Desde la puesta en marcha de la política agrícola en los años 60, los agricultores perciben ayudas económicas. En un principio, se trataba de subvenciones para garantizar los precios, después lo fueron para compensar los precios bajos y ahora existen ayudas a las producciones desligadas de la producción, dirigidas a la instalación, a la inversión...

Estas subvenciones han sido y siguen siendo la llave maestra de una política agrícola exterminadora de empleos, devastadora del medio ambiente y punta de lanza de una estrategia comercial agresiva con los mercados internacionales, con las consiguientes consecuencias para los agricultores de terceros países.

Además, dichas ayudas y la agricultura que deriva de las mismas son, en la actualidad, cuestionadas por numerosos contribuyentes que la financian, así como por agricultores que no se consideran satisfechos aunque muy a menudo les resultan necesarias para garantizar sus ingresos.

En este estado de cosas, cabe preguntarse si es legítimo continuar distribuyendo subvenciones a los agricultores y, en caso afirmativo, para producir concretamente qué. ¿Es normal que un sector económico vital no pueda existir si no se ayuda a los agricultores o si su útil de trabajo no es financiado a través de subvenciones? Es más, ¿qué legitimidad tiene este sistema de cara a terceros países, cuyas agriculturas destruyen nues- tras exportaciones por debajo de los costes de la producción local? ¿Sería posible pasar de ellas?

Desde 1992, la multifuncionalidad de la agricultura está institucionalizada a través del segun- do pilar de la PAC (Política Agrícola Común) que distribuye fondos en las zonas difíciles (ICHN- Indemnizaciones Compensatorias por Handicaps Naturales), indemnizaciones como contrapartida a ciertas prácticas agro-medioambientales (MAE-Medidas Agro-medioambientales, CTE-Contrato Territorial de Explotación, CAD-Contrato de Agricultura sostenible...), etc.

Pero, ¿es normal tener que pagar a la gente por mantener los paisajes limpios, por preservar la biodiversidad y por muchas otras funciones realizadas sin ningún tipo de contrapartida y sin que sean cuestionadas por nadie hasta hace bien poco? Para muchos agricultores es difícil tomar una posición sobre estas cuestiones, ya que la dependencia de estas ayudas que engendra este sistema que combaten resulta paradójico.

Segundo pilar: la remuneración de un trabajo de interés público.

El modelo agrícola que consiste en bajar los precios del mercado y compensarlos a través de ayudas a los productores para poder exportar fue rebatido primero en Gran Bretaña, después en los países nórdicos y, finalmente, en numerosos de los países del mundo a los que esta política pretendía ayudar. Este sistema resultaba particularmente agresivo para todas las producciones agrícolas locales de esos países. Era, asimismo, muy injusto para los pequeños agricultores europeos, que se encontraban compitiendo con los grandes productores que acaparan el 80% de las subvenciones.

En 1999, con la reforma denominada «Agenda 2000» se empieza a hablar de multifuncionalidad. A los agricultores se les reconocen otras tareas diferentes a la producción en sí, como son la ordenación del espacio, la protección de la naturaleza y el desarrollo rural, ámbitos para los que también se destinan fondos. Es el segundo pilar de la PAC. Más que ayudas, son retribuciones que la colectividad concede a los agricultores que se comprometen a realizar dichos trabajos.

Respecto al conjunto de las ayudas, el 60% se destina a la producción vegetal; el 20%, a la animal; el 5%, a los ICHN; el 3%, a las ayudas agro-medioambientales, y el resto, a otras medidas del segundo pilar (mecanización y edificación).

Ante este desequilibrio, la Comisión sugirió a cada estado reducir un poco el primer pilar para poder aumentar el segundo que, dicho sea de paso, era mucho mejor aceptado por la población y por los demás países. Pero esta «modulación» fue considerada intolerable por los grandes productores de cereales y el Gobierno comunitario reculó. (...)

Hoy nos encaminamos hacia la supresión de las ayudas del primer pilar, aunque nadie se atreva a decirlo. Esta supresión sólo será posible si los precios del mercado aumentan. Sólo las grandes explotaciones agrícolas podrán resistirlo. ¿Qué será de las demás? La desaparición de numerosas explotaciones representa pérdida de empleo, pero también el abandono de todo aquello que el pequeño agricultor hacía, gratis y en silencio: como es dar vida a un territorio, conservar su identidad y salvaguardar el medio natural. Todo esto no podrán hacerlo las grandes explotaciones. Quizás entonces la sociedad verá más claramente la importancia de mantener esta agricultura campesina y alimentará la hucha del segundo pilar, no para conceder ayudas sino para remunerar a quienes se comprometen con el resto de los habitantes del territorio.

Por supuesto, corresponderá a los agricultores luchar para conservar el valor añadido de sus productos, hacer que su producción continúe siendo la base de sus ingresos y que las remuneraciones contractuales no sean más que algo complementario.

Queda mucho camino por recorrer para llegar a este objetivo. -

(*) Olivier Cattenoz y Dominique Schmitt son miembros del sindicato

Confédération Paysanne de Alsacia.