Teresa Toda - Periodista

El resol del atardecer se cuela en la sala, como telón de fondo para la cansina voz del secretario del tribunal que desgrana documentos de uno de los muchos tomos del sumario 18/98. Según progresa la lectura de la prueba documental solicitada por el fiscal, van apareciendo datos que deberían motivar la preocupación del tribunal sobre cómo se han logrado declaraciones sobre las que se basan algunas de las acusaciones más graves.

 «Acta de declaración d ..., siendo las 23.40 horas del día tal...", «Acta de reconocimiento fotográfico, siendo las 00.15 horas del día tal...". Es decir, en el vientre más oscuro de la noche. ¿Le parecerá normal al Tribunal que se efectúen diligencias a esas horas? ¿Es normal tomar declaración en plena noche a una persona detenida varios días antes? ¿No sería suficiente ese dato para cuestionarse esos interrogatorios? Conforme avanza la lectura, más datos llamativos. Ya es casualidad que las cuatro personas que denunciaron torturas y malos tratos durante su detención en el sumario 18/98 presentaran «hematomas de evolución de varios días", es decir, supuestamente previos a su arresto, según los partes forenses. O que alguna hubiera tenido una supuesta «actitud violenta" que obligó a «maniobras de sujeción" que le dejaron las marcas... Casualidad.

Tampoco parece llamar la atención el hecho de que una persona detenida tres veces guarde silencio las dos primeras y de repente, la tercera vez, cuando es detenida por la Guardia Civil, haga una larga declaración, al ser preguntada por los mismos hechos por los que le interrogaron en los anteriores arrestos y durante los cuales no declaró. Esos pequeños detalles de los informes y partes de la Guardia Civil y los forenses no vienen sino a corroborar las denuncias de Nekane Txapartegi, Mikel Egibar, Xabier Alegria y Xabier Arregi. El fiscal ha procurado cubrirse las espaldas haciendo que se leyeran sus declaraciones judiciales y policiales, pero con ello no logra borrar la realidad: que estas personas han sido torturadas.

 Lo sabemos porque ellas lo han denunciado, porque las hemos conocido, porque les creemos, porque sabemos que en el Estado español la tortura forma parte de los interrogatorios policiales y goza de la protección que se niega a sus víctimas. Nadie que no haya atravesado ese calvario puede reflejarlo en su lenguaje corporal como lo hemos percibido compartiendo horas en la sala de la Casa de Campo. Alguien miente, y desde luego no son estas personas. La tortura existe. No es algo del pasado, sino del presente muy presente. Es un delito bien definido por los códigos internacionales e insertado también en el Código Penal español. Pero es un delito impune en general por todo el mundo, y desde luego en el Estado español. No es algo «de cuando la dictadura". Todos los gobiernos españoles desde que murió Franco la han amparado, y todos han tenido algún caso sonado con el que lidiar, porque a sus servidores se les «fue la mano". Sin embargo, de los poquísimos condenados que ha habido, ninguno está ni en la cárcel ni inhabilitado. Más bien al contrario.

Estamos en el umbral de un tiempo que obligará a afrontar el sufrimiento causado por el conflicto en todas sus facetas. No parece, sin embargo, que la disposición a destapar esas estancias secretas se haya asentado aún en los partidos que se llenan la boca de exigencias democráticas a todos los demás. Es más, las declaraciones de dirigentes del PSE tras la aprobación en diciembre de la moción del Parlamento de Gasteiz contra la tortura y la Audiencia Nacional demuestran que los intereses y la razón de Estado siguen pesando por encima de los derechos de las personas detenidas. Calificar de «antidemocrática" tal resolución sólo muestra el terrible lastre del que no son capaces de desprenderse. Ninguna persona demócrata puede avalar la tortura, y ante las denuncias no sólo de las personas afectadas, sino de organismos internacionales, la reacción debería ser investigar y poner medios eficaces para evitarla. Voluntad y medios reales, no virtuales. Para empezar, debe darse credibilidad a quien sólo dispone de su palabra y su terrible experiencia para denunciar, porque la ley le impone unos requisitos prácticamente imposibles de cumplir por las condiciones en que se produce la tortura. Es una sofisticada trampa legal para sellar la alcantarilla. Hace poco se ha constituido en Euskal Herria la Asamblea de Personas Torturadas. Todas y cada una de ellas han dado un paso muy importante, en muchas ocasiones muy difícil en lo personal, para hacerse visibles en el marco general de la sociedad vasca, rasgando la telaraña de dolor y dura intimidad tejida con los pegajosos hilos del terror pasado. Su presencia, su actividad, su denuncia, son imprescindibles para fijar bases poderosas y equilibradas sobre las que asentar el futuro y la defensa efectiva de todos los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos al fin y al cabo, en Euskal Herria.

La tortura es un monstruo anidado en la estructura del Estado al que resulta más cómodo no mirar. Cuando además, en los últimos tiempos, su viciada legitimación se extiende trágicamente por el mundo, es más necesario que nunca actuar contra ella aquí, desde aquí, empezando a quitar piezas a su estructura. Pero la tarea de lograr que se persiga ese delito de Estado y a quienes lo practican y amparan no debería recaer solamente en quienes han sido sus víctimas directas. Si nos limitamos a observar pasivamente, la sociedad -formada al fin y al cabo por personas- acabará siendo absorbida por el mecanismo del manto de silencio. Si creemos en la necesidad de salir del estancamiento reforzando los derechos democráticos, no podemos dejar de poner aquí también nuestro granito de arena.