Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber se extiende a las administraciones públicas respecto del personal a su servicio», según recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

El texto legislativo añade, entre otros elementos, que «en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo» y, además, los responsables de los centros de trabajo están «obligados a desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva».

Estos preceptos legales, sin embargo, no se cumplen por parte de las empresas, lo que provoca una interminable lista de siniestralidad laboral. Esto ocurre sin que la acción de la Administración pública se esté demostrando eficaz para frenar la elevada siniestralidad, que no son sólo los accidentes mortales, sino las lesiones importantes que dificultan a las personas poder tener una vida digna o seguir en su puesto de trabajo. Un error evidente es equiparar la responsabilidad de los empresarios y de los trabajadores en lo referente a la prevención y la seguridad en el centro de trabajo. No puede ser así, porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es clara en esta cuestión y sitúa la responsabilidad única en el empresario. Sin embargo, son ya más de once los años transcurridos desde que se aprobó esta ley y todavía muchas empresas no han realizado la evaluación de riesgos laborales. No han fijado el mapa de riesgos a los que se enfrenta el trabajador durante su jornada laboral diaria.

Retraso productivo

Tampoco sitúan la salud de sus trabajadores por delante de la producción. Muchos empresarios conocen lo que la legislación les impone, pero evitan aplicar medidas de seguridad y prevención, porque, de hacerlo, la producción se retrasaría.

Algunos servicios de prevención consultados por este diario, reconocen que la aplicación de medidas de seguridad ralentiza en un 30% la producción en máquinas en cadena y centros industriales automatizados. Algo similar ocurre en la Construcción, un sector en el que el trabajo continuado supera las diez horas diarias y, en muchos casos, en condiciones de falta de visibilidad ­sobre todo en época invernal­, en el que se evitan mecanismos de seguridad para «no perder el tiempo montando y desmontando».

En Euskal Herria, el año pasado fallecieron al menos 127 trabajadores y en lo que llevamos de éste, son ya tres más los que han perdido la vida.

En el mundo mueren un promedio diario de 6.000 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, lo que equivale a 2,2 millones de muertes al año, según reconoce la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

350.000 del total de fallecimientos se deben a accidentes en el lugar de trabajo, y a ellos hay que añadir otras 158.000 muertes más por accidentes in itinere, es decir cuando van o vuelven del trabajo. El resto mueren a causa de enfermedades contraídas en el puesto de trabajo.

En este nuevo año, los trabajadores deben sensibilizarse ante la falta de seguridad en las empresas y denunciar las situaciones de riesgo a las que están expuestos en su trabajo diario.

Asimismo, deben conocer que la legislación determina que «el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave o inminente para su vida o su salud».

Pese a su difícil y controvertida aplicación, sobre todo entre quienes tienen contrato precario, los trabajadores deberían apoyarse en los representantes sindicales para actuar en esa dirección, unidos para ganar en seguridad y salud. -