Las llamadas para crear un verdadero mercado interior volvieron a sonar con insistencia este año en la Unión Europea (UE), pero la reacción proteccionista de varios estados miembros ante diferentes proyectos de «fusión trasnacional» dejó clara la dificultad de lograr ese objetivo. Los obstáculos del Estado español a la OPA hostil de E.ON sobre Endesa, el bloqueo de Italia a la unión de Abertis y Autostrade y la decisión delEstado francés de fusionar GDF con Suez para impedir el éxito de una OPA de la italiana Enel sobre Suez fueron los casos más sonados. La Comisión Europea evitó, en un principio, hablar de «proteccionismo económico» y se limitó a recordar a los países «las inmensas oportunidades» que ofrece el mercado interior en el actual contexto de globalización, pero la persistencia del bloqueo a las operaciones empresariales le obligó a adoptar una posición más dura.
Por el caso E.ON-Endesa, Bruselas ha abierto dos proyectos de infracción al Estado español, uno por la ampliación de competencias de la Comisión Nacional de la Energía española (CNE) que le permitió pronunciarse sobre la OPA, y otro por los requisitos fijados para autorizar la operación.
Aunque en diferentes ámbitos y por infracciones distintas, el argumento que sustentan ambos procedimientos es el mismo: nadie más que la Comisión Europea puede poner condiciones a una fusión de dimensión comunitaria.
La rotunda negativa de Madrid a quitar a la CNE sus nuevas competencias hace prever que esta disputa acabará en el Tribunal de Justicia de la UE, cuya decisión se demorará meses, o quizá años, y para entonces lo más probable es que la OPA de E.ON, culminada con éxito o no, sea ya historia.
«Incompatible»
Todavía está por ver si Madrid tiene que enfrentarse a un tercer proceso sancionador, por la modificación de las medidas de la CNE adoptada por el Ministerio español de Industria y que Bruselas, en una evaluación preliminar, también consideró «incompatibles» con la legislación comunitaria.
Una de las condiciones impuesta por el Gobierno español y no aceptada por la Comisión la obligación de vender Endesa si en los diez próximos años otra empresa compra, directa o indirectamente, más del 50% del grupo energético alemán ayudó a refrescar la memoria de los expertos de Bruselas, que cayeron en la cuenta de que en 2002 Alemania había adoptado una decisión casi idéntica. En concreto, el Gobierno de Alemania se reservó el derecho de obligar a E.ON a vender su filial gasista Ruhrgas a otra empresa si el grupo germano es adquirido por una compañía que pueda perjudicar los intereses del país en materia energética, en especial en lo referente al suministro de gas.
Con más timidez que en el caso español, la Comisión Europea se limitó a pedir a Berlín que especifique en qué consiste ese mecanismo de control, un tipo de «acción de oro» que podría ser incompatible con la legislación comunitaria, pero sin abrirle ningún proceso sancionador.
Italia, igual que el Estado español, ha sido este año verdugo, pero también víctima de esta ola de «nacionalismo económico». Así, el interés de la eléctrica italiana Enel por hacerse con el grupo franco-belga de servicios Suez fue rápidamente contestado por el Gobierno francés, que anunció la fusión del monopolio francés del gas GDF con Suez.
Pese a lo inusual de la intervención gubernamental, en nombre del «patriotismo económico», y a las protestas de las autoridades italianas, Bruselas fue más benévola en este caso y, tras intercambiar varias misivas con París, concluyó que el Gobierno francés no buscó deliberadamente bloquear la entrada de Enel en Suez.
El Ejecutivo comunitario dio luz verde a la fusión el pasado mes de noviembre, aunque condicionó esta decisión al cumplimiento de las concesiones propuestas por las dos empresas, entre las que figuran varias operaciones dedesinversión. -
