Iñaki IRIONDO
Pacto difuso con protagonismo del PNV
El ministro deInterior, alfredoperez rubalcaba, haconvocado a losgrupos delcongreso a unanueva ronda dereuniones sinhaber reunido antesel llamado pactoantiterrorista, pesea los preparativosiniciados conEduardo zaplana. elgesto no esanecdotico. da unaidea de como puedefuncionar el «granconsensodemocratico» delque hablo zapatero.
José Luis Rodríguez Zapatero compareció el pasado 15 de enero en el Congreso de los Diputados en un intento de recuperar la iniciativa tras el atentado de Barajas y para plasmar los ejes estratégicos con los que iba a afrontar en adelante la lucha contra ETA. Por un lado, aseguró que «el Gobierno proseguirá aplicando tenazmente y con fuerza los distintos ejes en los que se ha basado el consenso en la lucha antiterrorista; apoyará, como siempre se ha hecho, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la persecución y puesta a disposición judicial de quienes cometen actos terroristas o ilegales; intensificará la cooperación internacional de carácter bilateral o multilateral para perseguir más eficazmente las distintas estructuras de la acción terrorista y para impedir la existencia de cualquier tipo de impunidad; protegerá a las víctimas, las reconocerá una vez más, y lo hará con la ley de solidaridad». Poca novedad por ese lado.A continuación apuntó que «el objetivo prioritario» de
su Ejecutivo será «mejorar el alcance de los acuerdos democráticos y pactos que
hemos logrado en nuestro periodo democrático y anuncia su propósito de trabajar
por la consecución de un gran consenso democrático contra el terrorismo que aúne
las fuerzas no solo de los dos grandes partidos sino, a poder ser, de todos los
partidos democráticos de nuestro país. Más aún, no sólo de los partidos sino de
las organizaciones sociales y cívicas más representativas de los españoles. Aún
más, que incorpore también a los representantes de los ciudadanos inmigrantes,
que han sufrido en carne propia el azote del terror, como lo sufrieron también
el 11 de marzo de 2004, y que compartan nuestras ansias de convivencia en paz y
en libertad». Zapatero anunció la inmediata convocatoria de la comisión de
seguimiento del llamado Pacto Antiterrorista y una ronda con todos los grupos parlamentarios.
El PP dio la respuesta prevista
Los llamamientos al consenso realizados por el presidente del Gobierno al PP tuvieron como contestación duros ataques personales y una batería de proposiciones no de ley con las que Mariano Rajoy pretendía marcar desde la oposición la estrategia de Estado. Salvando quizá la inusitada dureza en el discurso, la respuesta del PP no sorprendió en La Moncloa. La ausencia de este partido en la manifestación del 13 de enero en Madrid ya hacía presagiar que no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión. Que lo que pretendería, en todo caso, sería apretar más las tuercas al Gobierno. Pero el PP no hizo sólo lo que ya había previsto Zapatero, sino también lo que el presidente quería que hiciera.La dirección del PSOE sabe que el acuerdo con el PPes
imposible y sus continuos llamamientos a la unidad tienen como único objetivo
que Mariano Rajoy los rechace, cuanto más agriamente mejor, de forma que la
opinión pública o, mejor dicho, el electorado reciba el mensaje de que
son los «populares» quienes rechazan el consenso y, además, de forma maleducada.
No es que al Gobierno no le gustara contar con el apoyo del mayor partido de la
oposición ante el principal problema de Estado, pero lo que no puede consentir
es que sea el PPquien acabe dirigiendo la estrategia.
