afectados se refieren como «lugares de la muerte» a las reservas.

«Me muero de hambre»

«Ahora dependen de las limosnas para pobres que les otorga el Gobierno», explica Survival. «No estoy haciendo nada, y me muero de hambre», denunciaba un bosquimano que vivía en una reserva del Gobierno. Algunos, que no soportaban esta situación, violaban la prohibición y entraban en la reserva a cazar. La respuesta: persecución, arresto y tortura.

El litigio ha sido tan largo que al menos el 12% de los denunciantes originales han muerto desde que el Gobierno instaló los campos de realojamiento, según Survival. Estos años se añadieron a la causa denunciante 135 bosquimanos más.

El director de Survival, ONG que ha apoyado la causa bosquimana desde el inicio, Stephen Corry, calificó la sentencia de ayer de «victoria para los bosquimanos y los pueblos indígenas de todo Africa». -

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