Alemania ha vuelto a hablar de la Fracción del Ejército Rojo (RAF) nueve años después de su autodisolución. La razón es que en marzo una de sus activistas, Brigitte Mohnhaupt, de 57 años de edad, podría quedar en libertad provisional, después de haber pasado un cuarto de siglo en prisión.

Al mismo tiempo el presidente de la República alemana, Horst Kshler, está deliberando sobre la conmutación de la pena del activista Christian Klar, de 54 años. Hasta hace poco, Kshler era favorable a acceder a esta petición, pero en menos de una semana los medios de comunicación han utilizado los dos casos para desatar una discusión artificial que mezcla argumentos jurídicos con interpretaciones personales y emociones.

Arrepentimiento

Los primeros que se hicieron escuchar fueron familiares de las víctimas. Michael Buback, hijo del fiscal general, muerto en 1977 por la RAF, dijo: «Si ahora se está hablando de clemencia, también se debería hablar de confesión y de arrepentimiento».

La viuda del presidente de la Patronal alemana, Waltrude Schleyer, opinó respecto a Mohnhaupt y Klar: «Ellos sabían lo que hacían y hasta ahora no se han arrepentido». El moderador de televisión, Michel Friedmann, a la sazón abogado, llevó el debate al colmo preguntando si una «cadena perpetua» hubiera de ser «eterna» o en cambio si habría que cambiar de término.

Con ello el debate está perdiendo el contacto con la realidad, convirtiéndose en una polémica sobre derecho o venganza. Desde el punto de vista legal, los casos de Mohnhaupt y Klar son bastante claros: en 1985 la activista fue condenada a cinco cadenas perpetuas más 15 años extra por todos los delitos atribuidos a la RAF en 1977. Según los jueces, Mohnhaupt, detenida en 1982, tendría que pasar un mínimo de 24 años en la cárcel. Este tiempo vence en marzo ya que la miembro de la RAF, considerada como una de sus líderes, fue detenida en 1982. Mohnhaupt ha hecho la correspondiente solicitud para que pueda pasar el resto de su pena ­otros cinco años­ en libertad provisional.

Su paso corresponde a la normalidad jurídica del país. La jurisdicción no exige que un condenado a cadena perpetua se arrepienta de sus hechos. Los jueces han de determinar si el reo ha cumplido la pena, si está en condiciones para reintegrarse en la sociedad y si ha dejado de presentar un peligro para la sociedad. La policía alemana detuvo a Klar en 1982. En el mismo juicio en que Mohnhaupt fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas más 15 años. En otro juicio en 1992 le cayó otra cadena perpetua más. En 1996 un tribunal dictó que el miembro de la RAF tendría que pasar un mínimo de 26 años en la cárcel. Por lo tanto, no sería liberado antes del 2009.

Destacados políticos se inclinaron en favor de la puesta en libertad de los dos. Uno fue el ex ministro de Interior, Gerhart Baum, y el otro el ex ministro de Asuntos Exteriores y de Justicia Klaus Kinkel. Este último inició a principios de los años 90 la denominada «campaña de reconciliación» que culminó en la «autodisolución» de la RAF en 1998. Kinkel ha dicho recientemente: «Después de 24 años de cárcel, la clemencia tiene preferencia antes que la ley». Añadió que habría que dar a esta persona la posibilidad de reintegrarse en la sociedad.

Su correligionario del partido liberal FDP, Baum, resumió que los dos presos ya no presentaban ningún peligro para la sociedad. De hecho no hay grupo armado alguno que siga los pasos de la RAF. Desde la derecha del espectro político es el ministro presidente de Baviera, Edmund Stoiber, quien se opone a una liberación de los dos activistas, exigiendo que ambos den muestras de arrepentimiento. Le respalda su partido la Unión Cristianosocial (CSU) y un sector de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel.

Varios medios de comunicación hacen eco a las exigencias de destacados familiares de las 34 víctimas mortales de la RAF. Buback, por ejemplo, requiere que uno de los dos le diga quién mató a su padre. Un enigma sigue siendo quién mató al jefe de la Patronal Schleyer.

Metodos «antiterroristas»

Fue una de las características de la «lucha antiterrorista» de la Alemania Federal que su justicia condenara a los dos activistas por todos los delitos de la RAF, cometidos en 1977, sin demostrar su responsabilidad individual en cada uno de ellos.

En los años 70 el Gobierno de Bonn diseñó todo un abanico de métodos «antiterroristas» para acabar con la insurgencia armada de índole izquierdista. Esta, a su vez, fue una reacción a la política conservadora que se implantó en la Alemania occidental en las décadas de los años 50 y 60.

Para repeler el grupo formado por Andreas Baader y Ulrike Meinhof, seguido por la RAF y el grupúsculo «2. Juni», Bonn empezó a poner límite a los derechos civiles, creando una especial legislación «antiterrorista» que sigue estando en vigor.

Además instaló inmensos bancos de datos e incurrió en actividades ilegales. Entre esas figuran las infiltraciones de las estructuras insurgentes. Sus agentes provocadores incitaron varias acciones «terroristas».

En 1993 el confidente Klaus Steinmetz protagonizó la operación policial en Bad Kleinen en la cual la policía alemana detuvo a Birgit Hogefeld y dio muerte a Wolfgang Grams. En el desastre murió también un agente especial bajo circunstancias no aclaradas.

Un enigma rodea también la muerte de Andreas Baader, Jan Carl Raspe y Gudrun Ensslin en la cárcel de alta seguridad de Stammheim. Según la versión oficial, se suicidaron con armas de fuego.

Otro enigma rodea a la identidad de la «tercera generación» de la RAF que supuestamente mató al jefe del Deutsche Bank Alfred Herrhausen en 1989 y al presidente del Instituto Fiduciario Detlev Karsten Rohwedder en 1991. En la actualidad sólo quedan dos activistas más en la cárcel: Hogefeld y Eva Haule. Su suerte y la de Mohnhaupt y Klar dependen del Estado alemán ya que no cuentan con apoyo de ningún poder político ni con el respaldo social. -

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