Agustín GOIKOETXEA

Un grupo de personas se concentró, a las 11.00, en la plaza Saralegi de Bilbao la Vieja para denunciar que desde hace cinco años, cuando Lakua edificó viviendas sociales en los terrenos de la antigua mina San Luis, 37 se mantienen vacías a pesar de que miles de personas vienen solicitando su derecho a un techo. «¿Es que acaso en Bilbao no hay jóvenes que necesitan emanciparse? ¿Es que acaso no hay familias a las que dado su bajo nivel de ingresos no se pueden permitir el lujo de acceder al mercado libre?», preguntaron a las autoridades.

Desde Elkartzen, convocante de la protesta, se incidió en que es la tercera vez en que se movilizan para que los responsables del Gobierno de Gasteiz terminen de otorgar los 270 pisos que se construyeron hace un lustro para realojar, en una parte, a las familias de la calle Cantarranas, a las que se les derribaron sus casas dentro de la operación de regeneración urbanística de este centro histórico de la villa, y atender otras demandas.

En febrero y mayo de 2007, el colectivo por los derechos sociales de Euskal Herria ya se movilizó para que el Departamento que dirige Javier Madrazo actuase. Entonces eran 80 los pisos vacíos. Un año después, tras la pertinente comprobación, afirman que aún quedan 37 sin adjudicar. «Esto nos parece inadmisible», denunciaron.

Ante esta realidad, reclamaron «medidas reales» para acabar con esta problemática, mínima si se tiene en cuenta, tal y como recordaron, que en el Botxo hay 17.000 viviendas vacías. «Bastaría con sacarlas al alquiler», estableciendo un precio límite, para cumplir con su función social «de que sean habitadas» por personas con pocos recursos económicos. «Mientras tanto, nos parece un abuso seguir con la dinámica de construcción, ya que sólo alimenta la especulación y el negocio del cemento, y engorda los beneficios de las entidades financieras», apostillaron desde Elkartzen.

Poco después de concluir la movilización en Bilbao la Vieja, en la plaza del Arriaga la iniciativa Etxebizitza Gazteontzat, conformada por jóvenes bilbainos pertenecientes a distintas organizaciones, se movilizó por el derecho a la vivienda. Con la ocupación de ese espacio público quisieron poner de relieve «la vulneración del derecho a la vivienda que impide a la juventud poder desarrollar su proyecto de vida independiente, teniendo que quedarse en el hogar familiar para no verse en la puta calle».

Con esta acción trataron de denunciar que «parece que la calle es el único lugar que nos queda, mileurismo, créditos a 50 años, alquileres de 900 euros... Ése es el pan de cada día». Quisieron dejar también claro que van a dar pasos «para conseguir lo que es nuestro, el derecho a disponer de una vivienda, no en propiedad, sino pública, pagando -remarcaron los participantes en esta singular protesta- un alquiler adecuado a nuestras posibilidades».

Igor Mera, portavoz del Consejo de la Juventud de Euskadi, una de las entidades convocantes, explicó además que habían elegido una jornada de campaña electoral para destapar que debajo de «las grandes cifras y promesas» está la realidad de miles de jóvenes condenados a no emanciparse por falta de un techo digno.

Las iniciativas de Elkartzen y Etxebizitza Gazteontzat se produjeron tres días antes de que 20 jóvenes estén llamados a declarar el martes ante un juzgado de Bilbo por su supuesta participación en la ocupación de un inmueble, el número 5 de la calle Ribera, en la parte trasera del teatro Arriaga. Aquella acción se realizó el 28 de diciembre pasado y, desde entonces, un grupo de jóvenes se ha encargado de adecentar un edificio que llevaba años abandonado.

Además, sobre los gaztetxes Zazpi Katu y el de Olabeaga pende desde hace meses la amenaza del desalojo, que no termina de materializarse. «El Ayuntamiento ha vuelto a dejar claro que su única intención es acabar con todo el movimiento alternativo; en vez de impulsarlo o incluso ignorarlo, lo criminaliza», denunciaron desde Bilboko Okupazio Mugimendua (BOM) ante el primer desalojo del local autogestionado del Casco Viejo y la amenaza sobre el segundo. «No vamos a consentir estas agresiones», advirtieron.