Consenso no escrito
Con anterioridad a la comparecencia de Zapatero en el Congreso, los días 9 y 10 de enero, su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantuvo una ronda de encuentros con todos los grupos parlamentarios. Pese al anuncio del presidente del Gobierno ante la Cámara y a los contactos habidos entre Rubalcaba y Eduardo Zaplana, aún no ha sido posible reunir a la Comisión de Seguimiento del llamado Pacto Antiterrorista y está por ver que la cita llegue a concretarse, puesto que el PP no quiere aparecer como mero figurante en la fotografía. Ello no impide que el ministro de Interior haya llamado de nuevo a todos los portavoces para el próximo martes, cumpliendo el compromiso de mantener reuniones quincenales.Hay que prestar atención a esta dinámica, porque es más que posible que el «gran consenso democrático» no vaya mucho más allá. Desde el comienzo y también tras el atentado de la T-4, el Gobierno de Zapatero sabe que ningún partido parlamentario, a excepción del PP, va a discutirle públicamente la estrategia que adopte. Sabe, por tanto, que cuenta con su apoyo y que lo único que necesita es ir atando la complicidad y la lealtad de aquellos socios que en este momento le pueden resultar más útiles para su estrategia. Y ese socio, a día de hoy, tiene un nombre: PNV. El modelo de «pacto» que estaría buscando el Gobierno español en este momento sería un consenso tácito, que no se ajuste a un texto escrito y cerrado que pudiera hipotecar movimientos futuros, y que se base en el diálogo fluido con la mayoría de los partidos. Y con la respuesta conjunta de todos los grupos de minimizar las proposiciones no de ley que el PP anunció en esta materia ya ha quedado claro que ese modelo puede funcionarle al PSOE. La gran cuestión es cuál va a ser el contenido de fondo
de la estrategia gubernamental. Por un lado está claro que mantendrá la dinámica
policial y represiva a la que no ha renunciando en ningún mo- mento, como
reconocía Rodríguez Zapatero en su última comparecencia ante el Congreso.
Además, por lo que se ha venido avanzando, el Ejecutivo intentará presionar a
Batasuna reeditando una vez más el viejo sueño de tantos «pactos
antiterroristas» de que la formación independentista presione a su vez a ETA
para que deponga las armas. Junto a todo ello, el Gobierno se ha negado
explícitamente a revocar la resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005, que
Zapatero señala públicamente como la base de su «proceso de paz». Según Pérez
Rubalcaba, «no es razonable que después de un atentado como el que ETA ha
cometido en Madrid la reacción del Parlamento sea derogar sus propias
disposiciones. Eso no es sensato».
El papel fundamental del PNV
En estos momentos en los que la estrategia de Zapatero se ha tambaleado, al no poder contar con el apoyo del principal partido de la oposición, el Gobierno español necesita el acompañamiento de alguna otra fuerza política con cierto peso específico y, dada la materia de la que se trata, esa fuerza no puede ser otra que el principal partido nacionalista vasco. A lo largo de toda la legislatura, Zapatero ha cuidado especialmente al PNV, tejiendo una red de complicidades tanto con el presidente del partido, Josu Jon Imaz, como con su principal referente institucional, el lehendakari, Juan José Ibarretxe. La comunicación ha sido siempre fluida y la lealtad del PNV al Gobierno español ha quedado suficientemente demostrada en los momentos más difíciles para La Moncloa.La necesidad que el PSOE tiene del PNV en esta materia
dota a los jeltzales de un mayor poder de influencia que en etapas anteriores,
por lo que también podría condicionar las bases de ese consenso no escrito. La
reacción inicial del portavoz del grupo en el Congreso, Josu Erkoreka, fue
interesante. Destacó que la «lucha contra el terrorismo desde el Estado de
Derecho» no puede basarse en leyes de excepción que restringen derechos
fundamentales como el pluralismo político, que imponen el «derecho penal de
autor o del enemigo» o que mantienen una política penitenciaria vengativa. Al
día siguiente, la portavoz del Ejecutivo de Lakua insistió en la misma línea,
apuntando que el nuevo consenso no podría basarse ni en la ilegalización ni la
actual política carcelaria. Fuentes periodísticas cercanas a La Moncloa no
tardaron en hablar de que Ibarretxe ponía obstáculos al acuerdo que buscaba
Rodríguez Zapatero.
