Tras la operación policial del martes
Marlaska decreta contra cinco jóvenes prisión incomunicada
El juez Grande-Marlaska envió anoche a prisión a cinco de los detenidos el pasado martes en Donostia, para quienes ha prorrogado el régimen de incomunicación. Los otros dos jóvenes fueron puestos en libertad sin cargos.
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GARA | MADRID
El juez Fernando Grande-Marlaska decretó prisión incomunicada para Mikel Arretxe, Unai Pérez, Peio Lamarka, Ekaitz de Ibero y Egoi Alberdi -régimen que podría prorrogarse por otros cinco días según fija la legislación-, mientras que dejó en libertad sin cargos a los otros dos arrestados: Julen Garmendia y Jon Sardón. Los siete detenidos en la madrugada del martes por la Policía española en Donostia comparecieron durante la jornada de ayer en la Audiencia Nacional a partir de las 16.00, sin la asistencia de sus abogados de confianza.
Según agencias de información, Grande-Marlaska ha resuelto prorrogar la incomunicación «mientras se practican una serie de diligencias de investigación». Las mismas fuentes informaron de que a los cinco encarcelados -anoche no se cono- cía su destino- se les acusa de un delito de «integración en organización terrorista», ya que el juez considera «acreditada» su pertenencia a Segi, así como de «delitos de estragos» y de «daños terroristas».
Los jóvenes donostiarras, con edades comprendidas entre los 19 y los 22 años, fueron trasladados hasta el tribunal especial hacia las 10.30 de la mañana. No obstante, el magistrado Fernando Grande-Marlaska no empezó a tomarles declaración hasta pasadas las cuatro de la tarde. Las comparecencias se prolongaron hasta bien entrada la noche, y la decisión judicial no se conoció hasta las 23.40.
Los letrados de los jóvenes acudieron temprano a la capital española con el fin de poder asistirles, pero el magistrado del tribunal especial no permitió que asistieran a las comparecencias, por lo que tuvieron que aguardar durante horas en el primer piso del tribunal, sin tener acceso al segundo, donde permanecían los detenidos.
Mientras tanto, en los alrededores de la calle Génova fueron decenas las personas que se congregaron para mostrar su solidaridad y respaldo a los siete donostiarras. Viajaron desde Euskal Herria para ser testigos directos de lo que acaecía en el tribunal especial.
No al protocolo de Garzón
Los arrestados han permanecido incomunicados en dependencias policiales desde el pasado martes. Ante esa situación, la defensa solicitó desde el primer momento a Grande-Marlaska que aplicara el protocolo diseñado por su compañero en la Audiencia Baltasar Garzón con el fin de evitar malos tratos. Exigían la grabación de las celdas donde se procede a los interrogatorios; la posibilidad de que los siete jóvenes pudieran contar con la visita de su médico de confianza en el transcurso de la incomunicación; y que los allegados fueran informados en todo momento sobre la situación y el lugar en el que se encontraban los detenidos.
No obstante, el juez de la Audiencia Nacional española respondió con una negativa a esta petición, además de responder que el «Estado de Derecho cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las personas detenidas». Cabe recordar que en la última operación ordenada por el juez Garzón, llevada a cabo a mediados de octubre en la comarca vizcaína de Uribe Kosta y que se saldó con siete detenidos, sí se aprobó la aplicación de dicho protocolo. Aunque este protocolo no consiguió eliminar los malos tratos, ya que los arrestados en aquella ocasión denunciaron haber sido «amenazados y presionados».
Ayer, una vez conocida la decisión del juez, Askatasuna denunció «que los detenidos tengan que pasar ante el juez sin ningún tipo de acceso a su defensa es una clara vulneración de derechos que en una democracia supondría un claro escándalo político». Asimismo, recordó que «el régimen de incomunicación posibilita la tortura, y si existe la incomunicación, es porque existe una voluntad política que permite los malos tratos». Ante la decisión del juez de alargar la incomunicación, manifestaron que «no hace sino alargar en cinco días más el dolor, la incertidumbre y la preocupación de sus allegados». Askatasuna mostró su solidaridad para con ellos.
Detención y registros
La operación policial ordenada por Marlaska dio inicio a las 3.00 de la madrugada del martes, cuando agentes de la Policía española detuvieron a los siete jóvenes donostiarras. Las detenciones se llevaron a cabo en los barrios de Amara Zaharra, Amara Berri, Benta Berri, Egia, Intxaurrondo , Herrera y Añorga.
Tras el registro de cada una de las viviendas de estos jóvenes, la Policía española se personó en la Parte Vieja, registrando allí el conocido bar Urkamendi, establecimiento en el que trabaja uno de los arrestados.
Desde el Ministerio de Interior español se justificó esta operación como un «golpe a la estructura de la kale borroka». No obstante, las pruebas esgrimidas hasta ahora consisten en fotos de escasa claridad.
