La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, valoró ayer la decisión adoptada por el plenario de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española con respecto al preso vasco Iñaki de Juana Chaos. La portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero trató de reforzar el principio de la división de poderes, al manifestar que el ejecutivo ni ha sido ni es parte del proceso judicial, y remarcó que «cuando la Justicia habla, el Gobierno calla». Esta última afirmación se cae por su propio peso cuando el titular de Justicia de ese mismo gobierno, Juan Fernando López Aguilar, afirma que frente a la decisión adoptada por el tribunal especial de retener en prisión a una persona en riesgo inminente de muerte había otras opciones también acordes a la ley.

No obstante, y sin obviar los procedimientos absolutamente expeditivos adoptados dentro de la Audiencia para impedir que se produjera un eventual pronunciamiento más conforme no ya al derecho, sino al más básico principio humanitario, lo que no resulta de recibo es el intento de Moncloa de marcar distancias con respecto a las actuaciones que tienen que ver con los presos vascos.

Es más que evidente que la decisión de «construir» nuevas causas la patrocinó el ministro López Aguilar, sin que el presidente de su Gobierno le desautorizara. Es igualmente irrefutable que fue la Fiscalía la que ofreció al tribunal la posibilidad de aplicar a De Juana una pena ejemplarizante por el contenido de dos artículos de prensa. En consecuencia, parece del todo excesivo afirmar que el Gobierno ni ha sido ni es parte del proceso que ha llevado a Iñaki de Juana a cumplir 81 días de su segunda huelga de hambre, postrado en una cama y alimentado en contra de su voluntad.

No es aceptable que un Gobierno que se proclama democrático intente transmitir a la sociedad la idea de que la vida de un preso depende en exclusiva de las decisiones que adopte un tribunal que, no cabe olvidar, tanto por su origen como por las actuaciones que adopta cada día desde hace tres décadas se sitúa en la excepcionalidad permanente.

El Gobierno español y las instituciones vascas pueden y deben activar todos los mecanismos a su alcance para evitar que se produzca un desenlace fatal en este caso, como pueden y deben trabajar para que desaparezca ese tribunal y esa «legislación antiterrorista» que permiten que se juegue a la ruleta rusa con las personas encarceladas. -