El juez Fernando Grande-Marlaska decretó prisión incomunicada para Mikel Arretxe, Unai Pérez, Peio Lamarka, Ekaitz de Ibero y Egoi Alberdi -régimen que podría prorrogarse por otros cinco días según fija la legislación-, mientras que dejó en libertad sin cargos a los otros dos arrestados: Julen Garmendia y Jon Sardón. Los siete detenidos en la madrugada del martes por la Policía española en Donostia comparecieron durante la jornada de ayer en la Audiencia Nacional a partir de las 16.00, sin la asistencia de sus abogados de confianza.

Según agencias de información, Grande-Marlaska ha resuelto prorrogar la incomunicación «mientras se practican una serie de diligencias de investigación». Las mismas fuentes informaron de que a los cinco encarcelados -anoche no se cono- cía su destino- se les acusa de un delito de «integración en organización terrorista», ya que el juez considera «acreditada» su pertenencia a Segi, así como de «delitos de estragos» y de «daños terroristas».

Los jóvenes donostiarras, con edades comprendidas entre los 19 y los 22 años, fueron trasladados hasta el tribunal especial hacia las 10.30 de la mañana. No obstante, el magistrado Fernando Grande-Marlaska no empezó a tomarles declaración hasta pasadas las cuatro de la tarde. Las comparecencias se prolongaron hasta bien entrada la noche, y la decisión judicial no se conoció hasta las 23.40.

Los letrados de los jóvenes acudieron temprano a la capital española con el fin de poder asistirles, pero el magistrado del tribunal especial no permitió que asistieran a las comparecencias, por lo que tuvieron que aguardar durante horas en el primer piso del tribunal, sin tener acceso al segundo, donde permanecían los detenidos.

Mientras tanto, en los alrededores de la calle Génova fueron decenas las personas que se congregaron para mostrar su solidaridad y respaldo a los siete donostiarras. Viajaron desde Euskal Herria para ser testigos directos de lo que acaecía en el tribunal especial.

No al protocolo de Garzón

Los arrestados han permanecido incomunicados en dependencias policiales desde el pasado martes. Ante esa situación, la defensa solicitó desde el primer momento a Grande-Marlaska que aplicara el protocolo diseñado por su compañero en la Audiencia Baltasar Garzón con el fin de evitar malos tratos. Exigían la grabación de las celdas donde se procede a los interrogatorios; la posibilidad de que los siete jóvenes pudieran contar con la visita de su médico de confianza en el transcurso de la incomunicación; y que los allegados fueran informados en todo momento sobre la situación y el lugar en el que se encontraban los detenidos.

No obstante, el juez de la Audiencia Nacional española respondió con una negativa a esta petición, además de responder que el «Estado de Derecho cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las personas detenidas». Cabe recordar que en la última operación ordenada por el juez Garzón, llevada a cabo a mediados de octubre en la comarca vizcaína de Uribe Kosta y que se saldó con siete detenidos, sí se aprobó la aplicación de dicho protocolo. Aunque este protocolo no consiguió eliminar los malos tratos, ya que los arrestados en aquella ocasión denunciaron haber sido «amenazados y presionados».

Ayer, una vez conocida la decisión del juez, Askatasuna denunció «que los detenidos tengan que pasar ante el juez sin ningún tipo de acceso a su defensa es una clara vulneración de derechos que en una democracia supondría un claro escándalo político». Asimismo, recordó que «el régimen de incomunicación posibilita la tortura, y si existe la incomunicación, es porque existe una voluntad política que permite los malos tratos». Ante la decisión del juez de alargar la incomunicación, manifestaron que «no hace sino alargar en cinco días más el dolor, la incertidumbre y la preocupación de sus allegados». Askatasuna mostró su solidaridad para con ellos.

Detención y registros

La operación policial ordenada por Marlaska dio inicio a las 3.00 de la madrugada del martes, cuando agentes de la Policía española detuvieron a los siete jóvenes donostiarras. Las detenciones se llevaron a cabo en los barrios de Amara Zaharra, Amara Berri, Benta Berri, Egia, Intxaurrondo , Herrera y Añorga.

Tras el registro de cada una de las viviendas de estos jóvenes, la Policía española se personó en la Parte Vieja, registrando allí el conocido bar Urkamendi, establecimiento en el que trabaja uno de los arrestados.

Desde el Ministerio de Interior español se justificó esta operación como un «golpe a la estructura de la kale borroka». No obstante, las pruebas esgrimidas hasta ahora consisten en fotos de escasa claridad.