Imaz y el factor policial
Sin embargo, en las últimas fechas el PNV ha ido limando aristas con Madrid. El pasado fin de semana fue pródigo en declaraciones de sus líderes muy duras hacia la izquierda abertzale, culpándola nuevamente del fracaso del proceso. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, dejó claro, además, que «en el proceso de final de la violencia la acción policial es un factor importante». El portavoz del EBB, Iñigo Urkullu, aseguró que «quien sitúa a Batasuna fuera del juego político es ETA, no la leyes». Yel lunes, el portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, apuntó que su partido «no va a renunciar» a sus postulados para alcanzar un acuerdo sobre «política antiterrorista», pero añadió que sí está dispuesto a «matizar» planteamientos, «e incluso ablandar posiciones» en aras del consenso.En la ronda que encuentros que el martes lleve a cabo el ministro de Interior con los partidos se irán perfilando más nítidamente los contornos de la nueva estrategia gubernamental, pero ya se puede ir avanzando que será no escrita, acomodaticia a la coyuntura y aprobada por asentimiento por la mayoría de partidos. Y, como tantas veces, se basará en la estrategia del palo y la zanahoria contra la izquierda abertzale, con el concurso del PNV. -
Zapatero inició la legislatura jurando fidelidad al Pacto y ha cumplido
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones de 2004 recibió diversas peticiones de que reformara el llamado Pacto Antiterrorista. Entre éstas destacó la del presidente del PNV, Josu Jon Imaz, que utilizó para ello la tribuna de oradores del mitin convocado por su partido con motivo del Aberri Eguna. La respuesta del PSOE llegó por triplicado. José Blanco, número dos del partido; Javier Rojo, presidente del Senado; y José Antonio Pastor, líder del PSE en Bizkaia, confirmaron al unísono la utilidad de dicho Pacto y su decisión de mantenerlo en su integridad y «en sus términos». Después, el propio Zapatero, en el discurso de investidura, destacó la validez del acuerdo con el PP, aunque abrió otro marco de relación con el resto de grupos parlamentarios a través de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. La nueva legislatura, la recién estrenada política de alianzas del PSOE y los choques que ya se aventuraban con el PP aconsejaban al Gobierno un cambio de formas.El exacerbado enfrentamiento que PSOE y PP han mantenido en esta materia puede hacer pensar que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha enterrado el llamado Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo. Es cierto que ha quedado finiquitado en lo que el pacto tenía de punto de encuentro entre ambos partidos. Sin embargo, un repaso a los contenidos del texto evidencian que el presidente sigue manteniendo el juramento de sus principios que hizo en la investidura. Se ha prescindido de las formas entre ellas la conformación de una coalición de hecho contra el nacionalismo vasco, que el PSE aparcó ya tras el fracaso en las autonómicas de mayo de 2001 pero se ha mantenido buena parte del fondo. ¿Cuál era el núcleo de aquel Pacto? En realidad tenía poco de novedoso en los contenidos. Se limitó a recoger en un texto escrito buena parte de lo que ya se venía haciendo. Más importante que el texto fue su desarrollo. En este campo, el eje central del decálogo fue, precisamente, su punto 5. En el primer párrafo señala que el sistema penal español ofrece la «respuesta jurídica adecuada para reprimir» los «delitos de las organizaciones terroristas». Pero a continuación se añade que si surgen «nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos», se impulsarán reformas legales. No surgió ningún comportamiento novedoso, pero se construyeron «alarmas sociales» que dieron lugar al endurecimiento del Código Penal, de la Ley del Menor antes incluso de su entrada en vigor y se redactó una ley para la ilegalización de Batasuna. Todas esas reformas legales siguen hoy plenamente vigentes. El segundo párrafo de ese punto 5 establece que «la política penitenciaria forma parte de la estaregia de persecución contra las bandas terroristas» y que «la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo castigo de los condenados». Este punto no sólo ha sido plenamente respetado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sino que lo ha desarrollado con innovaciones como la introducción de facto de la cadena perpetua y la «construcción de imputaciones» para evitar la excarcelación de quienes ya cumplieron condena. Sus frutos se han vuelto a ver esta semana. Por lo tanto, no conviene dejarse engañar por la bronca diaria. El PSOE ha suspendido aspectos del Pacto como el matrimonio con el PP y el divorcio del PNV que marcaba el preámbulo. Pero los que afectaban a la izquierda abertzale se han mantenido o endurecido incluso con ETA en alto el fuego. Es a ese núcleo y no a las cuestiones formales al que debiera hincarse el diente al buscar una nueva estrategia.
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