La operación policial desarrollada en la mayoría de los barrios donostiarras ha provocado que, desde el mismo día de los arrestos, se hayan registrado numerosas muestras de rechazo en la capital guipuzcoana. Concentraciones, manifestaciones y cortes de carretera se han sucedido estos últimos días.
El jueves al mediodía por ejemplo, hacia la 13.30, la calle Aldamar de la parte vieja fue cortada, al extender sobre ella aceite y cristales; también se colocó una pancarta en la que se criticaba el motanje policial.
No obstante, las denuncias no cesarán ya que para las 17.30 de esta tarde está convocada una manifestación desde el Boulevard donostiarra. Algunos de los participantes en la fiesta antifascista del 12 de octubre en Donostia se han adherido a esta manifestación, ya que entienden que esta operación pretende criminalizar la respuesta de aquel día.
GARA
Tras conocer la decisión de Marlaska, Askatasuna remitió un comunicado en el que aseguró que la prórroga de la incomunicación «no hace sino alargar el dolor, la incertidumbre y la preocupación de sus allegados. En cualquier democracia esta vulneración de derechos sería un escándalo».
Azken hilabeteetako polizia operazioek argi erakusten dute Gobernu espainolaren norabidea eta kezka zertan datzan, kale borroka jarri baitute beren errepresioaren jomugan. Bertako buru Jose Luis Rodriguez Zapaterok Kongresuan iragarri zuen «indarkeriaren aurrean geldiezinak» izango zirela. Honen ondotik, Polizia espainolak aurrera eramandako operazioak direla-eta, Alfredo Perez Rubalcaba Barne ministro espainolak ildo beretik mintzatu zen, eta «indarkeriaren intentsitatea edonolakoa izanda ere» haren aurka joanen direla adierazi zuen.
Negoziazio prozesua amaitutzat jo ondoren, hiru izan dira «kale indarkeria» aitzakia hartuta Polizia espainolak eginiko operazioak, orotara 18 gazte atxilotu dituelarik. Horietako gehienetan, harrapatutako gazteak «erakunde armatuan sartzeko atarian egon daitezkeen susmoak» adierazi dituzte inolako frogarik agertu gabe. Horixe egin zuen, esaterako, Perez Rubalcabak berak Bizkaian gertatutako sarekadaren ondoren. Gazte horietako batzuk ehundik gora atxiloketa eragin dituen «operazio prebentiboak» oinarritzeko erabili zituzten ustezko idatzietan agertzen zirela esan dute.
Estatu espainoleko Segurtasun idazkari nagusia den Antonio Camachok ere behin baino gehiagotan eman du aditzera «kale indarkeria erakunde armatuan sartzeko lehen urratsa» dela, eta bere iritzia frogatzeko-edo, ustezko hainbat datu aipatu ditu.
Bien bitartean, uztailetik hona hiru izan dira Euskal Herrian kale borrokaren aurkako ekimen gisa aurkeztu diren polizia operazioak. Lehena Araban izan zen Baltasar Garzon epailearen aginduz, eta bertan Koldo Moreno, Gorka Belasko, Xabier Fernandez de Gamarra eta Urko Arroyo gazteak atxilotu zituzten Gasteiz eta Agurainen. Azken hau aske gelditu zen, baina aurreko hiru gazteez gain, geroago Auzitegi Nazional espainolean aurkeztutako Federico Lomas ere preso sartu zuten.
Honen ondotik, urriaren erdialdean Uribe Kostan egindako sarekadan Joseba Elorriaga, Mikel de Gregorio, Txomin Gezuraga, Aner Mimenza, Lander Labajo, Josu Rodríguez eta Zigor Goikoetxea izan ziren Polizia espainolak atxilotutako lagunak. Azken hau izan ezik, beste seiak kartzelatuak izan ziren Baltasar Garzon epailearen aginduz.
Azken operazio poliziala astearte goizaldean izan zen Donostiako zazpi gazteren atxiloketarekin, eta iturri antiterroristek operazio honi «kale indarkeriak euskal probintzietan duen egituraren aurkako hirugarren kolpea» iritzi zioten. Orain artean, ordea, polizia operazioa justifikatzeko Barne Ministerioak erakutsi duen bakarra bereizmen handirik gabeko argazki batzuk izan dira. Polizia espainolak egindako miaketetan atzemandako materialak ere ez du gehiegi lagundu operazioaren nondik norakoak ulertzeko. Izan ere, publikoak diren propaganda euskarriak baino ez ditu eraman gazteen etxeetatik, hala nola AHTren kontrako panfletoak edota Segiren DVDak.
GARA
Un comunicante anónimo asumió el ataque contra la oficina de Correos en Zalla «en denuncia por los ataques del PSOE contra los jóvenes», y señaló que «realizarán redadas y nos torturarán, pero queremos dejar claro que otros les relevarán». Extendieron el mismo mensaje para PNV.