La justicia española ha confirmado la prolongación de la venganza contra Iñaki de Juana en una especie de comedia que ha precisado del concurso de todo un pleno de un tribunal especial como es la Audiencia Nacional. Una vez más, la legalidad vigente de este Estado que padecemos no ha supuesto la más mínima garantía para un ciudadano vasco sino que, muy por el contrario, ha otorgado el aval judicial al «todo vale» en la represión contra el enemigo.

Oídas y leídas las distintas reacciones al auto que decide la condena a la muerte sumaria para Iñaki, resulta complicado razonar y no caer en la trampa de devolver sus propias aberraciones como si fueran racionamientos.

Desde el ministro de Justicia hasta el jefe de la oposición, todos se han felicitado de la eficacia de la se- paración de poderes y de la aplicación de la ley. Veladas críticas políticas mediante, el resultado satisface a unos y a otros por lo visto, mientras un ser humano agoniza maniatado en un hospital madrileño.

Por supuesto ninguno de ellos ha mencionado que la resolución de la Audiencia Nacional es la aplicación más vergonzante del derecho del enemigo, donde se juzga el autor y no los actos cometidos. Desde un poder omnímodo se elimina cualquier posible salida que pueda interpretarse como concesión o gesto humanitario y se da un paso más en el enfrentamiento, dejando clara la imposibilidad de un acuerdo de convivencia civil.

Este derecho del enemigo es el que inspira al Estado español, un estado que no ha depurado ninguna de sus instituciones básicas del fascismo, del régimen militar franquista, ya que nunca ha desechado de su ideario y de su estrategia mantener cautiva y desarmada a la disidencia política y social.

Una vez más, ese Estado se mira al espejo como lo hizo con la guerra sucia del PSOE de Felipe González, o con el desmantelamiento de libertades civiles y políticas que arrastra desde la era Aznar, y advierte que sólo admite la imposición y el uso más abusivo del monopolio de la violencia, para conseguirlo por encima de cualquier otra consideración.

En el caso de Iñaki, además, el escenario ha sido diseñado previamente por los medios de comunicación, que han servido para crear personajes que pudieran ser odiados suficientemente por el ciudadano español medio y así propiciar su linchamiento social y anestesiar cualquier atisbo de respuesta ética.

También, cómo no, las asociaciones llamadas de víctimas se han prestado una vez más a colaborar con el Estado que las alimenta. Así, están promoviendo respuestas viscerales en una sociedad embrutecida que sólo es capaz de asimilar el ansia de venganza, aunque ni siquiera sepa identificar contra qué ni contra quién.

Pero en medio de esta morralla, desde Euskal Herria no podemos olvidar que fue precisamente el Gobierno actual del PSOE quien ordenó construir imputaciones judiciales para impedir que Iñaki fuera excarcelado tras cumplir su condena. En cualquier sociedad democrática actual una afirmación así removería la opinión pública y las propias instituciones del Estado. Pero en España ha sido tomada con absoluta naturalidad, tal como ha sido admitida la utilización de la tortura durante décadas o lo ha sido la impunidad del terrorismo de Estado.

Está claro que Zapatero no ha conseguido saciar la bestia de unos poderes fácticos que siempre quieren más, de un PP que sólo se contentará volviendo a gobernar con mano de hierro o de una parte de su propia base social que sólo demanda asimilación y unidad de la patria.

No sólo no lo ha conseguido no dando ni un sólo paso en el proceso político que queremos abrir en Euskal Herria; además, como en el caso de Iñaki, ha apostado en sentido contrario y ahora es mucho más costoso deshacer lo andado.

Una vez más, la sociedad vasca tiene la obligación de exigir que cese la negación de la razón y de la vida; una vez más, la ciudadanía de este país se debe sentir interpelada para impedir que ese derecho del enemigo pueda conducir a la muerte a Iñaki y a nosotros, vencidos y desarmados, a la desesperanza.

Debemos exigir al Gobierno del PSOE que libere a Iñaki, y debemos exigirle que se libere de las cadenas de un pasado que no ha traído más que sufrimiento y castigo a este pueblo, porque ninguna sociedad libre se construye sobre la aceptación de un estado que aplica la venganza y la imposición y que se perpetúa por principios de victoria militar.

La sociedad vasca quiere construir el futuro en paz y lo está demostrando; pero para ello, es imprescindible que todos, también Iñaki y los cientos de presos y presas políticas, estén en casa participando, opinando, trabajando. Y esto es algo que la sociedad española tendrá que entender, mejor pronto que tarde, porque es el único futuro en paz imaginable. Iñaki tiene que vivir entre nosotros, ¡es el futuro! -