Estos días navideños, a responsables políticos de la CAPV un informe del CES les habrá parecido un regalo envenenado, porque pone el dedo en la llaga al destapar las insuficiencias de la Comunidad en gasto social ¡con todo lo que les gusta alardear de programas pioneros y de que nadie lo hace mejor!El estudio del CES “La protección social como elemento clave de la política social de la UE y de la CAPV” viene a desmentir sus pretensiones. De forma rotunda, afirma que el esfuerzo que realiza Euskadi en protección social está por debajo de la media española y se sitúa en el grupo de cola de los quince países de la UE, por delante sólo de Irlanda. Además, señala que la atención a estas responsabilidades ha ido a menos en los últimos diez años, ya que se ha producido un descenso del gasto en términos relativos desde mitad de los 90, aunque las partidas aumenten.
Los indicadores para saber si se da una protección social válida son los que garantizan una renta adecuada, una vivienda digna, el diseño de un mercado laboral que promueva la inclusión y los que aseguran la igualdad de acceso a servicios como la sanidad, el transporte o la asistencia social. De todos los señalados, salvo el correspondiente al mercado laboral, es el Gobierno Vasco el competente y, a pesar de que a través de un comunicado haya asegurado que en estas materias en la CAPV se gasta más, lo cierto es que las deficiencias son notorias.
La renta básica se sitúa bastante por debajo del umbral de pobreza; el acceso a la vivienda hoy es prácticamente imposible sobre todo para la gente joven; la sanidad vasca ha perdido calidad, debido en gran parte a la insuficiencia de personal y la asistencia social no cubre, ni por asomo, las necesidades reales de las personas dependientes, con el agravante de que ésta en su mayor parte está subcontratada y el personal mayoritariamente mujeres tiene unas condiciones de trabajo ínfimas, tanto en jornada y mucho más en salarios.
Los datos, que no han sido desmentidos por el Gobierno aunque los haya intentado matizar, suelen ser reveladores. Así, el estudio recoge que de 1995 a 2003 las aportaciones de las administraciones públicas de la CAPV sólo han subido un 1%, recayendo el peso en las cotizaciones sociales entre las y los trabajadores y el empresariado. Esto último no es ninguna novedad, porque si de algo se nutre la Hacienda vasca es de los impuestos de las rentas de trabajo.
La principal conclusión del informe es la recomendación para que se equiparen las ayudas por renta básica y las pensiones al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque la percepción de éste no supone salir de la pobreza. Según la OCDE, para ello habría que tener unos ingresos por encima del umbral de la pobreza, lo que serían 804 euros al mes en Euskal Herria. Teniendo en cuenta que el SMI será en 2007 de 570,6 euros al mes y que la renta básica para el año que viene será el 88% de éste, está claro que en la CAPV seguirá manteniéndose una importante bolsa de pobreza.
Según la encuesta de desigualdades sociales de 2004 del Gobierno Vasco, el 3,5% de la población y el 4,9% de los hogares se encuentran en riesgo de pobreza grave. Un porcentaje mucho mayor el 19,8% de las personas y el 23,6% de los hogares sufre «ausencia de bienestar», que les impide ir más allá de la cobertura de sus necesidades básicas. Y, lo más preocupante, un 1,8% de los hogares presenta riesgo de pobreza de acumulación, situación estructural que denota unas con- diciones de vida por debajo de los mínimos aceptables en nuestra sociedad.
Por otra parte, la pobreza varía mucho según el tipo de hogar. De los compuestos por personas solas muchas mujeres viudas el 11,3% presenta pobreza grave y el 42,3% padece ausencia de bienestar. Entre las familias monoparentales básicamente mujeres con cargas familiares estas proporciones son del 12,2 y del 29,2%. Algo parecido, pero aún con mayor alcance, sucede en los hogares cuya persona principal es menor de 25 años. Es decir, mujeres y jóvenes son quienes las están pasando canutas.
Podría haberse abordado este problema en los Presupuestos de la CAPV para 2007, pero, a pesar del rei-terado pacto con el PSE-PSOE, el gasto social sólo crece el 9,6%, bastante por debajo del aumento general del Presupuesto. En cuanto a que éste haya tenido en cuenta la perspectiva de género como plantea la Ley de IgualdadŠ que nos lo cuenten por favor, porque no la vemos por ningún lado. -
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